El programa de incentivos a docentes investigadores en Argentina: a dos décadas de su implementación (página 2)

Asimismo, a partir del año 2003, comenzó a recuperarse la inversión en Actividades Científicas y Tecnológicas (act) como porcentaje del pbi. La in- versión en act pasa de representar 0,46% del pbi en 2003, a ubicarse en un 0,61% en 2007 y en un 0,74% en el 2011. Paralelamente al proceso de planificación encarado por el gobierno nacional, en un contexto de recuperación económica, se produjo el fortalecimiento institucional de varios organismos de ciencia y tecnología. Al frente del conicet comenzó en 2002 una nueva gestión, bajo la presidencia del investigador Eduardo Charreau, que culmina- ría en 2008 luego de un proceso de ampliación y consolidación institucional del principal organismo ejecutor de innovación y desarrollo del país. A partir de 2003, fueron incorporados anualmente más de mil becarios doctorales y posdoctorales y se reabrió el ingreso a la Carrera de Investigador Científico, cerrada desde mediados de la década de 1990, lo que posibilitó la incorporación de un promedio de más de trescientos cincuenta investigadores por año (Gordon, 2011).

En consonancia con estas medidas, en diciembre de 2007 se eleva la secyt al rango de ministerio creándose, de este modo, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (mincyt). Tanto desde el mincyt como desde los diversos organismos de ciencia y tecnología nacionales, se elaboraron e implementaron ?entre 2003 y 2013? una singular cantidad de instrumentos que directa o indirectamente incidieron favorablemente en el desarrollo de la investigación científica y tecnológica producida en el ámbito universitario. El aumento del presupuesto para ciencia y tecnología, la política sostenida de inversión en la formación de recursos humanos, la ampliación de la planta de investigadores de conicet, el fomento de la federalización de la producción del conocimiento a través de programas específicos de becas o radicación de investigadores, la definición de áreas prioritarias, la repatriación de científicos, entre otras medidas, redundaron en mejoras significativas en la universidad como espacio para la investigación.

Asimismo, a partir de 2003, comenzó a producirse un fenómeno novedoso para el Complejo Público Científico-Tecnológico argentino: la articulación de algunas políticas e instrumentos entre el sector científico-tecnológico y el sector de Educación Superior. Proyectos de centros de investigación de doble dependencia, subsidios de investigación específicos para universidades, programas especiales de infraestructura universitaria para la investigación, sistemas de unificación del curriculum10, sistemas informáticos compartidos para la gestión de la información (sigeva) son algunas de las herramientas que se elaboraron en conjunto entre los diversos actores del Complejo.

En ese marco, en octubre de 2011, el Programa de Incentivos convocó a un llamado especial a categorizar para aquellos docentes-investigadores que:

a) hubieran retornado al país y al ámbito universitario a través de programas oficiales de reinserción implementados por las universidades u organismos oficiales de ciencia y tecnología, b) no tuvieran una categoría vigente, c) nunca hubieran obtenido una categoría o la hubieran perdido por no presentarse en las convocatorias anteriores, d) no se hubieran presentado en 2009 por no cumplir con la exigencia relativa al cargo docente mínimo necesario para obtener una categoría superior, requisito exceptuado posteriormente. Este último proceso de categorización obtuvo una amplia participación, que alcanzó a 5.539 postulantes, superando las expectativas de la Coordinación del Programa.

Evolución del Programa de Incentivos a dos décadas de su implementación

En el siguiente apartado, se presenta y analiza por medio de indicadores cuantitativos la situación de los destinatarios directos del Programa de Incentivos: los docentes-investigadores y las instituciones de educación superior en el transcurso de dos décadas de vigencia de esta política.

Los docentes-investigadores

Un primer indicador que se espera conocer es aquel referido a la cantidad de investigación que el Programa logró promover. Al respecto, consideramos que uno de los efectos del Programa de Incentivos fue, precisamente, introducir la figura del docente-investigador, es decir, de un docente universitario que efectivamente realizaba tareas de investigación.

Antes de la creación del Programa, se consideraba que sólo los docentes que eran investigadores de otros organismos del Complejo Científico-Tecno- lógico y desempeñaban funciones docentes en la universidad pública o que poseían una dedicación exclusiva, además de enseñar, desarrollaban actividades de investigación; no obstante, esta situación no siempre se condecía con la realidad ni se replicaba de manera similar en todas las instituciones universitarias. Sobre todo, no siempre ocurría en aquellas universidades o facultades en donde prevalecían las carreras de corte profesional o un marco en el cual no había instancias de evaluación de la trayectoria en investigación del docente. De esta manera, la investigación que se realizaba quedaba no sólo invisibilizada sino subvaluada por la propia universidad.

En este mismo sentido, según Carullo y Vaccarezza (1997), el Programa introdujo elementos claves que redefinieron, en el conjunto del medio académico, nuevos criterios de valoración: en particular, generó una identidad institucional para la investigación introduciendo el concepto de «docente-investigador». El término implantó una modificación sustancial en la estructura social académica: no se trata de docentes que hacen investigación, sino de investigadores universitarios de pleno derecho; ya no se trata de investigado- res de otra organización que enseñan en la universidad, sino de investigado- res de la misma universidad.

Ahora bien, si consideramos que la cantidad de docentes-investigadores da cuenta explícitamente del «volumen» de investigación que existe en el conjunto del sistema universitario argentino, tal como muestra el Gráfico 1, se observa una variación significativa a lo largo del período que termina con un número elevado de participantes.

En principio, se advierte un aumento constante de docentes-investigadores que perciben el incentivo desde 1994 hasta 1996 debido a que las convocatorias fueron anuales, con lo cual, luego de cada llamado a categorización aumentó el número de incentivados. A partir de 1997, se observa un descenso paulatino de incentivados. Dicha situación debe entenderse en el marco de un contexto de revisión del propio Programa, examen de las categorías otorgadas y de la forma de implementación del mismo que ocasionó una más rigurosa observación de los requisitos cumplidos. Luego del llamado a categorización de 1998, aumentó de forma notable la cantidad de incentivados, alcanzando en el año 2001 ?año en que se incorporan la totalidad de los resultados del proceso iniciado en 1998? la cifra más relevante de incentivados desde los orígenes del Programa.

De tal modo, se observa que, de 11.199 docentes incentivados, se pasa en 2001 a un total de 19.507, aumentando un 75%. A su vez, debemos considerar que existen docentes-investigadores que no perciben el incentivo económico pero se encuentran categorizados11, con lo cual la cifra es aún mayor. En 2002, nuevamente desciende la cantidad de incentivados, en este caso, debido al período de crisis en que entra el Programa, al igual que, en general, diversas políticas públicas.

Gráfico 1. Docentes-investigadores incentivados (1994-2011)

Fuente: elaboración propia en base a Anuarios SPU.

Luego del descenso marcado entre 2001 y 2004, nuevamente el Programa reúne un volumen importante de incentivados y se advierte una estabilidad en el tiempo, sólo interrumpida por un aumento producto de la incorporación de resultados de procesos de categorización (2005 y 2010) ?los resultados del llamado de 2011 se encuentran parcialmente incorporados?. De este modo, de

16.545 incentivados en 2004 se pasó a 23.505 en 2011, es decir que hubo un crecimiento del 30%. No obstante, la característica destacada en esta segunda década del Programa es la proporción en aumento de los categorizados. Mientras que en 1996 se registraron 18.878 incentivados, de aproximadamente un total de 26.000 categorizados (Palacios et al, 1998), en 2009 el Programa contó con 19.187 incentivados sobre un total de alrededor de 32.000 categorizados (spu, 2010). Hacia 2011 se contabilizaron 23.505 incentivados de 40 universidades nacionales, mientras que el total de categorizados ascendió a 38.618, es decir que un 33% del total de docentes de universidades de gestión pública participaba del Programa de Incentivos (spu, 2011).

En relación con la distribución de las categorías equivalentes de investigación (cei), se advierten cambios significativos, en particular, producto de la incorporación de la categoría III en 1998 (Gráfico 2), mediante la creación de un Manual de Procedimientos. A partir del año 2000 –en que se incorporan los resultados del llamado a categorización de 1998? la cei iii pasó a representar una proporción de 55% del total de los incentivados. Por su parte, las categorías i y ii redujeron su participación de 31% en 1994 a 21% en 2003.

Gráfico 2. Incentivados según categoría equivalente de investigación 1994-2003

Fuente: elaboración propia en base a Anuarios SPU.

Entre 2004 y 2010 (Gráfico 3) no se observan cambios relevantes respecto a la distribución de las cei. Las categorías inferiores (iv y v) continúan representando un 50% del total, mientras que las superiores i y ii no sobrepasan el 22%. Las cei iii constituyen la mayor proporción de los incentivados desde su creación en 1998.

Gráfico 3. Incentivados según categoría equivalente de investigación 2004-2010

Fuente: elaboración propia en base a Anuarios spu.

Respecto de las grandes áreas del conocimiento a las cuales pertenecen los docentes-investigadores incentivados, puede observase también una continuidad en la proporción que cada una de ellas representa dentro del total. El postulante, al momento de presentarse para ser evaluado, consigna en cuál de las 19 áreas disciplinares12 desea ser calificado; las mismas luego se agrupan en cinco grandes áreas hasta el año 2000 y en seis a partir del 2001. Respecto de esta clasificación, cabe destacar que es arbitraria y que responde a la necesidad de dar cuenta con el mayor nivel de especificidad de los perfiles de investigación de los docentes-investigadores de las universidades nacionales (Piñero, 2012).

Gráfico 4. Incentivados según área de conocimiento 1996

Fuente: elaboración propia en base a Anuarios SPU.

A partir del Gráfico 4 se advierte que las dos grandes áreas del conocimiento que más incentivados reunieron en 1996 fueron Ciencias Naturales y Exactas y Humanidades y Ciencias Sociales. Una distribución similar se observa en el período siguiente. El Gráfico 5 muestra que, nuevamente, dos áreas reúnen más del 50% de los incentivados: Ciencias Naturales y Exactas y Ciencias Sociales. Por su parte, las restantes 4 áreas reúnen aproximadamente un 10% del total cada una. Esta distribución da cuenta de cuáles han sido las disciplinas que, históricamente, han logrado un mayor desarrollo de la investigación dentro de las universidades.

Gráfico 5. Incentivados según área de conocimiento (2001-2010)

Fuente: elaboración propia en base a Anuarios SPU.

Ahora bien, los efectos del Programa de Incentivos no sólo han recaído sobre los docentes-investigadores universitarios, sino también sobre el amplio y diverso conjunto de instituciones que componen el sistema universitario de gestión pública en el país. Sus autoridades y, sobre todo, sus secretarías de ciencia y técnica han sido actores clave para la administración e implementación del Programa desde sus orígenes. Actividades que van desde la difusión de los llamados a categorización, la organización y coordinación del sistema de evaluación, hasta la comunicación de los resultados han quedado en manos de autoridades universitarias.

Las instituciones

El Programa de Incentivos constituyó una medida de política destinada exclusivamente a las universidades nacionales13 y públicas. Una de las características distintivas de las mismas en Argentina es que reciben fondos del Estado pero, al mismo tiempo, gozan de considerable autonomía de gobierno y son autárquicas administrativamente. Sin embargo, el hecho de que los fondos provengan de la tesorería general abre la posibilidad de que las autoridades utilicen su política de asignación para enviar señales y crear incentivos que promuevan determinadas cuestiones que el gobierno nacional considere dentro del marco de su política. Específicamente, el Programa de Incentivos constituyó un instrumento de asignación de fondos de manera competitiva (García de Fanelli, 2012).

Desde sus inicios, en el Programa participaron docentes de todas las instituciones universitarias públicas del país, 31 universidades participantes en 1995 y 40 instituciones en 2011. A continuación, presentamos dos maneras de examinar el nivel de participación de cada universidad en el Programa: de un lado, consideramos la cantidad de docentes-investigadores incentivados que posee cada institución; de otro lado, la cantidad de incentivados en relación a la planta docente de cada universidad.

Tabla 3. Porcentaje de Incentivados según universidad (1998-2009)

Fuente: elaboración propia en base a Anuarios SPU.

En primer lugar, a partir de la Tabla 3, puede advertirse que durante todo el período, diez universidades nacionales han reunido alrededor del 70% de los incentivados; más aún, sólo cinco de ellas (uba, unlp, unc, unr y unt) han sumado aproximadamente el 45% del total. Si bien el Programa de Incentivos se ha caracterizado, desde sus inicios, por una amplia participación del con- junto de las instituciones del sistema, la cantidad de incentivados ha sido mayoritaria en aquellas universidades más antiguas y de reconocida trayectoria en investigación. Sin embargo, la circunstancia de que en dichas universidades se concentre una porción importante del número total de incentivados se explica, también, por ser éstas las instituciones con planteles docentes más numerosos.

Con el objeto de considerar dicha situación, elaboramos un indicador que muestra el porcentaje de la planta docente de cada universidad que se encuentra incentivado. A continuación, se presenta la Tabla 4 que indica la posición de las diez primeras universidades con mayores valores en este indicador durante el período. En cada año, la posición de cada universidad varía, pero en los diez primeros puestos se ubican, a lo largo de todo el período, las mismas instituciones.

Tabla 4. Porcentaje de la Planta Docente que percibe el incentivo14 según universidad (1998-201015)

Fuente: elaboración propia en base a Anuarios spu.

A partir de la Tabla 4 se observa cuáles son las universidades donde el Programa de Incentivos constituye una política pública relevante, tanto para los docentes-investigadores como para la institución y las áreas del conocimiento que allí se desarrollan. Nótese que sólo la Universidad Nacional de Tucumán (unt) es una de las instituciones que mayores incentivados reúne y, a la vez, que posee una proporción importante de su planta docente incentivada. Para las diez universidades de la Tabla 4, la proporción de sus docentes que se encuentran incentivados va desde, aproximadamente, un 25% a un 50%.

IV.3. El sistema universitario

Por último, cabe resaltar dos efectos provocados por el Programa de Incentivos que, aunque no permiten ser medidos en el tiempo, impactaron de manera notoria en el conjunto del sistema universitario.

En primer lugar, la configuración de estructuras de trabajo colectivas. Uno de los objetivos planteados en el decreto de creación fue promover el trabajo colectivo de los investigadores, con lo cual, se estableció como requisito para participar del Programa, formar parte de un proyecto de investigación. La evaluación de los mismos se realizaba ex ante para acreditarlos o ex post para otorgar una valoración sobre las actividades declaradas en los informes parciales y finales. En principio, los proyectos podían radicarse en diversas instituciones públicas de investigación, pero se promovió fundamentalmente la localización en universidades públicas. Aquellos docentes que se encontraban realizando investigación pero no contaban con financiamiento específico, debían formalizar dicha actividad acreditando su proyecto ante las entidades habilitadas. El Programa introdujo, así, en el ámbito de la gestión universitaria, un sistema de acreditación y evaluación de proyectos de investigación; si bien en aquel momento había algunas universidades que ya contaban con mecanismos similares, la mayoría no poseía un procedimiento estandarizado y sistemático que brindara confiabilidad y legitimidad a la actividad de investigación en la institución. En este sentido, también las propias universidades comenzaron a organizar y gestionar un caudal de información sobre las actividades que realizaban sus docentes referidas a la investigación, con el cual no todas contaban previamente.

En segundo lugar, el Programa de Incentivos trajo como consecuencia la creación de parámetros e instancias de evaluación propias del ámbito universitario. Hasta inicios de la década de 1990, la evaluación de la investigación en la universidad con criterios homogéneos y explícitos estaba escasamente desarrollada; esto provocó que, en general, fueran instituciones extra-universitarias las que definieran criterios, procedimientos y organismos de evaluación para las actividades que se desarrollaban dentro la universidad. Eso indujo a que, por ejemplo, los investigadores de las universidades no gozaran del prestigio de los investigadores de organismos como el conicet porque los procedimientos de evaluación de éste resultaban más rigurosos y con- fiables. Luego de dos décadas de vigencia, el Programa de Incentivos ha contribuido a la discusión y a la práctica casi permanente de la evaluación de la investigación en la universidad. Más aún, en el marco del Programa se han desarrollado diversos mecanismos y elementos propios de la evaluación de la investigación en la universidad: un Banco de Evaluadores a nivel nacional, Comisiones multidisciplinares, Grillas de Evaluación, criterios cualitativos específicos, parámetros consensuados y transparentes para evaluados y evaluadores.

En ese sentido, Piñero (2012) señala ?en relación a las Comisiones multidisciplinares? que el artículo Nº 17 del Manual de Procedimientos, reformado en 2008, es realmente innovador en el planteo del proceso de evaluación, ya que revela una concepción avanzada de la ciencia, donde más allá de las especificidades propias de cada campo disciplinar, se ponen en diálogo tradiciones científicas de diversa naturaleza, y ese proceso no hace más que brindar una mayor integralidad al proceso de evaluación mismo, a la vez que minimiza conductas endogámicas propias de ciertas culturas científicas tradicionales.

Reflexiones finales sobre la continuidad del Programa de Incentivos

En este artículo hemos presentado nuestra lectura sobre el Programa de Incentivos luego de transcurridas dos décadas desde su creación, buscando responder cómo ha sido su devenir histórico a la luz de las transformaciones de las políticas universitarias y científico-tecnológicas. En un primer momento, identificamos y caracterizamos las dos diferentes etapas dentro de las cuales se ha implementado esta política. En una primera etapa, en el con- texto de las reformas neoliberales, el Programa surge (1993), se consolida (1998) y entra en crisis (2001) al igual que varias políticas públicas adoptadas en ese período; más aún, durante el último año, el desfinanciamiento lo lleva prácticamente a su desaparición. En una segunda etapa, que se inicia a mediados del año 2002, el Programa es puesto nuevamente en marcha y, en particular a partir de 2003, se impulsan los mecanismos para nuevos ingresos y promociones para los docentes-investigadores; finalmente, en 2009 el Pro- grama vuelve a mostrar signos de afianzamiento. A veinte años de su diseño e implementación, lo consideramos como una política exitosa, que alcanzó varios de los objetivos declarados.

En primer lugar, las diversas actividades vinculadas con la investigación, realizadas en las universidades de gestión pública en Argentina, han adquirido una mayor dimensión, visibilidad y legitimidad. Por un lado, la cantidad de participantes del Programa de Incentivos brinda una noción inmediata de la magnitud de la investigación que tiene lugar en el conjunto del sistema universitario de gestión pública; asimismo, el incremento constante de docentes-investigadores muestra, a su vez, la capacidad de convocatoria y la validez institucional del Programa. Por otro lado, la implementación de un sistema de reconocimiento en términos materiales ?monto económico? y simbólicos

?cei? en el ámbito universitario le ha otorgado transparencia y legitimidad a la investigación realizada en la universidad, tanto hacia el interior como hacia el exterior de la propia comunidad académica. Asimismo, la amplitud de la dimensión de las instituciones y del carácter de las áreas del conocimiento beneficiarias del Programa contribuye a la promoción federal e inclusiva de la investigación en las universidades del país.

En segundo lugar, la creación de un sistema de evaluación de la investigación y del investigador con criterios específicos para el ámbito universitario ha favorecido la incorporación, en el conjunto de la comunidad académica, de prácticas vinculadas al ámbito científico, prácticas tradicionalmente ausentes en varias universidades y disciplinas en el país. La planificación de la carrera académica, la búsqueda de consenso entre pares evaluadores de comisiones multidisciplinares, la labor de integrar un Banco de Evaluadores, la discusión sobre criterios cualitativos, grillas, puntajes y categorías entre pares, se han convertido en actividades habituales de los docentes-investigadores. En este sentido, sostenemos que el impulso que recibió la política científico-tecnológica argentina, a partir del año 2003, se encontró con universidades y docentes-investigadores en condiciones de elaborar proyectos, postular be- carios, crear y coordinar grupos de investigación y acceder a diversas líneas de financiamiento debido, al menos para algunas instituciones y disciplinas, a la experiencia adquirida por la participación en el Programa de Incentivos.

En tercer lugar, los indicadores presentados muestran que el Programa no sólo ha afectado a los docentes-investigadores sino también a las propias instituciones. Por un lado, se ha transformado en un indicador de la situación de la investigación entre las distintas universidades del país; particularmente, la cantidad de docentes-investigadores categorías i y ii pone de manifiesto la calidad y el «poder» simbólico de cada institución dentro del Programa. Por otro lado, si bien las universidades grandes y que poseen una trayectoria más extensa en investigación contienen a la mayoría de los incentivados, son las universidades medianas quienes cuentan con la mayor proporción de su planta docente incentivada, es decir que son estas universidades quienes han sabido valerse de dicha política como herramienta para estimular las actividades de investigación entre sus docentes. Asimismo, son quienes detentan una experiencia y un interés singular por el Programa, ya que para las mismas resulta una política clave.

Ahora bien, luego de dos décadas de implementación, consideramos que el Programa de Incentivos merece algunas transformaciones. En principio, afirmamos que la universidad de gestión pública en el país constituye un espacio destacado en cuanto a la realización de actividades de investigación, es decir, el objetivo central se ha cumplido. Efectivamente, la publicación de resultados científicos, la formación de recursos humanos en investigación, la formación doctoral del docente, la transferencia de conocimientos, la producción de resultados vinculados a la actividad docente, entre otras, son actividades generalizadas en las distintas casas de estudios. No obstante, consideramos que el hecho de haberse logrado el objetivo vertebrador del Programa no debe conducir a suprimirlo; sostenemos que ciertas políticas deben ser permanentes, caso contrario los objetivos alcanzados no se sostienen en el tiempo.

Sin embargo, advertimos la necesidad de perseguir a través del Programa tres cuestiones centrales: mejorar la calidad de las actividades de investigación realizadas por los docentes-investigadores, continuar con el esfuerzo por evitar la dispersión y fragmentación de la investigación en las universidades, y promover la articulación interinstitucional, es decir, la conformación de equipos de trabajo interuniversitarios. A través del sistema de evaluación del Programa pueden construirse criterios específicos que estimulen ciertos comportamientos y/o actividades por parte de los docentes-investigadores categorizados.

Paralelamente, consideramos que una medida que debe implementarse con celeridad es el aumento del presupuesto destinado al Programa. Si bien sostenemos que el monto económico debe continuar siendo un mecanismo de financiamiento competitivo, sujeto a la evaluación periódica, creemos que la desactualización presupuestaria atenta contra su consolidación, sobre todo, en un contexto de multiplicación y diversificación de líneas de financiamiento en la universidad vía programas especiales. El presupuesto asignado desde el Ministerio de Educación demuestra la confianza de las autoridades en el Programa y refuerza, de esa manera, la solidez y legitimidad de la política.

Por último, sostenemos que las dimensiones que ha cobrado el Programa vuelven urgente el estudio de formas organizativas que permitan disminuir los tiempos empleados para llevar a cabo el proceso de categorización. De este modo, se reforzaría la estructura del sistema de evaluación, al volverse el mismo más dinámico y flexible, y se aumentarían la conformidad con el Programa y la validez y actualidad del monto económico y de la categoría asignada, una vez dados a conocer los resultados del proceso.

Notas

• Este autor identifica ocho modelos de universidad según el sitio donde fue implementado: Oxford-Cambridge, Francia, Alemania, Estados Unidos, Japón, América Latina, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y China socialista.

3. Este artículo se realizó en el marco de la Tesis Doctoral de la primera autora; no obstante, los indicadores aquí presentados fueron obtenidos, actualizados y nuevamente analizados a nivel del conjunto del Sistema Universitario argentino.

2. Ver para más detalles: Sarthou, N. (2013). Los sistemas de evaluación de la investigación y la universidad en América Latina:

¿distintos sistemas para un mismo fin?, en: Gestión Universitaria, 6(1). Disponible en: < http://www.gestuniv.com.ar/gu_16/ v6n1a1.htm > [15 de noviembre de 2013].

4. La concepción de sni surge en la década de 1980, a partir de los resultados obtenidos por investigaciones empíricas realiza- das en países altamente industrializados del Norte europeo. En términos genera- les, el enfoque del sni se basa en la red de relaciones que se establecen entre los distintos agentes e instituciones (del sector público y privado), cuyas actividades e interacciones generan, importan y difunden innovaciones, tanto organizacionales como de producto: es decir, resal- ta el carácter sistémico de la innovación. Asimismo, concibe a la innovación como un proceso interactivo, acumulativo e institucionalizado y se basa prioritariamente en las empresas como protagonistas de los procesos de innovación (López, 2002).

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5. La primera mitad de la década de 1990 representó un escenario de marcada restricción financiera y cambios sucesivos en la dirigencia de los cuatro organismos públicos principales en materia de ciencia y tecnología: el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (conicet), la Comisión Nacional de Energía Atómica (cnea), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (inti) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (inta). El escenario de desfinanciamiento llevó a estos organismos a la búsqueda de recursos externos para financiar sus di- versas actividades, pero el recurrir a diferentes fuentes de financiamiento condujo a un proceso de fragmentación interna de estas instituciones (Hurtado de Mendoza, 2010). Volver al texto

• El cin fue creado por decreto del presi- dente Raúl Alfonsín en diciembre de 1985. Durante sus primeros diez años de vida, nucleó, exclusivamente, a las universidades nacionales que, voluntariamente y en uso de su autonomía, se adhirieron a él como organismo coordinador de políticas universitarias. A partir de la sanción de la nueva Ley de Educación Superior, en 1995, se incorporaron los institutos universitarios y las universidades provinciales reconocidas por la Nación. El cin es el ór- gano de consulta obligada en la toma de decisiones de trascendencia para el sistema universitario argentino. Volver al texto

• Este ministerio recibió distintas denominaciones durante los años de implementación del Programa de Incentivos: Ministerio de Cultura y Educación entre 1993 y 1999, Ministerio de Educación entre 1999 y 2001, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología entre 2002 y 2007, y Ministerio de Educación desde 2007 en adelante. Volver al texto

8. Entre 1998 y 2010, los Anuarios Estadísticos de la spu no proporcionan el dato de cantidad de categorizados, sólo contienen información sobre los que perciben el incentivo. Volver al texto

9. A este total se le ha restado la suma correspondiente a los Acuerdos Salariales, debido a que, si bien se encuentra contabilizada dentro de los Recursos Adiciona- les, no constituye un programa especial. Volver al texto

• Desde septiembre de 2011, el aplicativo del CVar está disponible para toda la comunidad científica y tecnológica en el sitio web del Sistema de Información de Ciencia y Tecnología Argentina. Esta primera versión permite el intercambio de información curricular con el sigeva (conicet y/o universidades) y el acceso a la información relativa a la producción científica y tecnológica de los docentes-investigadores del Programa de Incentivos, que participaron del proceso de categorización 2009. Volver al texto

• Desafortunadamente, los anuarios de la spu no proporcionan de manera sistemática el número de categorizados.

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• Las áreas del conocimiento:1) Agronomía; 2) Antropología, Sociología y Ciencias Políticas; 3) Arquitectura; 4) Artes; 5) Biología; 6) Ciencias de la Tierra, el Mar y la Atmósfera; 7) Derecho y Jurisprudencia;

8) Economía, Administración y Contabilidad; 9) Educación; 10) Filosofía; 11) Física, Astronomía y Geofísica; 12) Historia y Geografía; 13) Ingeniería; 14) Literatura y lingüística; 15) Matemática; 16) Medicina, Odontología y Ciencias de la Salud;

17) Psicología; 18) Química, Bioquímica y Farmacia; y 19) Veterinaria. Volver al texto

• A fines del año 2010, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, dictó el decreto 1581/2010 a través del cual se amplió la participación en el Programa a los docentes de universidades públicas provinciales. Volver al texto

• Debido a la característica de la información presentada en los anuarios, sólo se ha podido construir el indicador en base a los incentivados, es decir, aquéllos que perciben el monto económico correspondiente al incentivo, quedando como faltan- te la información sobre los categorizados que no cobran incentivo.Volver al texto

15. Para los años 2005, 2006, 2007 y 2008, debido a la falta de datos sobre la cantidad de docentes según universidad en personas físicas, se aplicó el método de la estimación basado en calcular el promedio de crecimiento para cada año a partir de la diferencia entre el año 2004 y el año 2009. Volver al texto

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Autor:

Sarthou, Nerina Fernanda*;

Araya, José María J.**

Enviado por:

César Agustín Flores

Revista "Ciencia, Docencia y Tecnología" Universidad Nacional de Entre Ríos