Políticas publicas de Juan Manuel Santos (Colombia)



Resumen

El análisis económico en materia de finanzas públicas, es bastante importante porque permite comprender e interpretar, no solo el contexto de la rentabilidad monetaria, si no que tambien; contribuye a entender el panorama social, público y ciudadano en relación a las políticas gubernamentales. Dado que, las finanzas públicas de Colombia deben representar la inversión económica y los recursos democráticos del Estado, pues este último, al estar al mando, tomar las decisiones, y ejercer el recaudo de los dineros públicos, podrá garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de sus ciudadanos, así mismo, el respeto social por los principios y derechos constitucionales, como es el caso del acceso a la salud, la educación, el trabajo y la vivienda. O por el contrario: dejar a un lado los fines políticos y económicos de las finanzas públicas, para entregarlas en manos de operadores privados que pretendan obtener los contratos gubernamentales, por la ganancia financiera que representan, antes que ofrecer a los ciudadanos, puntualidad, calidad y satisfacción real, a sus necesidades más inmediatas. Por estas razones, se hará un análisis del desarrollo económico en Colombia durante los dos últimos periodos del gobierno nacional, para comprender la eficiencia financiera, en términos democráticos de equidad social, prestación de los servicios públicos, y reivindicación de los derechos de los ciudadanos.

Palabras clave: Finanzas públicas, desarrollo económico, equidad social, derechos civiles.

Abstract

Economic analysis on public finance is quite important because it can understand and interpret not only the context of monetary returns, but it also; it helps to understand the social landscape, public and citizens in relation to government policies. Given that public finances in Colombia should represent economic investment and democratic state resources, because the latter, being in charge, make decisions, and exercise the collection of public money, you can guarantee the satisfaction of basic needs of its citizens, likewise, social respect for constitutional principles and rights, such as access to health, education, work and housing. Or conversely: leaving aside the political and economic public finance purposes, to deliver them into the hands of private operators seeking to obtain government contracts, for financial gain they represent, rather than providing citizens, timeliness, quality and real satisfaction, their most immediate needs. For these reasons, an analysis of economic development in Colombia will take place during the last two periods of the national government, to understand the financial efficiency, in democratic terms of social equity, provision of public services and vindication of the rights of citizens.

Keywords: Public finance, economic development, social equality, civil rights.

Introducción

Las finanzas públicas en Colombia, se enfocan en administrar los recursos monetarios de la nación, a través del recaudo de los impuestos, y la realización contable de los ingresos que obtiene el país a través de sus diversas carteras. Para ello, se utilizan tres constantes, el presupuesto, el gasto e ingreso, las cuales deben ser registradas en las cuentas nacionales, con el propósito de administrar, gestionar y destinar recursos económicos en términos de inversión pública.

Esta clase de procedimientos financieros, poseen una relación de tipo microeconómico y macroeconómico, ya que ejecutan el inventariado contable por conceptos de comercio civil a pequeña escala en todo el territorio nacional, el cual se halla representado por los negocios y las microempresas, entre tanto, que a mediana y grande escala de la economía formal, se toma como punto de referencia las grandes empresas, tanto públicas como privadas, las cuales ejercen la exportación e importación.

Para ello, es necesario que se haga uso del derecho fiscal, ya que este último permite ejercer la normatividad jurídica y administrativa, cuya finalidad es la realización y rendición de cuentas, la honestidad y la transparencia por parte del sector público de la nación.

Por estas razones, se realizara un análisis del desarrollo económico en Colombia durante los dos últimos periodos del gobierno nacional, para comprender la eficiencia financiera, en términos democráticos de equidad social, prestación de los servicios públicos, y reivindicación de los derechos de los ciudadanos.

Dado que, este tipo de estudios relacionados con las finanzas públicas, contribuyen a comprender de qué manera el gobierno nacional ha logrado atender sus responsabilidades, en términos de gasto social y al parecer como harán las inversiones a través de una gestión económica y humana, como tambien; si aquellas acciones gubernamentales se encargaron de activar la economía nacional, el progreso y el desarrollo social. Puesto que se trata de que lo financiero transforme y mejore lo público, para el bienestar de todos y todas.

Importancia de las finanzas publicas

Las finanzas públicas se conciben como el análisis contable y administrativo, que se realiza para controlar la circulación del dinero que recauda el Estado a través de la economía nacional, al tener como punto de partida, el inventariado contable de los impuestos y el gasto público, que se hace en determinados periodos de tiempo. Para ello, el gobierno se encarga de vigilar que sus entidades no desciendan monetariamente hacia el déficit, si no que por el contrario: obtengan altos índices de rentabilidad financiera, como es el caso del superávit.

Por lo tanto:

En la actualidad las finanzas públicas adquieren gran importancia: su estudio científico y su forma de aplicación técnica constituyen un gran factor para la estabilización y crecimiento económico del país y de sus empresas como centros económicos de generación de empleo digno y justo. Por ello, hoy en día las políticas y finanzas públicas deben buscar ante todo apoyar el desarrollo empresarial, laboral sostenible y sustentable, es decir, fomentar una gran responsabilidad social empresarial. (Ibarra, 2009, p. 9)

Esto indica, el por qué las finanzas públicas son parte integral y fundamental de la economía de un país, ya que constituyen su pobreza o riqueza, marginalidad o crecimiento en términos monetarios, pues se trata de una administración financiera que puede verse reflejada en la esfera social, mediante oportunidades, garantías constitucionales y derechos civiles. De ahí, la importancia de los convenios entre las empresas del sector público y privado, a fin de que este último, se apropie de la responsabilidad social empresarial que le compete.

Por otra parte, para Piffano (2013)

Las Finanzas Públicas en el ámbito de la teoría económica aborda el análisis de las implicancias que el proceso ingreso-gasto del Estado produce en el ámbito de los mercados privados y también dentro de la propia órbita del sector público, entendido éste como un compuesto de instituciones que coordinadamente, o no coordinadamente, ejercen diversas funciones que implican actividad financiera, es decir, flujos de ingresos y de gastos. (p. 1)

Claro está, las finanzas públicas en Colombia no se encuentran limitadas al ámbito del gobierno central, si no que tambien; representan el progreso social y el desarrollo económico a nivel regional. Así lo explica Garcia (2009)

En un proceso de descentralización, las finanzas públicas juegan un papel importante, ya que a partir de su manejo autónomo por Entidades Territoriales, posibilita realizar las obras necesarias para contribuir a mejorar el nivel de vida de sus habitantes. Por ello, para la aplicación de los recursos, se debe asociar la gestión territorial con instrumentos modernos de planificación, mediante la coincidencia entre la planificación y el área financiera. (p. 159).

Los argumentos de Garcia permiten comprender que las finanzas públicas tienen en sí mismas un carácter central y descentralizado, además de grandes beneficios democráticos en términos de equidad social, prestación de servicios públicos, y reivindicación de los derechos de los ciudadanos, cuando los recursos financieros se administran honestamente, en pro de los intereses de la nación y sus respectivas regiones.

Bajo tales conceptos, surgen las transferencias:

"El gobierno nacional fija los planes y políticas en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Plan de Inversiones, y deben ser incorporadas en virtud del principio de autonomía de las Entidades Territoriales, según lo estipule la Constitución Política de Colombia en su artículo 287".

(Garcia, 2009, p. 159)

Es decir, el Plan Nacional de Desarrollo observa algunos fundamentos del Estado social de derecho, a saber: servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Así mismo, en estos planes deben tenerse presente:

"Los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y ambiental que serán adoptadas por el Gobierno".

(Constitución Política de Colombia, 1991. Art. 339)

Análisis del plan nacional de finanzas y desarrollo en Colombia durante el periodo (2010 - 2014), en términos democráticos para la equidad social

El gobierno presidencial de Juan Manuel Santos en Colombia, inicio a finales del año 2010, por ello, se realizara un análisis del desarrollo económico durante los dos últimos periodos del gobierno nacional, con el propósito de comprender la eficiencia financiera, en términos democráticos de equidad social, prestación de servicios públicos, y reivindicación de los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, es necesario aproximarse al concepto del plan financiero, a través de los postulados que ha establecido la presidencia de Juan Manuel Santos desde el año 2010, como es el caso puntual de la eficiencia económica y de recaudo, como tambien; la equidad a nivel de sistemas tributarios. Por ejemplo:

"La eficiencia en el recaudo consiste en minimizar estos costos por peso neto recaudado. Desde este punto de vista, el sistema tributario óptimo sería el más simple: pocos tributos, regímenes y tarifas únicas, ninguna o pocas exenciones, y trámites expeditos". (Perry, 2010. p. 14)

En este orden de ideas, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos en materia de políticas públicas, podría recibir fuertes objeciones, pero en relación al recaudo de impuestos y sistema tributario, su gobierno logro generar una óptima reducción de los gastos públicos, mediante la expedición el decreto 19 de 2012, por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. Acción gubernamental que beneficio tanto al Estado como a los ciudadanos.

Por otra parte, en tema de eficiencia económica, cabe anotar:

"Para obtener eficiencia económica se necesita un buen sistema tributario que evite gravar en exceso la inversión y el ahorro y distorsionar en forma inconveniente la asignación de los factores de producción". (Perry, 2010. p. 14)

En este sentido, el gobierno puede evitar que los impuestos que se establecen en el sistema tributario, afecten la cartera de las poblaciones menos favorecidas del país.

Así mismo, para la equidad a nivel de sistemas tributarios, se propuso:

Es fundamental trabajar dos criterios de equidad comúnmente utilizados en el diseño de sistemas tributarios: dos contribuyentes en circunstancias similares deben pagar impuestos similares "equidad horizontal", y quienes tienen mayor ingreso o riqueza en el país deben contribuir en mayor proporción "equidad vertical o progresividad". (Perry, 2010. p. 14)

En este sentido, al parecer el gobierno de Juan Manuel Santos ha sido negligente, pues existen contribuyentes del mismo nivel con privilegios que los separan entre sí, tal es el caso de multinacionales que en ocasiones reciben mayores beneficios tributarios que las compañías nacionales, pues al buscar atraer la inversión extranjera, se descuida el musculo productivo de la nación que tambien puede ser incentivado para que crezca a un ritmo adecuado.

Tambien es importante resaltar que las finanzas públicas del país, reciben todo tipo de impuestos que se aplican a los ciudadanos de las clases más bajas o menos favorecidas, entre tanto que los estratos socioeconómicos más privilegiados, por lo general, logran evadir las contribuciones tributarias, al transferir su capital a otros países e inversiones bajo la figura de terceros.

Para Perry (2010) Esto sucede porque:

El actual sistema tributario no cumple satisfactoriamente ninguno de los criterios de un buen sistema tributario: su recaudo es insuficiente frente a las necesidades; la productividad de los tributos es muy baja en comparación con la de otros países, grava en exceso algunos tipos de inversión y distorsiona la asignación de recursos; contribuyentes similares pagan tarifas muy diferentes, y es poco progresivo. (p. 18)

En resumen, el sistema tributario de Colombia se enfoca en diseñar nuevos impuestos, asfixiar financieramente a los sectores de la microeconomía, elevar las tasas de intereses y la inflación, entre otras tantas cosas, que no permiten recaudar el dinero suficiente para lograr suplir las necesidades de los ciudadanos. Mientras que algunos sectores de la macroeconomía y las clases altas que podrían aportar a las fianzas públicas, consiguen evadir sus deberes.

En ese orden de ideas, el gobierno presidencial de Juan Manuel Santos en Colombia, reconoció la importancia de las finanzas territoriales, para el diseño vital del plan financiero, lo cual se comenzó a identificar durante su primer mandato, al tener presente que la ley 756 de 2006, potenciaba el Sistema General de Regalías, para que las regiones, departamentos y municipios, recibieran ganancias por conceptos de minería y explotación energética.

Para estudiar el tema de las regalías se tuvo presente el rendimiento económico del año 2010, a saber:

Sin embargo, las regalías en el contexto de las finanzas territoriales, durante el año 2010 y los años siguientes, fueron distribuidas de forma arbitraria e inequitativa, lo cual afecto el progreso y desarrollo social de los espacios territoriales que se prestaron para la explotación. Por ende, los departamentos en el país presentaron huecos fiscales, y déficit en términos de inversión financiera para el gasto público. Lo cual indica, que dicha bonanza no fue aprovechada, ni potenciada durante el primer mandato del Presidente Santos.

En ese mismo periodo de tiempo, para fortalecer la inversión de las finanzas públicas en la nación, durante el primer mandato presidencial de Juan Manuel Santos, se propuso:

Consolidar una política de promoción de acceso a servicios financieros, la cual deberá ser acompañada no solo con su fortalecimiento patrimonial, sino con su ampliación hacia otros sectores, como es el caso del agropecuario y el de vivienda, así como otros segmentos de población "emprendedores". (Marulanda y Paredes, 2010, p. 170)

En este sentido, las políticas públicas de Juan Manuel Santos tuvieron mayor éxito, ya que las entidades financieras aprovecharon los subsidios económicos que ofrecía el gobierno nacional, para la inversión de tipo agropecuaria y de vivienda, ya que los prestamos serían inferiores, y los ciudadanos terminarían de pagarlos en menor tiempo, pues el gobierno ofreció subsidios para que las deudas bancarias fueran menores. Como tambien, se potencio los préstamos para proyectos innovadores y emprendedores, a tal punto, que surgieron varias microempresas que contribuyeron a al generación de empleo.

Claro está, los esfuerzos del plan financiero nacional durante el primer mandato de Santos, no fueron suficientes, ya que al acceso a los servicios financieros, no logro reducir la informalidad en Colombia, quizás uno de los aspectos más negativos de Latinoamérica.

En este sentido vale la pena transcribir la frase del Informe sobre la Informalidad del Banco Mundial que dice: "La informalidad ha suscitado una atención cada vez mayor como una posible barrera al crecimiento económico y al bienestar social, y como una fuerza que corroe la integridad de las sociedades latinoamericanas". (Marulanda y Paredes, 2010, p. 221)

Sin embargo, en el plan financiero nacional se identificó que aun cuando no se lograra bajar los altos índices de informalidad en el país, las finanzas públicas podrían aumentar sus ingresos, a través de las alianzas institucionales y redes de cooperación en materia de ciencia e innovación, para hacer frente a la sociedad del conocimiento en pleno siglo XXI. Por ello:

Es muy importante que las universidades brinden soluciones eficaces a las necesidades que en materia de tecnología e innovación tienen las empresas y, al mismo tiempo, los empresarios deben poder descubrir las oportunidades comerciales que se derivan de las investigaciones realizadas por las universidades y los centros, para impulsar el desarrollo económico y local de las regiones. (Perfetti, 2010, p. 356)

Es decir, la informalidad no solo se combate a través de créditos, sino que tambien; se puede reducir a través de convenios interinstitucionales, que les permitan a las instituciones tanto públicas como privadas, descubrir métodos de producción que satisfagan las demandas comerciales, y por ende, aumenten significativamente el empleo formal, con el solo bachiller.

Dado que, la informalidad laboral en Colombia no solo corresponde a la baja oferta de empleo, sino tambien; a la exigencia de títulos aparte del bachiller, lo cual para muchas personas se convierta en una puerta a la informalidad. Por ello, durante el primer mandato de Juan Manuel Santos, se buscó la incorporación laboral de ciudadanos que no tuvieran más títulos que el grado de bachiller, pues este tipo de acciones permitirían tener y obtener para las cuentas nacionales, mayores impuestos por conceptos de aportes parafiscales.

Por este tipo de acciones, la presidencia de Juan Manuel santo, afirmo:

La tasa de desempleo en los jóvenes ha disminuido significativamente durante el cuatrienio y alcanzó el 18% en el trimestre enero-marzo de 2014, lo que representa una disminución de 3,6 p.p. frente a la tasa del 21,6% reportada para el mismo periodo de 2010. Desde el inicio del cuatrienio, el Gobierno Nacional ha promovido una política de fomento al empleo digno, decente e incluyente. (Presidencia de la República de Colombia, 2014, p. 31)

En ese orden de ideas, el plan financiero nacional durante el primer mandato de Juan Manuel Santos, fue mucho más competitivo en materia de inclusión social, a nivel laboral para las mujeres y jóvenes, porque se observó en esta población una fuerza de trabajo valiosa para el recaudo de los impuestos nacionales, y el fortalecimiento de las finanzas públicas.

Por otra parte:

Como complemento a las reformas orientadas a la formalización laboral, se deben garantizar mejores condiciones de vida para el trabajador, a través de la sostenibilidad del sistema pensional se asegura el bienestar de los trabajadores pensionados tanto en el presente como en el futuro. Durante el cuatrienio se alcanzó un total de 7.007.151 afiliados que están cotizando al Sistema General de Pensiones, lo que representa un gran avance del 144% respecto a la meta planteada. (Presidencia de la República de Colombia, 2014, p. 33)

No obstante las reformas plantean algo, pero la realidad demuestra que las empresas son estrictas con los títulos diferentes al bachiller. Además las microempresas tienden a evadir los aportes parafiscales de sus trabajadores, al evitar contratarlos de planta, y si por horas.

Tambien podría decirse que las finanzas públicas de la nación, presentan un panorama algo más alentador que en algunos países de Latinoamérica donde se presentaron algunos déficits económicos a nivel nacional, a saber:

El Estado colombiano en los últimos años, en el contexto latinoamericano, ha mostrado mejores indicadores fiscales que la mayoría de los países de la región. Por ejemplo, para el 2014 el déficit del Sector Público Consolidado (SPC) registrado en Brasil y México fue de -6% y -4% del PIB, respectivamente; mientras que en Colombia fue de -2,08%. Este resultado se explicó, fundamentalmente, por el ritmo de un decrecimiento de la economía colombiana y el manejo de las finanzas públicas, que permitió que los choques externos fueran menores en Colombia, en comparación con países cercanos. (Contraloría General de la Nación, 2014, p. 13)

Vale la pena aclarar que aun cuando la economía colombiana decreció durante el año 2014, al compararse con el crecimiento financiero del año 2013, el ingreso monetario del país fue positivo y bastante significativo en relación con el comportamiento de las economías en Latinoamérica, pues Brasil y México no obtuvieron la rentabilidad que tanto buscaron durante el año 2014.

Así mismo, es importante anotar que las finanzas públicas durante el año 2013 y 2014, presentaron márgenes favorables en materia financiera, porque el Estado presidencial de Juan Manuel Santos diseño estrategias de choque y operatividad. Por ejemplo:

Integración de las principales centralidades del país (Bogotá – Medellín y Cali), buscando las complementariedades económicas y competitivas, impulsando el desarrollo de subregiones alrededor de los ejes para reducir los desequilibrios.

Integración del interior del país y la zona occidental con los puertos y zonas fronterizas de acceso a mercados internacionales como la Cuenca del Pacífico, Cuenca del Caribe y Suramérica. (Departamento Nacional de Planeación, 2010, p. 49)

Como se puede evidenciar, el gobierno central formo alianzas interinstitucionales con las ciudades más competitivas de Colombia, para lograr equilibrar las desventajas monetarias y económicas de las regiones que van en vía de progreso.

En ese orden de ideas, las ventajas competitivas de la economía colombiana y el ritmo económico que favorece las finanzas públicas, corresponde a la descentralización publica al interior del país y al desarrollo de la democracia global.

Por ejemplo, durante el periodo (2010 – 2014), el gobierno central de Juan Manuel Santos implemento la descentralización regional, con el propósito de potenciar las políticas sociales, la eficiencia administrativa y fiscal, y así, lograr que los gobiernos locales ofrecieran planes financieros y toma de decisiones que favorecieran a las poblaciones más vulnerables de Colombia.

Desde luego, dichas acciones son parte de una estrategia que se ha venido ejerciendo en el tiempo, solo que algunos gobiernos centrales son más eficaces que otros.

La descentralización política y fiscal es una de las características del Estado colombiano. Durante las dos últimas décadas se han producido avances importantes que han llevado a profundizar este esquema en Colombia, siendo uno de los más descentralizados de América Latina. Medido a través de su población, encontramos que mientras que en Colombia la capital tan sólo alberga al 16% de la población, en Chile ésta registra el 40%, en Argentina el 34% (Gran Buenos Aires) y en Perú el 27%. Colombia, además, cuenta con al menos diez ciudades intermedias que diseminan la población y su importancia socioeconómica a lo largo y ancho del país.

(Clavijo y Vera, 2013, p. 26,27)

En este sentido, la descentralización gubernamental, ha permitido que los ciudadanos sean capaces de percibir en otras ciudades y regiones de Colombia, un lugar estratégico para el trabajo y el progreso social, porque de lo contrario se desplazarían para Bogotá, a tal punto que la ciudad no tendría la oferta y la demanda necesaria para salvaguardar el empleo.

Por ello:

A nivel fiscal, la descentralización en Colombia está organizada a través del Sistema General de Participaciones (SGP). Dicho SGP está constituido por los recursos que la Nación transfiere, por mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución, a las entidades territoriales.

(Clavijo y Vera, 2013, p. 27)

Para realizar un breve análisis del desarrollo económico en Colombia durante los dos últimos dos periodos del gobierno nacional, con el fin de comprender la eficiencia financiera, en términos democráticos de equidad social, prestación de servicios públicos, y reivindicación de los derechos ciudadanos. Se tuvo presente que las finanzas públicas en el país tambien soportan financieramente aquellas demandas que se hacen en contra el Estado.

Por ejemplo:

En el marco de las acciones que el Estado colombiano enfrenta en materia de demandas, el resarcimiento por responsabilidades que le competen dentro de sus funciones, la responsabilidad estatal se ha tornado en dos rutas: la primera el cumplimento social y constitucional de su deber y, la segunda, subsanar el daño o pena causados por su actuar, que en la mayoría de los casos guardan igual proporción. En un Estado que está bajo los vaivenes de las actuaciones de sus servidores públicos, las demandas se han transformado en un gran factor de carga fiscal en el presupuesto y las finanzas públicas. (Urrego, 2014, p. 56)

Como se puede evidenciar, el plan financiero de Colombia durante el año 2010 a 2014, tuvo que asumir la carga presupuestal para indemnizar o reparar económicamente a los civiles que fueron víctimas de las arbitrariedades del Estado nacional, durante administraciones anteriores, como fue el caso de las denuncias por desaparición forzada, falsos positivos, etc. Entre otros casos que fueron denunciados ante las autoridades judiciales, y que ocasiones recibieron el beneficio de la indemnización económica.

Por ejemplo:

La información entregada por el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos -OO.DD.HH. y DIH- (2010) revela que del 2002 al 2008 los indicadores muestran 235 desapariciones forzadas y 955 ejecuciones extrajudiciales. (Rengifo, 2013, p. 8)

Esto permite evidenciar, que durante el periodo presidencial (2010 – 2014), el Estado tuvo que pagar indemnizaciones económicas y reivindicar socialmente a los civiles que fueron víctimas de las ideologías asociadas a la guerra. A fin de ofrecer equidad social.

En ese orden de ideas, tambien es importante señalar que aun cuando el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, durante su primer mandato, fue parte de la burocracia estatal y administrativa; la vision de la economía que logro ofrecer el mandatario en el plan nacional de desarrollo y finanzas, fue mucho más elaborada, concisa y precisa, que la del mandatario anterior. Al proponer:

El fortalecimiento institucional a través del buen gobierno es un mecanismo quizás menos tangible y más complejo que los programas sociales o económicos, pero posiblemente más efectivo para alcanzar la prosperidad democrática. La visión de un país en paz, con mayor equidad social, regional e inter-generacional, con un entorno de competitividad que promueva el emprendimiento y el desarrollo empresarial, y con igualdad de oportunidades de la población para acceder a una educación de calidad, a un sistema de salud de excelencia y a un empleo formal, requiere de instituciones fuertes y eficaces. (Departamento Nacional de Planeación, 2011, p. 621)

Es decir, las finanzas públicas durante el primer periodo presidencial, tambien fueron invertidas en factores institucionales, ya que uno de los grandes problemas en Colombia ha sido la burocracia, la corrupción y la falta de cooperación entre las instituciones públicas. Por ello, se buscó que las entidades trabajaran mediante redes interinstitucionales en procesos de Paz y equidad social, los cuales ofrecieron reconocimiento, reparación e indemnización a las víctimas de los crímenes de Estado y desplazamiento forzado por parte de los grupos armados ilegales al margen de la ley.

Siguiendo la línea de pensamiento, el gobierno nacional reconoció en cierta medida:

El problema de la corrupción en Colombia esta encadenado a una serie de intereses privados no solo en el ámbito nacional sino también del ámbito internacional, también se asocia a una cultura facilista la cual busca tener todo lo necesario y más que eso a un costo mínimo, sin importar el efecto que causa a la sociedad, una costumbre que como ya habíamos manifestado se vine presentado ya hace varias décadas, convirtiéndose en una cultura a partir de los 80 para cierta población Colombiana. (Rengifo y González, 2014, p. 37)

Por ende, las finanzas públicas deben ser ajenas a los intereses privados de las elites.

Desarrollo económico y social en términos democráticos

Es importante identificar que aun cuando las finanzas públicas han crecido a través del tiempo, la nación no ha logrado diseñar e implementar un modelo económico y social que sea incluyente, y que a su vez permita distribuir la riqueza con mayor justicia, igualdad y equidad. Por lo tanto:

Comparto plenamente la necesidad de que la economía colombiana crezca de manera sostenida a tasas superiores al 4%. También es evidente que el nuestro es un país bastante inequitativo, tanto a nivel de regiones como a nivel de individuos. Tenemos regiones ricas y regiones pobres porque no se distribuyen recursos fiscales de aquellas a estas. Hay que recordar dónde están los pobres y hacer una reflexión sobre cómo se distribuyen los recursos fiscales. (Gómez, 2011, p. 14,15)

Es decir, en el país se ha trabajado por aumentar el crecimiento económico en términos financieros, pero dicho incremento monetario no es directamente proporcional al progreso del ente social. Lo cual podrá indicar que al parecer existen fuertes deficiencias en materia de políticas públicas para garantizar el bienestar social de las regiones y las poblaciones más vulnerables del país.

Por ejemplo:

Regiones de alta incidencia de pobreza, como por ejemplo el Chocó, muestran cifras que son, por supuesto, el espejo de las de Bogotá. Si no obstante tener esta equitativa distribución de recursos durante dos décadas aún subsisten (o se amplían) las diferencias regionales de incidencia de la pobreza, probablemente lo que está a la orden del día no es cambiar la forma de distribuir los recursos sino la manera en que estos se utilizan. (Gómez, 2011, p. 15)

Por estas razones, existen ventajas y desventajas que pueden ser cuestionadas en el plan nacional de finanzas y desarrollo, a saber:

La meta de crecimiento del 6% es muy ambiciosa y no está bien justificada. Se habla de prosperidad para todos cuando la desigualdad está creciendo y no se dice de qué manera se va a romper esta tendencia. (Gaviria, 2011, p. 20)

Así mismo, el desarrollo económico en términos democráticos, no es proporcional en materia de inversión para el diseño y ejecución de políticas públicas, ya que existen sectores de la producción nacional, que no reciben asistencia profesional, apoyo del Estado, y una eficaz regulación de los mercados para la protección de los precios, y así, evitar la posición dominante. Por ello:

Se necesita avanzar en la identificación y superación de los cuellos de botella que rezagan de manera transversal la competitividad de los sectores productivos nacionales, en particular las cadenas agroindustriales, en las que el acceso a materias primas e insumos es costoso como consecuencia de la alta protección que aún persiste en el sector agrícola, así como la existencia de las franjas de precios y los fondos de estabilización de precios. (Córdoba, 2011, p. 22)

En síntesis, si se logran reducir los problemas en materia de impuestos y precios para los sectores más vulnerables de la producción nacional, como es el caso del agrario, se podrá crear locomotoras económicas que sean diferentes al sector de minas y energías, ya que estas últimas generan altos índices financieros de rentabilidad nacional, pero tambien generan impactos ambientales.

Por ello:

Hoy en día el Gobierno tiene toda una serie de iniciativas, programas, agencias, y espacios interinstitucionales (en materia de formación de capital humano, regulación, infraestructura y financiación, entre otros) que podría ser aprovechada por las apuestas productivas que haga el país en virtud de esta política. (Córdoba, 2011, p. 23)

En este sentido, el gobierno nacional de Colombia puede aprovechar las ventajas que ofrece el siglo XXI, en el marco de la globalización, ya que esta ultima permite el acceso a los diferentes mercados del mundo. Y así cumplir:

El objetivo final del Plan Nacional de Desarrollo (PND), es la creación de mayor empleo y la reducción exponencial de la pobreza, porque estos dos puntos conllevan a una mayor seguridad. (Galvis, 2011, p. 24)

Solo que el crecimiento económico debe favorecer el progreso social de los civiles.

Claro está, pese a las dificultades que experimento el Estado colombiano durante el periodo 2010 a 2014, para ejecutar las políticas públicas que había propuesto en el plan nacional de desarrollo, el país logro destinar una parte de las finanzas públicas para el diseño y ejecución de las siguientes políticas sociales.

A saber:

-Infraestructura para la competitividad (Plan Maestro, ANIT).

Por ende, el crecimiento económico y social en términos democráticos, fue mucho más eficiente en materia de inversión para las TIC, porque el Estado compro y amplio el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, lo cual se vio reflejado en el sector de la educación pública.

En los temas relacionados al empleo, el Estado durante el periodo 2010 a 2014, busco incentivar a las empresas nacionales e internacionales, a través de la reducción de impuestos, para que contrataran a hombres y mujeres de los 18 años en adelante que alguna vez hubieran sido rechazados por falta de experiencia laboral, a fin de que lograran integrarse al mercado laboral del país.

Tambien fueron favorecidos algunos sectores que en las administraciones pasadas, no recibieron la misma cooperación gubernamental. Por ejemplo:

El sector agropecuario "1,5 millones de has. Restituidas y titularizadas, restitución de tierras a 160 mil familias". (Departamento Nacional de Planeación, 2010, p. 6)

Las finanzas públicas y la protesta social en Colombia (2010-2014)

La protesta social en Colombia, fue una de las garantías constitucionales que logro respetar el gobierno de Juan Manuel Santos entre el año 2010 a 2014, ya que diversos sectores de la producción nacional, fueron afectados directamente por los Tratados de Libre Comercio que firmo el país. Además de una locomotora minero-energética que disminuyo los índices de inversión financiera en el sector rural, salud y educación. Dado que, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, la protesta social era reprimida por la fuerza, el autoritarismo y todo tipo de acusaciones o estigmatizaciones que asociaban algunas protestas con sabotajes y una aparente complicidad con grupos ilegales.

Siguiendo con el tema:

Desde su comienzo, la protesta social se convirtió en un protagonista principal durante el gobierno Santos. Un informe de la Policía Nacional, publicado en octubre de 2011, resalta el aumento dramático de la movilización en su primer año de gobierno, cuando casi medio millón de ciudadanos habría participado en protestas. De acuerdo con la base de datos de luchas sociales del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), en los primeros 11 meses de gobierno se registraron en promedio 2,5 protestas por día, cifra que solo habría sido superada en 2007, de acuerdo con sus registros de más de 36 años. (Cruz, 2014, p. 235)

Este tipo de acontecimientos sociales demandaron una inversión económica por parte de las finanzas públicas, ya que se deben movilizar los recursos del Estado para la protección de los ciudadanos que marchan, y de aquellos que se desplazan a sus lugares de trabajo, estudio, etc. Dado que, la policía debe proteger a los marchantes y controlar los desmanes, y el ministerio de salud estar atento ante cualquier situación lamentable que se pueda presentar.

Así mismo, se puede afirmar:

En fin, las protestas durante el gobierno Santos también evidencian un cambio importante a nivel de los proyectos políticos, y los horizontes discursivos. (Cruz, 2014, p. 276)

Por ende, existió en cierto grado mayor reivindicación de los derechos ciudadanos.

Eficiencia financiera y derechos ciudadanos en el segundo periodo presidencial de Juan Manuel Santos (2014 – 2018)

El 7 de agosto del año 2014, el presidente Juan Manuel Santos fue elegido para cursar un segundo mandato presidencial, solo que esta vez, se enfrentaba a las demandas políticas y sociales de hacer avanzar el Proceso de Paz. Así mismo, enfrentar el panorama económico de Colombia al experimentar el alza en el precio del dólar y la caída drástica en los precios del petróleo.

Por estas razones, el país experimento fenómenos negativos a nivel económico durante el año 2015, a saber:

En lo negativo no podemos desestimar el impacto que ha tenido el desplome de los precios del petróleo, el fenómeno del niño, el cierre de la frontera con Venezuela, el endurecimiento en las condiciones de exportación hacia Ecuador y por supuesto, la desaceleración en la economía mundial. Y también están los efectos anunciados por la ANDI de la reforma tributaria, que fueron desestimados por el gobierno o incluso por gremios como el petrolero en cabeza de ACP, quien abogó por un incremento en el impuesto al patrimonio contra una reducción del CREE, y es así como las empresas petroleras que no tienen ninguna utilidad hoy, pagan millonarias sumas por patrimonio. (Asociación de Industriales de Colombia, 2015, p. 2)

Este tipo de fenómenos económicos impactaron de forma negativa en la sociedad más vulnerable de Colombia, especialmente en los estratos sociales 1, 2, 3, ya que los precios de la canasta familiar se incrementaron de forma desmedida, además de la disminución en compras y ventas como parte del poder adquisitivo de los colombianos, como tambien; aumento del desempleo y aprovechamiento de algunos sectores que especularon con los precios. Por ello, se explicaba:

En el 2015, la inflación se convirtió en un importante reto de política económica. Durante los últimos años, el crecimiento de los precios se había mantenido en el rango meta de inflación fijado por el Banco de la República. Esta tendencia se rompió en el 2015 y al terminar el año estará alrededor del 6.5%. (Asociación de Industriales de Colombia, 2015, p. 62)

En ese orden de ideas, es importante aclarar que el incremento en el precio del dólar y su respectiva alza, afecto a Colombia durante el año 2015, porque la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), se rige por el mercado financiero de la Bolsa de Nueva York, lo cual genera una correlación económica que afecta los índices de la inflación nacional.

Por ejemplo, durante el año 2015 el dólar continúo en términos de alza, así los señala la gráfica 1.

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Claro está, este tipo de fenómenos económicos no solo afectaron a la población civil al interior del país, si no que tambien impactaron negativamente en materia de importación, ya que las empresas nacionales debían pagar los productos a precios mucho más altos, es decir, a precio de dólar, y por supuesto que la moneda colombiana no tiene el mismo valor financiero para competir con el dólar, lo cual sin lugar a dudas llevo a diversos sectores productivos de la nación, a bajar sus gastos y costos a modo de inversión, y por ende, a reducir el número del personal contratado, lo cual hizo descender la oferta laboral.

Siguiendo con el planteamiento de aquellos fenómenos negativos a nivel económico y social, como consecuencia del alza en el precio del dólar, es importante resaltar que durante el año 2015; el segundo gobierno de Juan Manuel Santos tuvo que enfrentar la crisis comercial, especialmente en Bogotá.

Dado que, la actividad comercial representaba el 14, 5% del Producto Interno Bruto (PIB) de la capital, el cual se vio afectado durante el año 2015 como lo señala la gráfica 2.

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El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), realizo el trabajo de campo con seis de las localidades más competitivas de la ciudad de Bogotá, nos referimos a Bosa, Engativá, Kennedy, Mártires, Puente Aranda y Suba. Así se obtuvieron los siguientes datos, grafica 3.

Actividad de comercio minorista a la que se dedica principalmente el establecimiento en Bogotá - Porcentaje 2015

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Fuente: Observatorio de Desarrollo Económico

Sondeo realizado a comerciantes minoristas en Bogotá - 2015