La renuncia a la ciudadania estadounidense: el caso de Juan Mari Bras

Introducción

El 2 de marzo de 1917 el Congreso de los Estados Unidos
y el presidente aprobaron la "Carta Orgánica de 1917", la
llamada "Ley Orgánica Jones", que disponía reformas
para el gobierno civil de Puerto Rico. Sin embargo, "la mayor
innovación de la Ley Orgánica Jones fue la de
otorgar expresamente la ciudadanía estadounidense a los
puertorriqueños."[1] Esta
"otorgación" de la ciudadanía estadounidense a los
habitantes de la isla ha sido objeto de innumerables
análisis históricos, jurídicos y
políticos, algunos de los cuales no concurren en si la
ciudadanía fue otorgada o fue unilateralmente impuesta por
el gobierno de los Estados Unidos.[2] Las razones
para la concesión o imposición de la
ciudadanía son variadas de acuerdo al análisis y la
perspectiva política sobre los hechos. Según
analistas como Juan Manuel García Passalacqua, hay razones
de "guerra" expuestas desde una perspectiva nacionalista, como la
de Pedro Albizu Campos, Nilita Vientós, Vicente Geigel
Polanco y Manuel Maldonado Denis, que enfatizan la necesidad de
soldados puertorriqueños para la Primera Guerra Mundial.
Passalacqua señala también, razones
"estratégicas" que responden a una perspectiva
"autonomista", y que enfatizan la necesidad de establecer una
presencia norteamericana permanente en la isla; de acuerdo con
los análisis de Arturo Morales Carrión y
María Estades. Finalmente se señalan las razones de
"generosidad", que provienen de una perspectiva anexionista
planteada por José Cabranes y Juan Torruella, y que
enfatizan la determinación norteamericana de hacer
permanente su relación con la isla y los principios
igualitarios del presidente Woodrow
Wilson.[3]

Pese a los diversos argumentos sobre la concesión
o imposición de la ciudadanía y las razones para
ello, lo que si está claro es que la Ley Jones
proveyó un mecanismo para que los que no aceptaran la
ciudadanía estadounidense pudiesen renunciar a
ella.[4] Fue por ello que de una población
de más de 1.3 millones para 1917, sólo 288 personas
renunciaron a la ciudadanía estadounidense según el
proceso que dispuso la ley.[5] Luego de esto, el
asunto de la renuncia a la ciudadanía desapareció
del panorama hasta la última década del siglo XX.
En el año 1993, destacadas figuras del movimiento
independentista puertorriqueño decidieron poner en
práctica la renuncia a la ciudadanía
estadounidense. Entre éstos se destacaron el licenciado
Juan Mari Brás, el profesor José "Fufi" Santori y
otros. Estos puertorriqueños decidieron rechazar la
ciudadanía de los Estados Unidos por diferentes
métodos, creando con ello una ola de cuestionamientos
sobre la ciudadanía de los E.U. y la relación de
Puerto Rico con los este país. Estos cuestionamientos
generaron diversos debates y escritos a nivel político y
legal.

En este trabajo es de mi interés analizar los
procesos de renuncia a la ciudadanía iniciados por los
abogados Juan Mari Brás y Alberto Lozada Colón, los
cuales motivaron a las autoridades federales y del Estado Libre
Asociado a plantear sus posiciones oficiales sobre el asunto. En
este análisis observaré los argumentos legales y
políticos del Lic. Mari Brás, así como los
de las instituciones y agencias federales. Además,
observaré las implicaciones políticas del caso de
Mari Brás, de acuerdo con los planteamientos de analistas
y académicos.

Las discusiones
sobre la ciudadanía y el caso de Juan Mari
Brás

El proceso de renuncia a la ciudadanía
estadounidense del licenciado Juan Mari Brás estuvo
precedido por las discusiones político-legales sobre la
ciudadanía de los puertorriqueños, surgidas durante
el proceso de discusión sobre el estatus entre
1989-1991.[6] En aquella ocasión el asunto
de la "revocabilidad" de la ciudadanía se convirtió
en el tema de discusión entre los sectores
políticos y jurídicos.[7] Las
opiniones sobre la naturaleza de la ciudadanía
estadounidense de los puertorriqueños, y si ésta
era revocable o no, eran de diverso tipo. Unas enfatizaban el
aspecto legal, planteando la dificultad para su
revocación, mientras que otras destacaban el aspecto
político y afirmaban su
revocabilidad.[8]