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La renuncia a la ciudadania estadounidense: el caso de Juan Mari Bras



Introducción

El 2 de marzo de 1917 el Congreso de los Estados Unidos y el presidente aprobaron la "Carta Orgánica de 1917", la llamada "Ley Orgánica Jones", que disponía reformas para el gobierno civil de Puerto Rico. Sin embargo, "la mayor innovación de la Ley Orgánica Jones fue la de otorgar expresamente la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños."[1] Esta "otorgación" de la ciudadanía estadounidense a los habitantes de la isla ha sido objeto de innumerables análisis históricos, jurídicos y políticos, algunos de los cuales no concurren en si la ciudadanía fue otorgada o fue unilateralmente impuesta por el gobierno de los Estados Unidos.[2] Las razones para la concesión o imposición de la ciudadanía son variadas de acuerdo al análisis y la perspectiva política sobre los hechos. Según analistas como Juan Manuel García Passalacqua, hay razones de "guerra" expuestas desde una perspectiva nacionalista, como la de Pedro Albizu Campos, Nilita Vientós, Vicente Geigel Polanco y Manuel Maldonado Denis, que enfatizan la necesidad de soldados puertorriqueños para la Primera Guerra Mundial. Passalacqua señala también, razones "estratégicas" que responden a una perspectiva "autonomista", y que enfatizan la necesidad de establecer una presencia norteamericana permanente en la isla; de acuerdo con los análisis de Arturo Morales Carrión y María Estades. Finalmente se señalan las razones de "generosidad", que provienen de una perspectiva anexionista planteada por José Cabranes y Juan Torruella, y que enfatizan la determinación norteamericana de hacer permanente su relación con la isla y los principios igualitarios del presidente Woodrow Wilson.[3]

Pese a los diversos argumentos sobre la concesión o imposición de la ciudadanía y las razones para ello, lo que si está claro es que la Ley Jones proveyó un mecanismo para que los que no aceptaran la ciudadanía estadounidense pudiesen renunciar a ella.[4] Fue por ello que de una población de más de 1.3 millones para 1917, sólo 288 personas renunciaron a la ciudadanía estadounidense según el proceso que dispuso la ley.[5] Luego de esto, el asunto de la renuncia a la ciudadanía desapareció del panorama hasta la última década del siglo XX. En el año 1993, destacadas figuras del movimiento independentista puertorriqueño decidieron poner en práctica la renuncia a la ciudadanía estadounidense. Entre éstos se destacaron el licenciado Juan Mari Brás, el profesor José "Fufi" Santori y otros. Estos puertorriqueños decidieron rechazar la ciudadanía de los Estados Unidos por diferentes métodos, creando con ello una ola de cuestionamientos sobre la ciudadanía de los E.U. y la relación de Puerto Rico con los este país. Estos cuestionamientos generaron diversos debates y escritos a nivel político y legal.

En este trabajo es de mi interés analizar los procesos de renuncia a la ciudadanía iniciados por los abogados Juan Mari Brás y Alberto Lozada Colón, los cuales motivaron a las autoridades federales y del Estado Libre Asociado a plantear sus posiciones oficiales sobre el asunto. En este análisis observaré los argumentos legales y políticos del Lic. Mari Brás, así como los de las instituciones y agencias federales. Además, observaré las implicaciones políticas del caso de Mari Brás, de acuerdo con los planteamientos de analistas y académicos.

Las discusiones sobre la ciudadanía y el caso de Juan Mari Brás

El proceso de renuncia a la ciudadanía estadounidense del licenciado Juan Mari Brás estuvo precedido por las discusiones político-legales sobre la ciudadanía de los puertorriqueños, surgidas durante el proceso de discusión sobre el estatus entre 1989-1991.[6] En aquella ocasión el asunto de la "revocabilidad" de la ciudadanía se convirtió en el tema de discusión entre los sectores políticos y jurídicos.[7] Las opiniones sobre la naturaleza de la ciudadanía estadounidense de los puertorriqueños, y si ésta era revocable o no, eran de diverso tipo. Unas enfatizaban el aspecto legal, planteando la dificultad para su revocación, mientras que otras destacaban el aspecto político y afirmaban su revocabilidad.[8]