Armas, política y drogas



En Latinoamérica ha sido habitual acusar a los movimientos rebeldes de izquierda de estar comprometidos con el comercio de drogas. Ocurre actualmente con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y, tiempo atrás, sucedió lo mismo con Sendero Luminoso en el Perú. Sintomáticamente, parte considerable de estas imputaciones fueron construidas por las organizaciones de inteligencia de los Estados Unidos -los inventores, entre otras cosas, del término «narcoterrorista»-. Aunque estas versiones pueden contener algo de verdad, lo cierto es que dirigir exclusivamente la atención hacia el enemigo ideológico ha permitido obnubilar los compromisos y alianzas que los acusadores tienen con aquello que atribuyen a sus acusados.

El uso de la droga en la guerra es una vieja práctica extendida desde la alegada utilización del hashish por los asesinos árabes de la Edad Media, de la cocaína por los pilotos de combate en todos los frentes de la Primera Guerra Mundial, el schnaps asignado a las tropas germanas antes del inicio de las más grandes operaciones militares durante ambas guerras mundiales, o las anfetaminas dadas a los pilotos de combate de los Estados Unidos en las recientes guerras en Irak y Afganistán. Es decir, la utilización de esas drogas tuvo como propósito aumentar la capacidad de combate de quienes las utilizaron. A la inversa, las drogas también sirvieron para amenguar las angustias de la tropa que participaba en el conflicto militar, como sucedió con el amplio despliegue que tuvieron la marihuana y la heroína entre los estadounidenses en Vietnam, durante los sesentas y setentas.

Pero, durante el siglo XX las drogas también tuvieron otros objetivos, a saber: su venta masiva para financiar los gastos de guerra y la destrucción moral del pueblo enemigo. En este sentido, si los fondos de las FARC se incrementaron con las ventas de las drogas, poniendo de lado la discusión sobre su probable exageración, entonces estaríamos simplemente ante la última versión de un método de financiamiento de la guerra con la venta de sustancias prohibidas. Vale advertir que este artículo no apunta a hacer una defensa de las FARC, pero sí a llamar la atención sobre importantes aspectos del fenómeno que señalamos.

Dormir al enemigo

Una de las primeras y probablemente más notorias aplicaciones del uso de la droga con fines bélicos fue introducida por el imperio japonés durante los años treinta y cuarenta. Los japoneses habían estado preocupados por el impacto de los narcóticos en la sociedad y habían aplicado fuertes políticas antidrogas en su propio país, y en sus colonias Taiwán y Corea, adquiridas en 1905.

De otro lado, el gobierno de Tokio, reconociendo el impacto negativo del opio en China, había firmado a finales de 1850 un acuerdo con la Gran Bretaña en que se declaraba ilegal la venta de drogas (Bergamini 1972: 553). Cuando los japoneses tomaron Taiwán en 1895, encontraron que el 14% de la población tenía un problema de adicción al opio. Después de un régimen de control se redujo a menos del uno por ciento a mediados de 1930 (ibid.). En efecto, el obispo Brent, uno de los líderes del movimiento antiopio en los Estados Unidos, había viajado a través del Asia durante los años 1903 y 1904 para observar las prácticas japonesas en lo referente al opio. En su informe elogió a los japoneses por sus políticas domésticas de restricción en contra de la droga y su éxito en la reducción de la adicción en Taiwán (Musto 1973: 27).

Sin embargo, en los territorios ocupados por Japón después de 1905, se fomentaron los cultivos domésticos, la producción e importación de drogas. En efecto, la venta de narcóticos japoneses ya era una práctica común durante la Primera Guerra Mundial (Parssinen 1983: 131). En su estado marioneta de Manchukuo, creado en 1931, los japoneses no solo promovieron el cultivo de opio, sino también la industria de la refinería para producir opio para fumar y la venta a la población. En 1931 se estimaba que uno de cada 120 manchúes era adicto a la droga. En 1938 «uno de cada 40 manchúes era adicto» (Bergamini 1972: 553). La Liga de las Naciones llamó repetidamente la atención acerca de las políticas japonesas sobre las drogas en la ocupación de Manchuria. En un informe de 1937, el asesor del comité para la lucha contra el consumo del opio de la Liga se refirió específicamente a la «industria clandestina e ilícita del tráfico de drogas y narcóticos» emprendida por los «súbditos japoneses en China» en los territorios «que estaban bajo su influencia», reclamando «ante el deterioro alarmante de la situación» (Renborg 1972: 190-191). La marina japonesa utilizaba sus botes para transportar la droga, mientras los laboratorios en donde se manufacturaba la heroína eran controlados por el ejército. En efecto, los militares habían establecido un sistema de miles de farmacias en donde vendían opio y heroína a la población.

Pero los japoneses no solamente usaron sustancias para formar fármaco-dependientes y así diezmar la capacidad de resistencia de China, sino que también confiaron en la venta de droga para financiar sus operaciones. En el manual militar japonés se explicó la estrategia de la siguiente forma: «El uso de las drogas es indigno de una raza superior como la japonesa. Solamente razas inferiores, razas que son decadentes como los chinos, europeos, y los de la India del Este, son adictos al uso de los narcóticos. Esto es porque ellos están destinados a ser nuestros sirvientes y eventualmente desaparecerán» (citado en Wakeman 1995: 272). Según Booth (1999), Japón obtuvo ganancias anuales de por lo menos 300 millones de dólares durante 1930 con la «distribución y venta de heroína y opio de Manchuria» (1999: 163).

Sin embargo, no solo los ocupantes japoneses contaron con las ventas de narcóticos para financiar sus operaciones militares contra sus enemigos chinos. El régimen nacionalista de Chiang Kai Shek convino con un grupo del crimen organizado, la Banda Verde de Shanghai, para usar los ingresos de las ventas de opio en el financiamiento de sus propias fuerzas. Chiang estableció la Oficina Nacional de Supresión del Opio (ONSO) con el encargo oficial de controlar y erradicar el consumo de opio. Pero la ONSO solo fue una fachada adoptada para atenuar la inconformidad doméstica y las protestas de otros Estados firmantes de tratados internacionales sobre narcóticos. En suma, se constituyó un monopolio conjunto entre el gobierno y el crimen organizado que adquiría y refinaba el opio, producto que era vendido a la población adicta en China (Wakeman 1995: 131; Martin 1996: 136).

Los franceses en Indochina

Las potencias occidentales no se comportaron de manera distinta. Después de la Segunda Guerra Mundial, los franceses intentaron restablecer su autoridad colonial en Indochina. Si bien en 1945 el gobierno de París acordó la abolición del monopolio del opio, siendo uno de los últimos poderes coloniales en hacerlo, al retornar a la península debieron enfrentar al movimiento de la resistencia anticolonial, conducido por el líder comunista vietnamita Ho Chi-Minh. Este hecho contribuyó significativamente a financiar la resolución del dilema experimentado por los franceses cuando trataron de recobrarse de la derrota, devastación y humillación causada en la Segunda Guerra Mundial.

Los militares franceses en Indochina tomaron la administración y el comercio del opio, actividad que de hecho era ilegal conforme a la ley francesa e internacional. Con el tráfico de drogas, manejado por el servicio secreto francés, el SDECE, Francia ayudó a financiar el conflicto contra los rebeldes vietnamitas a fines de los cuarentas y cincuentas. Así, se convirtieron en aliados de un grupo de la mafia regional llamado Binh Xuyen. Los franceses compraban el opio crudo de las tribus de Hmong y luego era refinado por este grupo criminal, al que los franceses habían cedido la administración de los distritos de Saigón. A su vez, los gánsteres compartieron ganancias con los franceses, y estos últimos usaron los fondos para financiar sus operaciones militares clandestinas. El opio que no podía ser vendido localmente era trasladado a la colonia británica de Hong Kong y adquirido por los gánsteres de sindicatos corsos quienes lo exportaban a Marsella, Francia, donde era convertido en heroína y luego reexportado hacia los Estados Unidos. En este mismo período, los Estados Unidos proveyeron casi el 80% de los costos para mantener a los militares franceses en los campos de Indochina (McCoy 1991: 48-49, 127-161).

Peter Scholl-Latour (1979), quien se desempeñó como legionario extranjero francés en Vietnam durante 1946 y retornó mucho tiempo después convertido en periodista, describió la alianza entre los franceses y Binh Xuyen, señalando cómo este último grupo se benefició del comercio del opio, la prostitución y la extorsión, mientras los franceses confiaban a sus gánsteres acciones enérgicas contra los comunistas vietnamitas (1979: 47).

McCoy (1991) sostuvo que la colaboración entre el SDECE y el crimen organizado representó un modelo informal de contrainsurgencia. Anotaba: los franceses «habían desarrollado un único y efectivo método nunca antes ideado para oponerse a la guerrilla urbana en Saigón. Su fórmula consistía en una combinación de crimen y contrainsurgencia; control sobre la política municipal permitiendo la explotación sistemática del comercio del vicio; estafas que generaron grandes sumas de dinero; igualmente con el dinero se formó una gran red de espías, informantes y asesinos» (1991: 161). Como se sabe, el colonialismo francés en Indochina terminó con el desastre militar que experimentaron a manos de los vietnamitas en Dien Bien Phu, en 1954. Luego del retiro de los franceses, los Estados Unidos incrementarían su presencia armada en Indochina y, de esta manera, se vería a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) involucrada en el tráfico de heroína, aun cuando el destino final fuera su propio país (ibid.193-261).

Las aventuras de la CIA

Durante los ochentas, la CIA estadounidense construyó relaciones similares con los grupos rebeldes derechistas nicaragüenses -llamados contras- y los traficantes de droga colombianos. Estas actividades fueron dadas a conocer en detalle luego de una investigación de tres años llevada a cabo por el Subcomité de Antiterrorismo, Narcóticos y Operaciones Internacionales, también conocido como Comité Kerry, en el que se determinó que los contras habían estado involucrados en el contrabando de cocaína. Además, el informe del Comité determinó que la CIA y el Consejo Nacional de Seguridad (CNS), dirigido por el teniente coronel Oliver North, habían confiado estas actividades a los mismos pilotos, planes e infraestructura usados en las operaciones secretas de los contras para enfrentar a los sandinistas en Nicaragua, que utilizaron a los traficantes de droga como contactos directos con los altos niveles de los carteles colombianos, y habían usado como medio el contrabando de narcóticos dentro de los Estados Unidos (US Senate Comittee1989: 2; véase también Scott y Marshall 1991). DIversas investigaciones hechas por comisiones en Costa Rica confirmaron las conclusiones del Comité Kerry, concluyendo que la infraestructura de los contras que funcionaba desde Costa Rica y que era administrada por North, tenía relaciones con los traficantes de droga (Arvigan y Honey 1989; Lee y Solomon 1992: 290; Weir 1996: 455-465; Chossudowsky 1997: 15-16).

Después de la invasión soviética a Afganistán, la CIA se involucró con la resistencia afgana y financió sus operaciones con el tráfico de heroína hacia Norteamérica y Europa Occidental. Además, gran parte de la asistencia militar de los Estados Unidos terminó en manos de los grupos fundamentalistas más radicales de la resistencia afgana. Como es conocido, los terroristas islámicos radicales fueron responsables de los ataques sobre Estados Unidos en los noventa, como también de los horribles eventos en Nueva York y Washington el 11 de septiembre de 2001, los cuales posiblemente provinieron de los grupos a los que Estados Unidos había beneficiado con su asistencia (McCoy 1991: 436-460; Chossudowsky 1997: 15-16; Pott 2001: 260-278).

De esta manera, las contribuciones de las agencias de inteligencia al tráfico internacional de drogas no deberían ser subestimadas. El flujo de heroína y cocaína en los Estados Unidos y otras naciones occidentales ha causado muchos problemas sociales. Además, habría que contabilizar las pérdidas económicas resultantes del impacto laboral o los costos médicos que acarrea el consumo de drogas. El anterior zar antidrogas William Bennett estimó que en 1988 «aproximadamente 100 billones de dólares de producción nacional se perdieron por el consumo de narcóticos» (Grosse 1990: 145). Asimismo, según cálculos de la DEA «posiblemente una tercera parte de la cocaína consumida en los EE. UU.» a mediados de 1980 fue proveída por el gánster hondureño Juan Ramón Matta Ballesteros, un traficante de droga asociado con la cadena de suministros de los contras (Scott 1991: 100). Von Bulow (1998) anotaba que el 60% de la heroína afgana durante los ochentas terminó en los Estados Unidos y en Europa Occidental, donde produjo cientos de muertes. Como resultado del comercio afgano, el número de adictos a la heroína en el vecino Pakistán ascendió de 5 mil en 1980 a la asombrosa cifra de 1,3 millones para 1986 (1998: 210-214; véase también OGD 1993: 31-37).

El complejo problema colombiano

En Sudamérica, la conexión entre el crimen organizado y los grupos políticos de derecha también se evidencia en el contexto colombiano. En este país, los traficantes de droga establecieron las «repúblicas de la mafia» (Mayer 1990: 199). Estos son territorios donde el Estado tiene poca presencia y el control es compartido con otros actores. Así, la policía local, las autoridades militares y las élites agrarias colaboraron directamente con el crimen organizado para financiar y armar grupos paramilitares. Esos grupos combatieron a los rebeldes izquierdistas locales y, además, funcionan como escuadrones de la muerte responsables del masivo abuso contra los derechos humanos (Reyes 1996: 126; Semana, 9 de enero de 1996: 18-21; Cambio 16, 23 de diciembre de 1996: 14-15; Colombia Alerta 1997: 1-3).

Por otro lado, un grupo rebelde como las FARC de Colombia es evidentemente diferente de la percepción general idealista que se tiene de los movimientos revolucionarios. Si bien las FARC no manejan un imperio económico, como es sugerido por algunos, tienen una importante estructura de sostenimiento propio. La disponibilidad de grandes recursos financieros tuvo algunas consecuencias importantes en la relación entre los rebeldes y quienes los apoyan. La riqueza ha hecho de la guerrilla una organización menos dependiente de la población, en la que alguna vez confió como soporte. Mientras las guerrillas de Mao Tse Tung y del Che Guevara confiaban en su habilidad de vivir como pez en el agua, los rebeldes colombianos suministran el pez y el agua. De esta forma, participar en la guerrilla representa una alternativa al servicio militar obligatorio, la agricultura de subsistencia de sus padres, la participación en la economía de la droga o el ingreso al paramilitarismo, para muchos hombres -y mujeres- jóvenes en la zona rural colombiana (Zambrano Pérez 1993: 8; Richani 1996). Dicho de otro modo, los rebeldes colombianos luchan por la revolución pero también la «compran» y, para el efecto, poseen el dinero con el que obtienen armas del mercado negro internacional y compran a los reclutas que van a operarlas.

Naylor (1993) señala que los grupos rebeldes obtienen «las más importantes ganancias del cobro del impuesto al comercio y a los recursos naturales en los territorios bajo su control» (ibid. 21-22). Argumenta que «el objetivo de la guerrilla es construir un sistema económico paralelo para apoyar su asalto al status quo, y no debe tener objeciones morales o ideológicas para financiar estas actividades a través de la tasación del comercio de droga» (ibid.). Así, los rebeldes imponen un impuesto sobre alguna actividad económica en su área de control.

Las FARC también «gravan» el contrabando de oro entre Colombia y Brasil, mientras el otro grupo rebelde colombiano, el ELN, cobra «impuestos revolucionarios» a las compañías petroleras internacionales que operan en su «territorio» (ibid. 30-31; también véase El Espectador, 10 de noviembre de 1972: 11A). Naylor, por lo tanto, cree que la «noción [de] una alianza estratégica» entre rebeldes marxistas y carteles de la droga va contra «la lógica y la evidencia» (ibid. 37). Afirma que los señores de la droga «son capitalistas insurgentes que buscan derrotar o comprar su ruta en la participación de un injerto de sistema social en gran parte cerrado, mientras la guerrilla son insurgentes comunistas, que buscan derrocar el sistema» (ibid.).

Es verdad que la actividad de los movimientos guerrilleros, los grupos terroristas y las organizaciones criminales pueden traslaparse en la economía de la droga, sin embargo, no deben confundirse los diferentes objetivos que persiguen cada uno de ellos. Las FARC están involucradas en dicha economía, gravan a los empresarios y también a los traficantes de cocaína dentro del territorio de su influencia, pero el alcance del compromiso de la guerrilla con la producción de cocaína todavía está por determinarse. Aun así, si las FARC produjeran cocaína, eso no estaría respondiendo a la lógica de los traficantes de droga, en tanto no están haciendo uso de los fondos para un enriquecimiento personal, sino para financiar su conflicto y para suplir con un mínimo de servicios públicos a los territorios bajo su control. Por otro lado, debe afirmarse que las FARC hacen uso de prácticas terroristas para lograr sus metas, pero sobre todo para aparecer como una fuerza militar regular.

El señalamiento del movimiento rebelde colombiano como «narcoterrorista» oculta el hecho de que ambas dimensiones -rebelión y tráfico de drogas- han crecido históricamente como directa consecuencia de las condiciones sociales de Colombia. Eliminando uno, es improbable obtener un impacto duradero en el otro.

Además, si la experiencia previa nos dice algo sobre el potencial desarrollo del conflicto, podemos sospechar que la última ofensiva militar contra las FARC, el Plan Patriota, puede tener un pequeño efecto e incluso reforzar a los rebeldes. Irónicamente, el incremento de la violencia aumenta el número de guerrilleros, produciendo respuestas más violentas. Los autores del informe sobre derechos humanos en Colombia de 1990, publicado por la Comisión Andina de Juristas, observaban que «el indiscriminado uso de la represión y de la fuerza aumentó los grupos de guerrilla, incrementando también su capacidad ofensiva» (CAJ 1990: 95).

Ahora bien, si en el corto plazo no se inicia un proceso de paz negociada, existe el peligro potencial de la criminalización gradual de las FARC, convirtiendo a los rebeldes, quienes han estado en conflicto desde 1950, de una organización con una agenda política y social en una criminal.

Mientras se resalta los papeles de las FARC, el intercambio comercial de drogas por armas realizado por los paramilitares en Colombia es minimizado, aunque de lejos es mayor al de los rebeldes comunistas. En este sentido, también es importante reconocer que la agencia antidroga estadounidense, la DEA, no acusó a las FARC de estar involucradas en el narcotráfico hasta después del 11 de septiembre. De hecho, la DEA negó lo dicho por algunos informes sobre las FARC durante los ochenta y noventa (Shannon 1989: 161-166; DEA 1998). En su informe al congreso de los Estados Unidos de febrero de 2001, el asesor de la DEA todavía sostenía que «no existía información confiable que demostrara que las FARC […] estaban involucradas directamente en el transporte de drogas de Colombia a destinos internacionales» (DEA 2001). Un informe autorizado por Myles Frechette, embajador estadounidense en Bogotá durante la era Clinton, concluyó que la participación de los rebeldes en la economía de la droga «en gran parte estaba limitada a la protección de cultivos de coca y laboratorios de cocaína. Mientras, los grupos paramilitares vinculados a las fuerzas de la seguridad controlaban y vigilaban en mayor medida que las FARC los laboratorios y rutas del tráfico. De hecho, el informe de Frechette denunció que el narcotráfico era la fuente más importante para financiar a los grupos paramilitares (Smyth 1997). Otro informe del Council on Hemispheric Affairs (COHA) denunció el tráfico directo a los Estados Unidos realizado por «grupos paramilitares derechistas en colaboración con los señores de la droga, las fuerzas armadas, figuras importantes de las finanzas y altos burócratas» del gobierno colombiano (COHA 1999).

Sin embargo, en abril de 2002, seis meses después de los ataques contra los Estados Unidos, la DEA había determinado que los rebeldes marxistas colombianos participaron en varios aspectos del tráfico de drogas y armas, incluyendo «la compra, el transporte y la venta de cocaína dentro Colombia, así como la distribución de cocaína a organizaciones de narcotraficantes internacionales» (DEA 2002). También en 2002, la DEA acusó a las FARC de estar comprometidas en negocios internacionales de drogas por armas, aunque la información en que se sustenta la acusación no fue corroborada, según la versión de la agencia antidroga (DEA 2002a).

En todo caso, esta estrategia estadounidense de señalar a los grupos y regímenes de izquierda como coludidos con el narcotráfico no es reciente. Desde los tiempos de la Guerra Fría fue una constante de la política exterior de los Estados Unidos, mientras sus agencias de seguridad, así como las de otros países occidentales, se involucraban profundamente en tales actividades, incluyendo la venta de narcóticos a su país o a sus aliados cercanos. Por ejemplo, la China comunista fue denunciada por ser el mayor productor de opio en los cincuentas, aun cuando el régimen impuso severas medidas para erradicar la producción y el trafico de drogas y sus derivados (Booth 1999: 168-169; Bewley-Taylor 1999: 108-114). Esto no significa que las agencias de los regímenes comunistas antiguos no emplearan la venta de narcóticos en una forma u otra. Sin embargo, hasta ahora no ha emergido una evidencia creíble que indique que las agencias de inteligencia de la antigua Unión Soviética o de sus aliados en Europa del Este hayan participado en las actividades del tráfico de drogas a gran escala, como Francia en Indochina a finales de los cuarenta y a mediados de los cincuenta, o Estados Unidos en Vietnam, Afganistán y América Central de los sesenta a los noventa. Por lo tanto, no podrá ser olvidado que convertir en diabólico y criminal al enemigo es una vieja estrategia de la guerra.

Es simple y potencialmente contraproducente ver a un movimiento rebelde con miles de militantes, cuando no decenas de miles, como una organización de traficantes de drogas o terroristas. Es necesario recordar que el Congreso Nacional Africano (CAN) y su líder Nelson Mandela fueron una vez tachados de terroristas y criminales. Mientras una victoria de las FARC no podría ser la respuesta a las aflicciones de Colombia, sin embargo no hay una solución posible que no envuelva a los rebeldes.

Fuentes

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desco / Revista Quehacer Nro. 149 / Jul. – Ago. 2004

 

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Ing.+Lic. Yunior Andrés Castillo S.

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