Género en la migración laboral internacional en América Latina y El Caribe



I. Introducción

"Velar por la plena realización de los derechos humanos de todas las mujeres migrantes, incluidas las trabajadoras migrantes, y su protección contra la violencia y la explotación. Instituir medidas para mejorar la situación de las migrantes documentadas, incluidas las trabajadoras migrantes, y facilitar su empleo productivo mediante un mayor reconocimiento de sus aptitudes, su educación en el extranjero y sus credenciales, y facilitar también su plena integración en la fuerza de trabajo" (Plataforma de acción, Objetivo estratégico A.1., 58-k).

En América Latina, el desplazamiento de las personas a través de las fronteras internacionales ha adoptado en los últimos años complejas modalidades. Los movimientos con fines de residencia y aquellos que se asocian con fluctuaciones de la actividad económica, se presentan en la región con elevados niveles de informalidad y "clandestinidad". El alto grado de movilidad territorial – que se da sobre todo entre países limítrofes - y los altos niveles de "informalidad" de los movimientos se asocian al llamado fenómeno de la globalización económica, caracterizada por una intensificación en el comercio, nuevas modalidades y cadenas de producción económica y las nuevas divisiones de trabajo al nivel internacional. La migración internacional en Latinoamerica sigue fundamentalmente dos patrones: la migración intra-regional fronteriza[1]y la emigración que se dirige a los países "ricos", básicamente Estados Unidos y, recientemente cada vez más a Europa. En este contexto, las mujeres constituyen casi la mitad de los migrantes al nivel internacional y en la región: 48% en 1990[2]

El avance conceptual y de investigación que tuvieron los estudios de género en el último decenio, en especial aquellos referidos a la participación de la mujeres en la fuerza de trabajo y las condiciones de vida en sectores populares, estimularon el reconocimiento de las mujeres como protagonistas del proceso migratorio (Szasz, Y., 1994:20). Asimismo, datos censales u estudios cualitativos de casos fueron utilizados para analizar las condiciones de vida y de trabajo de migrantes latinoamericanas en Estados Unidos y Europa. Estos estudios discuten, entre otras cosas, la selectividad migratoria por edad y atributos socio-económicos, las formas de participación en el mercado de trabajo, la relación entre trabajo doméstico y trabajo remunerado, las alteraciones (o no) en las relaciones de género al nivel familiar y social, y las diferencias de estatus de las mujeres en el país de origen y en el país receptor, entre otros aspectos. Estos antecendentes permiten constatar que hoy en día el tema de la equidad de género no puede faltar en una reunión de expertos internacionales sobre migración laboral, lo que no necesariamente había sido el caso hace algunos años atrás.

En la actualidad, se empieza a cuestionar hasta qué punto la implementación de ciertas políticas migratorias ha sido influenciada por imágenes estereotipadas de los papeles que los hombres y las mujeres desempeñan en la sociedad (sea de origen o de destino). Además, se cuestiona en qué medida el "pasar por alto" indicadores y variables de género en los análisis y planificaciones, lleva a políticas y programas que no son equitativas ni eficientes en el logro de sus objetivos. El hecho que se empieza a reflexionar sobre estos temas y que se busca estrategias para reconvertir esta situación ya es una "buena práctica" en sí, después de tantos años de supuesta "neutralidad" de género y de homogenización de los migrantes, que - en realidad – era la implícita aceptación de estereotipos y paradigmas androcéntricos en las teorías y políticas migratorias.

A continuación, se mencionan algunos elementos a tomar en cuenta para que las políticas y programas dirigidos a los y las trabajadoras migrantes y sus familias puedan ser identificados como "buenas prácticas" desde una perspectiva de género. En los recuadros, hacemos referencia a algunos objetivos formulados al respecto en la Plataforma de Acción de la Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing (NU, 1995) y el Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe 1995-2001 (CEPAL,1995).

II. Pautas para "buenas prácticas" desde una perspectiva de género

Generar información, desagregada por sexo y de carácter comparativo, sobre las distintas facetas de la migración laboral internacional.

Tanto la Plataforma de Acción de Beijing[3]como el Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe, 1995-2001[4]destacan la necesidad de recoger, compilar, analizar y presentar datos desglosados por sexo y comparativos con el fin de reflejar aportes, capacidades y necesidades de mujeres y hombres. El Plan Regional menciona también la importancia de utilizar indicadores cuantitativos u cualitativos, así como estudios de casos a nivel local, nacional y regional.

En lo que concierne a Latinoamerica, la producción de investigaciones que dan cuenta de la situación de mujeres y trabajadoras inmigrantes es escasa. Cuando existe esta información, se aborda principalmente la migración femenina al interior de un país, más específicamente del campo a la ciudad o de ciudades menores a los grandes centros urbanos. No obstante, se sabe muy poco sobre la situación de las mujeres en los procesos migratorios internacionales en los países de América Latina y del Caribe. ¿Quiénes son, a qué vienen, cómo vienen, qué hacen, de qué sobreviven, cómo viven, cuáles son los cambios que experimentan en lo individual, social y económico tras haber emigrado? La mayoría de la información cuantitativa y cualitativa disponible no supera los sesgos de género que suelen encontrarse en los estudios sobre migración, partiendo del supuesto que los flujos migratorios son asexuados y que en estos predominan los hombres trabajadores, acompañados por mujeres (esposas y hijas) y sus hijos dependientes (Borrero Vega, 1995: 91). El supuesto básico detrás de la mayoría de las estadísticas actuales es que el prototipo del migrante es varón, joven y proveedor económico[5]Por lo tanto, a menudo no se recogen o presentan datos desglosados por sexo en las tabulaciones publicadas y mucho menos se hacen cruces y tabulaciones que podrían generar nuevos indicadores para entender y evaluar la situación diferenciada entre mujeres y hombres migrantes, a causa de sus distintos roles y apreciaciones sociales. Por lo mismo, los programas y proyectos públicos o de cooperación internacional tradicionalmente han dado mucho más atención a las mujeres que se quedaron atrás, a menudo a cargo de sus hogares, en los lugares de origen que a las que migraron, solas o en compañía de sus familiares.

La eficacia de cualquier política migratoria o enfocada a proteger los derechos de los/as migrantes, depende en primer lugar de la generación y disponibilidad de mayor y mejor información[6]Esto significa –entre otros – información que tenga un enfoque de género, que no es otra cosa que la atención sobre las particularidades de la realidad de mujeres y hombres migrantes, tanto en sus necesidades como en los efectos de posibles soluciones o políticas.

El recoger datos estadísticos sobre migraciones laborales que sean desglosados por sexo y donde se cruza la variable "sexo" con otros variables relevantes, constituye en la actualidad todavía una "buena práctica" a ser destacada y aplaudida. En este sentido, el proyecto "Migración Internacional en América Latina (IMILA)" de CELADE puede ser mencionado como "buena práctica" en cuanto al procesamiento y la recolección de estadísticas censales, desglosadas por sexo.

Los datos censales sobre la población nacida en otros países, representan las fuentes informativas más usadas y comparables con respecto a los impactos demográficos y socio-económicos de la migración internacional en la región. Es importante señalar que – en general – se puede suponer que los datos estadísticos existentes sobre migrantes en condición de permanencia irregular son más limitados. Ello es importante con relación a la migración femenina a partir de la hipótesis que la migración laboral ilegal, en algunos casos, puede tener importantes sesgos de género, partiendo de las observación que las mujeres, en general, se insertan con mayor frecuencia que los hombres en el llamado mercado de trabajo "informal". Además, los datos censales proporcionan una información insuficiente en cuanto a las condiciones laborales y de vida de los y las migrantes. Por lo mismo, investigaciones cualitativas y estudios de caso que recogen más y mejor información sobre las condiciones de vida y de trabajo de los y las migrantes, sean documentados o indocumentados, y que tengan una explícita perspectiva de género, son indispensables con miras a la formulación de políticas y programas eficientes.

2. Valorizar el aporte de las mujeres migrantes al desarrollo de los países y fortalecer su posición como trabajadoras y proveedoras económicas.

"Facilitar el empleo productivo de las trabajadoras migrantes documentadas (incluidas las mujeres reconocidas como refugiadas con arreglo a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951) mediante un mayor reconocimiento de la educación y de los títulos, diplomas y credenciales extranjeros y la adopción de un criterio integral en lo que respecta a la formación necesaria par al incorporación al mercado de trabajo, formación que debe incluir la enseñanza del idioma del país" (Plan de Acción, Objetivo estratégico F.5., 178-p).

La migración siempre ha sido y sigue siendo esencial para el desarrollo humano y siempre ha involucrado a personas de ambos sexos. No obstante, se puede observar una clara invisibilización y subestimación del aporte que hacen las mujeres migrantes al desarrollo económico y al bienestar general. Ello va directamente ligado a la subvalorización del papel económico de las mujeres en general y se basa en el supuesto que las mujeres migrantes son económicamente inactivas y por lo tanto "dependientes".

Para muchas mujeres migrantes, la posibilidad de conseguir un empleo (mejor) remunerado en el lugar de destino, es uno de los incentivos para emigrar aún en el contexto de una emigración "familiar"[7]. En las ultimas décadas, la tasa de participación laboral de las mujeres migrantes ha sido, en muchos países, más elevada que la de las mujeres autóctonas (UN, 1995: 5). Es interesante mencionar también el siguiente patrón: las tasas de participación laboral de las mujeres migrantes, según nacionalidad, en el lugar de destino parecen estar vinculadas con las tasas de participación laboral en el país de origen. Quiere decir: las mujeres migrantes que trabajaban en el lugar de origen tienen estadísticamente más probabilidad de trabajar también en el país de destino. Otro dato interesante es que las mujeres migrantes parecen insertarse con más facilidad en los sectores, ocupaciones y tipos de trabajo iguales o parecidos a los que ocupaban en el país de origen. Por ejemplo, la migrantes bolivianas en Argentina tienden a ocuparse en el actividades informales de la economía, parecidas a las que ocupaban en su país de origen (Balán, 1995: 279).

Las trabajadoras migrantes aportan a la economía del país donde residen mediante su participación en el mercado laboral y contribuyen con sus remesas a la economía del país de donde provienen. El envío de remesas de los migrantes a sus hogares y lugares de origen es muy importante para el desarrollo de varias comunidades o países[8]Una vez pagada las deudas por el viaje al extranjero, las remesas familiares se utilizan para cubrir las necesidades básicas de las familias, principalmente a través del consumo de alimentos, y sólo una pequeña parte se destina al ahorro y inversiones. Ultimamente, han aumentado también los proyectos patrocinados por organizaciones de migrantes, en apoyo a sus comunidades de origen que han sido denominadas remesas colectivas o comunitarias[9]La contribución sustancial de las mujeres migrantes - a través de remesas – no siempre ha sido reconocida suficientemente y es digna de una investigación más detallada desde una perspectiva de género.

Como "buena práctica" se podría denominar a todas las investigaciones que visibilicen el aporte de los/as migrantes al desarrollo económico, social y cultural de los países. Estas investigaciones además se constituirían en "buenas prácticas desde una perspectiva de género", si visibilizaran explícitamente el aporte de las mujeres migrantes, en comparación con los varones, al desarrollo de los países (de origen y de residencia) a través de su trabajo remunerado. El hecho de que las mujeres emigran en un contexto familiar no tendría que ser utilizado como excusa para menoscabar su papel de migrantes o trabajadora. Aparte de tomar debidamente en cuenta el aporte a través de su trabajo remunerado, tampoco se puede ignorar que su colaboración y aportes no remunerados son esenciales para asegurar el desarrollo social y económico tanto al nivel de la familia como al nivel de las sociedad. En este sentido, sería una muy buena práctica visibilizar también el aporte del trabajo económico no remunerado y el trabajo de reproducción social y cultural que realizan diariamente las mujeres migrantes.

Además de reconocer debidamente el aporte de las mujeres migrantes hacen al desarrollo de sus comunidades y países, es preciso prestar atención a las características y condiciones de su inserción laboral. Aunque la internacionalización de la economía ha creado algunas nuevas oportunidades de empleo para las mujeres, también han surgido tendencias que han agravado las desigualdades entre las mujeres y los hombres en el mercado laboral. Las mujeres, en general se insertan en el mercado laboral en condiciones más precarias, en comparación con los varones: ganan menos, se insertan en empleos más precarios en el llamado sector no formal de la economía, tienen trayectorias laborales más interrumpidas, menor acceso a los sistemas de seguridad social, mayores niveles de desempleo y subempleo, trabajan en peores condiciones con respecto a la seguridad y la salud ocupacional y tienen que equilibrar continuamente su trabajo remunerado con sus responsabilidades familiares.

Aunque no se puede generalizar (ver punto 4), importantes grupos de mujeres migrantes latinoamericanas y caribeñas trabajan en condiciones de precariedad. En el caso de las mujeres migrantes, la discriminación y violación de sus derechos, se puede dar a partir de variables que no siempre son tan fáciles de separar o destacar como "razón principal de discriminación". En la mayoría de los casos, son un combinación de su estatus como migrante – influido por varios factores como son: situación residencial (documentada/indocumentada), país de origen, tiempo de residencia en el país de destino, dominio del idioma - , su estatus como mujer, su nivel de educación, y otros variables. Con el fin de tener más claridad en cuanto a los mecanismos de exclusión y discriminación es recomendable comparar la situación de una categoría de trabajadoras migrantes con la misma categoría de trabajadoras del país de destino, por un lado, y con los trabajadores migrantes y autóctonos, por otro lado.

3. Prestar especial atención a las trabajadoras migrantes en situaciones de mayor precariedad

Se aprecia claramente en muchas partes del mundo una concentración de mujeres migrantes en algunas ocupaciones donde las condiciones de trabajo son precarias, tales como el servicio doméstico, ocupaciones relacionados con el sector de la "diversión", incluida la participación en el sector del comercio sexual, y la prestación de cuidados a niños y enfermos. La vulnerabilidad de estas trabajadoras se deriva del alto grado de dependencia y subordinación que se da entre ellas y su empleador. Además, esta vulnerabilidad se acentúa por el hecho de que estos sectores tienden a estar excluidos de la legislación laboral nacional y de los instrumentos que regulan la migración internacional. Aunque no solamente las mujeres migrantes pueden sufrir de las precarias condiciones laborales que se dan en estos sectores, es cierto que ellas – por su condición de migrante – pueden estar en una posición de mayor vulnerabilidad para hacer valer sus derechos.

3.1. Las empleadas domésticas.

"Adoptar políticas que amplíen o mantengan la protección que prestan las leyes laborales y las disposiciones sobre bienestar social a las personas que realizan trabajo remunerado en el hogar"(Plataforma de Acción, Objetivo estratégico F.4, 175-g).

Un puesto como empleada doméstica continúa siendo para muchas mujeres una posibilidad de ganar un sueldo. En la mayoría de los países, las trabajadoras domésticas están sujetas a condiciones laborales desventajosas: largas jornadas de trabajo, sueldos muy bajos sin o con muy pocos beneficios sociales, una gran o total dependencia del empleador(a), y poca libertad de movimiento y acceso a comunicación en el caso de las empleadas ""puertas adentro". En América Latina, las mujeres tradicionalmente han emigrado del campo y ciudades menores para trabajar como empleadas domésticas en los grandes centros urbanos. En algunos casos, estas emigraciones han sido transfronterizas (peruanas en Chile, paraguayas en Argentina, etc.). En las últimas dos décadas, cada vez más mujeres han emigrado específicamente para trabajar en el servicio doméstico fuera de la región (ecuatorianas en España, por ejemplo). Dado que muchas de estas mujeres son casadas y pertenecen a los estratos socioeconómicos más bajos en sus países de origen, su decisión de emigrar es considerada como un estrategia de sobrevivencia familiar para asegurar un ingreso seguro y muy necesitado. Muchas de estas mujeres aceptan trabajar en el extranjero en condiciones difíciles por el bien común de la familia, conscientes de que ellas mismas a lo mejor van a ganar poco de la experiencia. Por lo mismo, planifican trabajar por un período bien limitado en el extranjero y aspiran a retornar.

Mujeres migrantes que trabajan como empleadas domésticas a menudo viven en condiciones que conducen a su aislamiento social y cultural en el país de destino. Para las que emigran hacia países fuera de la región, el no dominar el idioma extranjero puede agravar esta situación. La gran o total dependencia del empleador puede llevar a que estas mujeres estén más expuestas a situaciones de explotación y abuso. Iniciativas y prácticas en los países de destino, destinadas a organizar a estas mujeres, dar a conocer sus derechos y ofrecer distintos tipos de capacitación, pueden ser indicadas como buenas prácticas.

3.2. Explotación sexual.

"Eliminar la trata de mujeres y prestar asistencia a las víctimas de la violencia derivada de la prostitución y la trata de mujeres" (Plataforma de Acción, objetivo estratégico, D. 3.)

A partir de los años 90", se ha observado, a nivel internacional, un incremento en el tráfico internacional de mano de obra femenina, que a menudo adopta diversas formas de trabajo forzado y la explotación sexual. Esta forma preocupante de migración ilegal ha sido vinculada con las crecientes restricciones en cuanto a la inmigración legal en muchos países, particularmente en Europa, y la aparición de redes criminales internacionales y un negocio lucrativo en tráfico y migración de seres humanos. Desde América Latina, parten mujeres a países europeos, apoyadas por un "agente privado" en su país que les arregla el viaje, los documentos de entrada, permisos de trabajo (auténticos o falsos) y alojamiento en el lugar de destino. Muchas de ellas inician el viaje con la ilusión de ganar un buen sueldo, trabajando por algunos años en el servicio doméstico, como camareras o bailarinas en bares o clubes de diversión. A menudo terminan, una vez llegadas al país de destino y completamente dependientes de sus "contactos", siendo explotadas laboralmente y sexualmente. Otro fenómeno que se da, con relación a la migración femenina, es el de las llamadas "novias encargadas por correo" ("mail-order brides"), que constituyen, por ejemplo, un grupo numéricamente no insignificante en Estados Unidos. (Lim, 1995:41).

Varios instrumentos normativos internacionales han abordado el tema del tráfico de mujeres y la prostitución forzada, como son la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familias (1990), la declaración sobre la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer (1993)[10] y la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (1995). Políticas y prácticas de apuntan a una colaboración más estrecha entre países de origen, tránsito y destino, sea en términos de promover un mejor conocimiento de la temática, una cooperación judicial y policial, el acompañamiento y apoyo a las víctimas, son recomendables y necesarias para que la prevención y supresión de este fenómeno sean más efectivas. Además, se recomienda adoptar medidas apropiadas que abordan las causas fundamentales de la explotación sexual de las mujeres, como también los factores externos que llevan a la migración "forzada".

En los casos anteriormente mencionados, la pobreza y la falta de oportunidades de trabajo en el país de origen, son a menudo las razones mas importantes para emigrar con el fin de obtener el ingreso necesitado en el extranjero. En este sentido, cualquier política o programa destinado a aumentar la autonomía económica y a disminuir la pobreza de las mujeres en los lugares de origen, puede ser identificado como "buena práctica" de prevención de una migración "por fuerza mayor", percibida como última opción para sacar adelante a sus familias.

4. Rescatar la diversidad y heterogeneidad entre las trabajadoras migrantes

Los datos actuales muestran que las migrantes internacionales están representadas en ambos extremos de la escala ocupacional, es decir entre las altamente calificadas y entre las no calificadas (Lim, 1995: 47)[11]. En consecuencia, es erróneo generalizar que todas las mujeres migrantes vienen de clases socioeconómicas bajas, emigran por razones de supervivencia, están en los empleos menos deseados, son explotadas y viven solamente en función de las necesidades de sus familias. La supuesta homogeneidad de "la mujer migrante" no es tal. Hay un grupo no insignificante de mujeres migrantes profesionales que trabajan en empleos bien remunerados y de buena calidad. Según los datos procesados por el proyecto IMILA de CELADES, el 46.6% de la población inmigrante económicamente activa en Chile, nacida en otros países, pertenece a las categorías ocupacionales de profesionales y gerentes. En el caso de Brasil, esta proporción es de 44.9% y en el caso de Perú de un 42%. Desafortunadamente, el cuadro que recoge esta información, no desglosa los datos por sexo. En la medida que la economía – y más específicamente, las empresas y unidades de producción - sigan "internacionalizándose", se espera que la proporción de estos especialistas entre los trabajadores migrantes aumentará. Es importante visibilizar, también, la participación de las mujeres en esta categoría de migraciones laborales y enfocar su situación y necesidades diferenciadas en comparación con los hombres. Especialmente en el caso de las mujeres, el solo hecho de emigrar a otro país, indica un dinamismo y una voluntad de asumir riesgos y desafíos. Muchas mujeres migrantes están en la vanguardia de los cambios, sobre todo una vez regresadas a sus países de origen. Muchas ejemplifican el valor y la determinación para concretizar y conseguir objetivos y proyectos propios.

Dada la heterogeneidad y diversidad existentes entre los trabajadores y trabajadores migrantes, es preciso formular políticas e intervenciones enfocadas hacia diferentes grupos de migrantes. La interconexión de variables, - como son, entre otras: lugar de origen, grupo étnico, sexo, edad, nivel de educación, categoría ocupacional – dará información más precisa sobre las necesidades específicas de determinados grupos. Cabe resaltar que las llamadas acciones "positivas" o "afirmativas" dirigidas a las mujeres, en realidad son nada más que intervenciones enfocadas, tomando en cuenta su situación y posición diferenciadas, en comparación con los hombres, las que exigen algunas medidas específicas con el fin de garantizar la equidad en los resultados y beneficios.

Por la gran diversidad de situaciones asociadas a la migración y que afectan a los distintos grupos de migrantes, muchas veces relacionadas con los lugares de origen y de destino en los flujos migratorios, nos inclinamos a pensar que las políticas migratorias, si quieren ser eficaces y concretas, deben ser marcadamente regionales o locales. Ello es aún más el caso si se toma en cuenta las diferentes situaciones que enfrentan (diferentes grupos de) mujeres y hombres en su condición de migrantes. Es sabido, por ejemplo, que en muchos países es más notorio el mayor número de mujeres en los centros urbanos, producto de su mayor inserción laboral en actividades de servicio doméstico y de servicios en general, mientras que en las zonas fronterizas se aprecia una sobre-representación masculina[12]Por lo tanto, es preciso que las políticas e intervenciones en los planos nacional e internacional sean complementados y concretizados en políticas e intervenciones locales que pueden dar una respuesta a problemáticas y necesidades específicas.

5. Implementar políticas y acciones que fortalezcan la autonomía de las mujeres migrantes y sus organizaciones.

Las políticas, regulaciones y programas dirigidos a migrantes, en general, no discriminan explícitamente a las mujeres migrantes. No obstante, estas políticas, leyes y programas, a menudo, se basan en estereotipos en cuanto a roles y responsabilidades de mujeres y hombres, tanto en su país de origen como en el país de destino. A menudo las políticas y programas toman a la familia nuclear patriarcal como "norma social" y como unidad de referencia y de intervención. Suponen y aceptan que el hombre es jefe del hogar, suponiendo, además, que la unidad familiar es intrínsicamente democrática y equitativa. El hombre, jefe de hogar, es visto como representante de la unidad familiar, bajo el supuesto de que sus necesidades y preocupaciones son las de todos los miembros de la familia.

El hecho de que mucha políticas y programas siguen basándose en este modelo de la familia nuclear patriarcal, tiene como consecuencia que reproduzcan relaciones no equitativas y discriminatorias entre mujeres y hombres, y que tengan un impacto diferenciado, y negativo desde una perspectiva de género, en hombres y mujeres migrantes.

Políticas y programas, por ejemplo, que colocan a la mujer migrante exclusivamente en su papel de esposa (dependiente) dificultarán el conseguir su autonomía económica por parte de ella. Así, en varios países donde el derecho a residencia no necesariamente coincide con el derecho a empleo, mujeres migrantes admitidas como "dependientes", no tienen el derecho a trabajar. Desde esta misma perspectiva, se elaboran políticas que no permitan que las mujeres migrantes tienen directamente acceso a los beneficios de servicios sociales o de bienestar, como un derecho personal, sino como "dependiente" de su esposo, como un "derecho derivado" de su estado marital.

Es importante destacar que la posición socialmente sancionada de "dependiente" – a través de normas y políticas sociales en el país de destino– puede inducir una posición de mayor dependencia y vulnerabilidad en el caso de las mujeres migrantes[13]Este se puede ver reforzado por el hecho de que las migrantes ya no cuentan más con las redes de apoyo social, - basadas en relaciones familiares, vecinales, comunales o de otro tipo -, con que contaban en su país de origen. Una gran dependencia económica y social de las mujeres migrantes de sus compañeros, no es la base más deseada para empezar una nueva vida en un nuevo contexto.

Desde esta misma perspectiva de "empoderamiento", que apunta a aumentar las capacidades y la autonomía de las personas, la creación de organizaciones por y para mujeres migrantes es una buena práctica con varias ventajas. Encontrarse con otras mujeres migrantes puede romper su aislamiento social y ofrecer la posibilidad de analizar colectivamente su situación, definir sus necesidades y encontrar soluciones adecuadas. El darse cuenta de que ciertas violaciones de sus derechos humanos no se basan en una "inadecuación personal" sino en mecanismos sociales de exclusión y discriminación, puede aumentar su autoestima y aumentar la capacidad para formular propuestas y encontrar soluciones viables[14]

En este proceso, la información, divulgación y formación en derechos y leyes nacionales es un elemento importante, – y por lo mismo ha sido resaltado en la Plataforma de Acción de Beijing[15]-, especialmente en lo que concierne los procedimientos y leyes sobre estatutos de residencia, empleo, contratación de matrimonio, separación, violencia doméstica y acoso sexual, igualdad de oportunidades y de trato, acceso a servicios sociales, entre otros.

6. Prestar atención a las necesidades relacionadas con la "reproducción" (biológica, social, cultural).

Buenas prácticas son todas aquellas que dan una debida atención a una mejor reconciliación entre las responsabilidades económicas y laborales, por un lado, y las responsabilidades sociales y familiares, por otro lado, de trabajadores y trabajadoras migrantes. El hecho de que las llamadas tareas "reproductivas" – que van desde las llamadas tareas domésticas hasta el cuidado y de niños, enfermos y otros adultos – todavía son adscritas como responsabilidades "casi biológicas" de las mujeres y no asumida como responsabilidad social de la sociedad en su conjunta, coarta también las posibilidades de las mujeres migrantes para insertarse en condiciones de equidad con los varones en el empleo remunerado.

Adicionalmente, la reconciliación de las múltiples responsabilidades puede volverse aún más complicada en el caso de las mujeres migrantes, dado que no cuentan más con las redes sociales de apoyo (familiares, vecinas, amigas) con las que contaban en el lugar de origen. Además, se ven a menudo obligadas a asumir nuevas funciones, mientras que sus tareas reproductivas "de siempre" se vuelvan más complicadas e intensivas de tiempo por la circunstancia misma de la migración.

El hecho de encontrarse en un país extraño, donde una desconoce la ciudad, el transporte, el sistema educativo, los mercados, los servicios sociales y de salud, el sistema bancario - entre otros, implica que las mujeres tienen que invertir mucho más tiempo en las tareas "reproductivas", sobre todo en el inicio de su inserción en el país de destino. Las trabajadoras migrantes, en general, no cuentan con un "esposo" que se responsabiliza de estas tareas, ni tampoco (– en general -) pueden contar con un lugar de trabajo que toma debidamente en cuenta estas múltiples responsabilidades o implementa políticas y programas enfocadas a mejor reconciliarlas.

7. Promover normas, valores y prácticas culturales no- discriminatorios hacia las mujeres.

Estudios indican que, inicialmente, los hombres y mujeres migrantes tienden a reproducir normas, valores y actitudes similares a los que adherían en el país de origen. (UN, 1995: 8) aunque paulatinamente se van adaptando a los valores y ciertos patrones culturales del país de destino. Mujeres y hombres obviamente emigran con un bagaje cultural-étnico.

Tanto las normas y prácticas culturas del lugar de origen como del país de destino pueden reproducir patrones de subordinación entre mujeres y hombres, o promover relaciones y roles de género equitativos. En este sentido, es importante recordar que los valores y prácticas culturales son dinámicas, modificándose en el tiempo y el espacio, en la medida que las personas que reproducen estas prácticas, también cambian su entendimiento y visión del mundo y de sus relaciones sociales. Enfrentados con varios y distintos sistemas culturales, es crucial que los formuladores de políticas y gestionadores de programas pueden distinguir entre el estatus y el papel de las mujeres al nivel de la ideología cultural (étnico, social, religioso) y su estatus y papel en la práctica diaria. En América Latina, por ejemplo, es recurrente escuchar referencias a las culturas indígenas como equitativas en términos de género. Se habla de la complementaridad entre lo femenino y lo masculino, y de la unidad de la pareja en la "cosmovisión" particular del grupo étnico[16]No obstante, en la práctica cultural actual, las relaciones de género pueden estar muy alejadas de esta cosmovisión y simbología indígena pre-colonial y mítica.

Aunque el respeto por la otra cultura debe ser promovido y rescatado, es igualmente importante velar por que el argumento cultural no sea utilizado para justificar prácticas de violencia y dominación. Los derechos humanos básicos son universales y merecen ser respetados por sobre cualquier argumentación cultural. Prácticas culturales de violencia, de explotación o discriminación hacia la mujer, son a su vez construcciones sociales y por lo tanto pueden en deben ser cambiadas.

Al mismo tiempo, es igualmente cierto que los cambios (bruscos y veloces) en los valores, normas y prácticas culturales pueden generar fuertes resistencias y mecanismos de defensa con el fin de conservar lo conocido y lo seguro, especialmente cuando las personas perciben el contexto como hostil y inseguro. Por ejemplo, algunos hombres migrantes pueden aceptar la necesidad de que sus esposas, compañeras o hijas adopten nuevos roles en el país de residencia, mientras que otros pueden sentirse muy amenazados y tratar de mantener, a todo costo, estructuras de autoridad y control. Ello, a su vez, puede generar fuertes conflictos, llevando a casos de inestabilidad en las relaciones familiares y comunales (entre migrantes provenientes del mismo lugar de origen o del mismo grupo étnico) y violencia hacia las mujeres, sobre todo cuando ellas están más propensas a aceptar cambios culturales y sociales que implican una mejoría en su posición y que aumentan su autonomía y sus opciones.

III. A modo de conclusión

Aunque en los últimos años no ha variado el grado de participación de las mujeres en la migración internacional, sí lo ha hecho la naturaleza de esa participación. Contrario a la perspectiva que considera a las mujeres migrantes como acompañantes pasivas de los hombres en los procesos de migración, las investigaciones muestran crecientemente que las mujeres son actores claves e independientes en el proceso. Muchas mujeres están activamente involucradas en la motivación y decisión familiar de partir a otro país, son parte activa de los redes sociales que acogen a nuevos/as migrantes en los países de destino, contribuyen con su trabajo remunerado y no- remunerado al desarrollo de sus familias y comunidades en los lugares de origen y destino. Cada vez más mujeres también emigran solas, sea por una motivación individual o como parte de una estrategia de sobrevivencia económica de la familia. Aunque un número importante de mujeres migrantes son altamente calificadas y aprovechan las opciones y oportunidades ofrecidas en otros países para mejorar su nivel y calidad de vida, para muchas otras mujeres la migración a menudo se presenta como última opción para salir de situaciones oprimentes, sea socialmente o económicamente. Su vulnerabilidad como migrantes y como mujeres se debe a que, por las circunstancias económicas, sociales o culturales, se encuentran en situaciones y posiciones de poca autonomía, pocas opciones y altos grados de subordinación y dependencia.

Buenas prácticas son todas estas políticas y programas – sean impulsadas por actores gubernamentales, privados, la sociedad civil o las propias organizaciones de migrantes - que parten del entendimiento de que cualquier situación de vulnerabilidad y explotación de las mujeres y trabajadoras migrantes está directamente relacionada con situaciones y posiciones de poca autonomía y subordinación social y económica y que, a fin y a cabo, estas no son condiciones biológicas sino construcciones sociales que por lo tanto pueden y deberían ser "reconvertidas".

Bibliografía

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ANEXO

Tabla 1: Proporción de profesionales y gerentes en la población migrante económicamente activa en los países de América Latina (con base en datos censales).

País

Fecha del censo

% de profesionales y gerentes

Argentina

1991

4.3

Bolivia

1991-1992

17.7

Brasil

1991

44.9

Chile

1992

46.6

Colombia

1993

SIN INFO

Costa Rica

1984

20.8

Ecuador

1990

26.5

El Salvador

1992

31.7

Guatemala

1994

23.9

México

1990

38

Nicaragua

1995

25.1

Panamá

1990

24.3

Paraguay

1992

9.2

Perú

1993

42

Uruguay

1996

20.7

Venezuela

1990

13.07

Fuente: Elaboración propia con base en datos censales procesados por IMILA (CEPAL, Boletín Demográfico 65, enero 2000).