Costa Rica. El sindicalismo bananero del Pacífico Sur en la década del 60 (página 2)

La huelga se extendió del 24 de mayo al 11 de
junio. Duró 18 días e involucró a 5.000
obreros y trabajadores de fincas, empacadoras y talleres de las
divisiones de Golfito y Puerto González Víquez. Al
día siguiente de la huelga estalló la
represión. Miembros del Comando Sur de Paso Canoas
detuvieron a más de 100 obreros y disolvieron con gases
lacrimógenos las manifestaciones, mítines y
piquetes en fincas 6 y 10. El 26 de mayo, una
manifestación de más de 1.500 obreros que
presionaban la paralización de los talleres
mecánicos, generó un enfrentamiento con la
policía con saldo de varios heridos. El Comité de
huelga explicó que los trabajadores, cubiertos con
pañuelos, recogían las bombas en el aire y las
devolvían a los guardias. Después de dos
días de violencia, la UTG logró un pacto con la
policía. Se liberaría a los obreros encarcelados y
los trabajadores no ejercerían represalias contra los
rompehuelgas y la policía. El clima de violencia se redujo
en los días siguientes.

La solidaridad sindical, estudiantil, comunal, de
organizaciones cristianas y partidos políticos tanto de
origen nacional como internacional, correspondió en
abundancia con el éxito de la protesta y la
neutralización de la represión. La expresaron por
escrito al menos 18 entidades sindicales y políticas, 10
sindicatos internacionales y agrupaciones religiosas de 35
países de América Latina y Estados Unidos. Los
trabajadores de la Chiriquí Land Co. de Panamá y
los sindicatos bananeros de Bocas del Toro y de fincas de
productores independientes de Dibalá enviaron documentos
de apoyo. A pesar de eso, el 1 de junio un desfile obrero y
estudiantil organizado por la UTG, la CGT y la FEUCR, infiltrado
en apariencia por elementos del Movimiento Costa Rica Libre,
generó un disturbio que produjo apedreas en las oficinas
de la Compañía Bananera, con saldo de un centenar
de heridos leves, lesionados y encarcelados.

La huelga se levantó el 11 de junio tras varias
mediaciones del Presidente Figueres y el Ministro de Trabajo, su
yerno Danilo Jiménez Veiga. El acuerdo que puso fin a la
protesta reconoció a la UTG como sindicato mayoritario de
la UFCo en el Pacífico Sur. La frutera adquirió el
compromiso de respetar la libertad sindical, no ejercer
represalias, reconocer un 15% de aumento salarial, pago de los
salarios caídos, y firmar la convención colectiva.
El nuevo instrumento legal entró en vigencia a partir del
27 de agosto de 1971.

C.2 UBICACIÓN HISTÓRICA DEL
MOVIMIENTO

El sindicalismo bananero de la década 60-70 se
ubica en proceso ascendente de lucha social cuyo rasgo
sobresaliente es la consolidación de los nuevos grupos de
burguesía nacional vencedores en la Guerra Civil de 1948.
Como tales, con capacidad y poder político e institucional
para adecuar la estructura del Estado a sus propias necesidades
de acumulación y reproducción del
capital.

No obstante, en cuanto la burguesía
oligárquica mantuvo el control de la propiedad de la
tierra, el comercio exterior y el capital usurario (en 1956 el
financiamiento de la actividad cafetalera estaba controlado en un
30% por los beneficiadores exportadores) en esencia estrecha
alianza con el capital norteamericano; el sector burgués
emergente se fortaleció sobre todo con las inversiones de
capital extranjero en ofensiva sobre el mercado latinoamericano
en el marco de la Alianza para el Progreso (la deuda externa
pasó de 4093.504.000 en 1950 a 1.589.0000 en 1981); la
captación de dinero capital de otros sectores sociales
ahorrantes y de la acumulación de plusvalía
derivada de la diversificación agropecuaria especialmente
en ganado, granos, azúcar, maderas y productos para el
mercado interno.

El proyecto original de ese mismo sector burgués,
encaminado a impulsar un proceso de "sustitución de
importaciones" tendiente a la expansión del sector
manufacturero y fabril, tuvo alguna autonomía en la
década del 50. Creció el número de
establecimientos industriales, la fuerza de trabajo obrera y su
aporte a la producción de consumo interno. No obstante, el
proceso fue incorporado al proyecto mayor de dominación
imperialista por la vía del Mercado Común
Centroamericano, en el cual, las transnacionales del banano
serían unas de las principales usufructuarias, entre ellas
la UFCo, dado el estancamiento de la producción de fruta
desde 1954 y la aparición de la competencia de otras
empresas fruteras.

La UFCo participó en el ese proceso a partir de
1965 a través de la concentración horizontal de sus
inversiones. Utilizó grandes extensiones de tierra en la
producción de materias primas para sus industrias
complementarias de productos alimenticios; trasladó gran
parte de capital a la producción de alimentos, transporte,
plásticos, aceites y maderas, y amplió su control
sobre la comercialización terrestre, aérea y
marítima de sus productos. En cuanto "empresa integrada al
MCCA", se benefició de las nuevas regalías
otorgadas al capital imperialista en los tratados de
integración y redujo sus obligaciones tributarias,
ampliando así la succión y transferencia de
ganancias a su casa matriz.

El proceso creó una nueva inserción de los
intereses imperiales en la sociedad nacional y centroamericana.
Esta vez, por medio de los nuevos grupos burgueses imbricados a
las fracciones de las burguesías agrarias tradicionales y
a los modernos empresarios de la industria y las finanzas;
algunos de ellos como los productores nacionales de banano,
íntimamente dependientes de las trasnacionales fruteras.
En esa perspectiva, la lucha de los trabajadores de las regiones
bananeras, del movimiento precarista campesino, de las
comunidades periféricas y en particular de los obreros de
la palma, los ferrocarriles y el banano expresan con claridad la
esencia antiimperialista de sus reivindicaciones y su
carácter de aliados potenciales a los procesos de
transformación anticapitalistas.

No obstante, el descenso de las inversiones en el
cultivo del banano y la aparición de nuevas formas
productivas para las cuales la oferta de asalariados era
imprescindible fuera del control de la frutera, como en la
agricultura comercial familiar, además de las nuevas
tecnologías bananeras, redujo el número de
trabajadores del enclave y aumentó la sobre
explotación, a tal grado que en 1963 el 42% de la fuerza
de trabajo de Osa, Aguirre y Golfito no recibía salarios
en efectivo.

En esa perspectiva de proletarización, las luchas
por la tierra y por la libertad de organización sindical
pasaron a primer plano, en cuanto se trataba de contener la
ofensiva antiobrera y reformista de los gobiernos, en particular
de Liberación Nacional. Asimismo, esas reivindicaciones
quedaron necesariamente ligadas a la lucha por la libertad de
organización política, es decir, por la
eliminación del Art. 98 de la Constitución de 1949,
en cuanto obstáculo para la autonomía del
movimiento obrero y popular. El carácter económico
y social de la primera convención colectiva a la UFCo.
surgió del aumento en la tasa de explotación que
acompañó la modernización del enclave, ante
el cual, la legalización de las luchas sindicales era la
forma más viable de defensa de los intereses de los
trabajadores y de la soberanía del Estado sobre el
monopolio frutero.

Estas luchas se circunscribieron al nivel antipatronal,
pues no podía ser de otra forma, en el marco legal del
sindicalismo. La huelga de 1971 tuvo alguna vinculación
con el conjunto del movimiento sindical dirigido por la CGTC y
por la CTRN; con las luchas electorales del Partido Vanguardia
Popular e incluso con el despertar de la solidaridad en algunos
diputados y políticos no comunistas. Se hicieron sentir en
las solidaridades de las Juntas Progresistas y las Asociaciones
de Desarrollo Comunal creadas desde 1967, en el movimiento
estudiantil y con los movimientos de liberación
anticolonial y antiimperialista, particularmente con la
Revolución Cubana. Finalmente, la huelga de 1971
fortaleció la tendencia hacia la unidad sindical
auspiciada desde 1968 por el Comité de Unidad Sindical
(CUS) con miras a la coordinación de las luchas de los
obreros agrícolas, del sector de empleados públicos
y en la elaboración de un programa electoral de
orientación desarrollista, con participación
interventora del Estado en reformas sociales, y con algún
aliento nacionalista de clases medias y burguesas.

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Autor:

Lic. Carlos A. Abarca
Vásquez

Huetares, Horquetas de
Sarapiquí

28 de enero de 2013

Caav/cc.