Pobreza, desigualdad de oportunidades y políticas públicas en Latinoamérica (página 3)

Enviado por IVÁN JOSÉ TURMERO ASTROS

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En este capítulo se analiza la situación social de Venezuela por medio de la estructura sectorial de su economía. El tema es relevante porque la condición petrolera del país añade un elemento diferenciador con respecto a las otras naciones de América Latina, incluso ante el hecho de que muchas de ellas son exportadoras de recursos naturales. La presencia del petróleo en Venezuela es abrumadora desde el punto de vista fiscal, monetario y de balanza de pagos, así como en la conformación de su mercado de trabajo.

El desempeño del sector petrolero (en particular el volumen y precios de las exportaciones) determina en gran medida el tipo de crecimiento económico que experimenta el país: volátil, sesgado contra la manufactura y centrado en servicios de poco valor agregado.

Los gobiernos venezolanos durante la década de 1990 (Carlos Andrés Pérez, 1989-1993 y Rafael Caldera, 1994-1998), no tuvieron más remedio que eliminar subsidios indirectos y sustituirlos por subsidios focalizados. La crisis fiscal no dejó otra opción.

POLITICAS PÚBLICAS

Las misiones cubren un amplio espectro de necesidades sociales. Entre las más importantes que el gobierno ha implementado (alrededor de 34) se encuentran: la Misión Robinson (Educación), Ribas (Educación) , Sucre (Educación), Barrio Adentro (Salud), Mercal (Alimentación), Vuelvan Caras(trabajo), Che Guevara (valores socialistas) , Hábitat o ahora conocida como Misión Vivienda(Infraestructura). A finales de 2011, el Presidente anunció otras misiones como Hijos de Venezuela para madres adolescentes; Amor Mayor para personas de la tercera edad; Saber y Trabajo para la creación de empleos El financiamiento de las misiones no es transparente y depende exclusivamente del nivel que alcancen los precios del petróleo.

PETROLEO Y DESARROLLO

La política social ha fracasado porque no ha estado en función de ese objetivo. El resultado ha sido un desperdicio de recursos públicos, provenientes de la renta petrolera, en consumo y subsidios, en lugar de destinarse a mejorar la infraestructura, difundir conocimiento técnico o estimular la productividad de los trabajadores.
En el fondo, los problemas de la economía venezolana y el correspondiente perfil socioeconómico de su población se derivan del fracaso en diversificar la economía, es decir, aumentar la capacidad para producir manufacturas y exportarlas.
La condición petrolera del país exacerba algunos rasgos de la estructura económica (entendida como la interacción de los sectores básicos de la economía: primario, industrial y servicios) influyendo en la productividad y por lo tanto en el ingreso de la población.

SITUACION SOCIAL

El país tiene un grave problema con su stock de capital. Las herramientas para producir se deterioran y no son sustituidas por otras tecnológicamente más
eficientes.
A pesar de los grandes flujos de divisas que ingresaron al país como resultado de la exportación petrolera y los aumentos en el consumo público y privado, la expansión de la producción (incluida la relacionada con el sector petrolero que ronda un 20% del PIB) no ha sido suficiente para compensar el aumento de la población. Por ello el país tiende a empobrecerse.
La agricultura, en línea con la experiencia con los otros países de la región, ha aumentado la productividad pero su impacto en términos de empleo e ingreso es muy bajo.
La persistente inflación y la baja productividad explican en parte la disminución del salario promedio anual durante los últimos años.
La condición petrolera de la economía venezolana plantea un problema adicional al bienestar material de los trabajadores. La abundante renta, en la forma de divisas, obstaculiza el desarrollo industrial al sobrevaluar el tipo de cambio y favorecer las importaciones.

CÓNCLUSIONES

La experiencia argentina muestra como es de esperar que el comportamiento de los indicadores sociales esté fuertemente asociado con el ciclo económico. La crisis económica del año 2001 llevó la pobreza a niveles del 54%, la indigencia al 25%, el desempleo a casi el 26% y generó un deterioro en la igualdad la que mostró la peor distribución de los últimos 30 años. A partir del año 2004, el crecimiento económico y las políticas públicas implementadas permitieron una mejora en todos los indicadores sociales en relación al pico del ciclo. Las políticas públicas muestran comportamientos bien diferenciados en los 90 y tras la crisis del 2001: durante la década del 90, las políticas públicas de inserción social estuvieron básicamente orientadas hacia la promoción del empleo (programas de empleo, introducción del seguro de desempleo, rebaja en los aportes patronales), mientras que en los 2000, especialmente desde el 2003 tienen un sesgo asistencialista. Si bien la pobreza y la desigualdad muestran una evolución positiva, las políticas implementadas no son neutrales: el aumento de los ingresos mínimos produjo el achatamiento de la pirámide salarial y la reducción de los retornos a la educación que dan una idea de la conveniencia o no de incorporar capital humano adicional vía el sistema educativo formal: cuanto menores sean los retornos a esta inversión menores los incentivos a permanecer en el sistema, es decir que las políticas de aumento de ingresos mínimos podrían estar indicando la conveniencia de abandonar la educación para ingresar en el mercado de trabajo, reduciendo de ese modo el capital humano conjunto de la economía. La experiencia de los últimos 20 años en materia de lucha contra la pobreza y la desigualdad muestra que la mejor política social es el crecimiento económico. Sin embargo, este puede no ser suficiente por lo que se requiere combinarlo con políticas sociales focalizadas.

Desde el advenimiento de la estabilización proporcionada por el Real hasta el final de la década pasada, el índice brasileño de pobreza cayó en 67% contribuyendo fuertemente a la reducción de desigualdades observadas, en particular en la última década. Las políticas públicas que objetivan disminuir las desigualdades y la pobreza, deben y pueden potencializar interacciones entre los niveles de gobierno y las distintas políticas públicas sectoriales en un abordaje integrado para lo población de bajos ingresos.

Chile sin lugar a dudas en la actualidad es uno de los países con mejores indicadores de desarrollo económico y social en América Latina, mucho de este avance ha estado ligado a los programas de combate de pobreza, los esfuerzos en lograr una mayor focalización de gasto social, reforma en el sistema de pensiones y el establecimiento de un programa de atención integral a la primera infancia.

El presente trabajo busca ilustrar la relación que existe entre las condiciones de pobreza y desigualdad de los trabajadores, con los programas sociales de los cuales son potenciales beneficiarios y las formas de contratación laborales. Se plantea que las condiciones del mercado laboral colombiano y el diseño inadecuado de los programas sociales han contribuido a una desigualdad de oportunidades de los trabajadores y sus familias que, en últimas, perpetúan la pobreza en Colombia.

No obstante los reconocidos logros de algunos programas en la mitigación de la pobreza y la desigualdad, aún queda mucho por alcanzar.

El análisis expuesto en este trabajo ha demostrado que existen graves problemas de focalización en la mayoría de los beneficios estudiados incluso cuando casi todos los programas sociales son progresivos o débilmente progresivos.

En general, un 58% de la población no pobre recibe algún tipo de programa de asistencia social. Se destaca que dentro de los programas de asistencia social, las transferencias recibidas para el sostenimiento de menores sean regresivas. A pesar de las fuertes críticas en cuanto a la calidad y cobertura de la educación pública en Colombia, es la que ha presentado mejores resultados.

Adicional a los problemas de focalización, las transferencias tienen un valor relativamente alto para los beneficiarios de ingresos altos, sobre todo en el caso de los subsidios de vivienda en donde el 8% de la población con mejores ingresos reciben un subsidio equivalente a casi el 41% de las transferencias de todo el programa.

De igual manera, las transferencias recibidas, para el sostenimiento de niños menores en las familias de mayor ingreso, tienen una mayor proporción de beneficios que de beneficiaros en comparación con las familias más pobres que concentran pocos beneficios para la cantidad de beneficiarios.

Se encuentra que los menos beneficiados son los trabajadores cuenta propia y particulares no profesionales con respecto a los profesionales independientes y a los particulares profesionales.

Asimismo, aunque en menor medida, los trabajadores a término fijo se encuentran en desventaja en comparación a los trabajadores a término indefinido. Es igualmente preocupante el aumento de trabajadores que no se pasarían a un trabajo formal si pierden los beneficios del régimen subsidiado, pasando del 32.4% en el 2008 al 36.5% en el 2010. Esto es evidencia de una trampa de informalidad generada por la legislación del mercado laboral en donde las empresas no quieren contratar trabajo formal y los potenciales empleados no quieren acceder a estos trabajos.

La combinación del marco regulatorio del mercado laboral y la política social ha propiciado un aumento de la informalidad, de empleos de baja calidad como el temporal y esto a su vez se traduce en peores condiciones de vida para los colombianos.

De los resultados expuestos se desprenden varias recomendaciones. Por un lado, se recomienda mejorar la cobertura y la focalización de los programas, definir condiciones claras de entrada y salida de los programas, incorporar sistemas de monitoreo y evaluaciones de impacto en la formulación y en la implementación de los programas y una más adecuada articulación de los programas que componen la política social.

Por otro lado, se recomienda que se lleven a cabo reformas en cuanto a la regulación laboral y de algunos costos ahí definidos que generan desequilibrios en el mercado laboral que se traducen en exclusión y desigualdades de oportunidades entre los distintos tipos de trabajadores.