La Renta Básica Universal y el hombre olvidado (página 4)

Los cambios que se
producirán a largo plazo en el mercado laboral hacen que cada vez más
economistas y sociólogos consideren necesaria la implantación de la renta
básica universal en España, con lo que es previsible que esta medida vuelva a
estar presente en el debate público durante los próximos años.

Aunque ningún partido
político la defiende sin reservas, en el mundo académico hay algunos expertos
que dicen que la renta básica universal ya es imprescindible para terminar con
la desigualdad social en el país y que lo será más en el futuro, debido a la
destrucción de empleo que se producirá como consecuencia de la robotización de
los procesos productivos.

Unos opinan que esta
medida podría financiarse a través de una reforma del impuesto sobre la renta
de las personas físicas (IRPF), además de con el ahorro que supondría la
desaparición de todas las prestaciones públicas monetarias inferiores a la
nueva figura, aunque otros consideran que su elevado coste pone en duda su
viabilidad.

El
catedrático de la UNED Juan Antonio Gimeno Ullastres explica que la renta
básica universal -una asignación monetaria incondicional para todo ciudadano o
residente acreditado-, o alguna fórmula semejante, “es absolutamente necesaria
para mejorar el sistema, abaratar sus costes y ser más eficiente”, más todavía
cuando “no se crean puestos de trabajo para toda la población”.

El profesor
de la Universidad de Barcelona y autor de varios estudios sobre la renta básica
universal, Daniel Raventós, coincide con este planteamiento y advierte de que
la robotización del mercado laboral hará más necesaria la renta básica en el
futuro, debido a la destrucción de empleo que se producirá.

En este
sentido, Raventós señala que millones de puestos de trabajo a nivel mundial, y
cientos de ellos si se habla de un país, pueden quedar suprimidos en la próxima
década por ser mecanizados o robotizados, “y lo que es más importante, que
estos puestos de trabajo no van a quedar compensados por los que se van a crear
con los nuevos modelos productivos”.

Por el
contrario, el profesor del IESE Antonio Argandoña señala que “medidas como la
renta básica podrían ser una solución a corto plazo”, además de que no sería
del todo necesaria si se consigue que la población se adapte a las nuevas
condiciones del mercado laboral mediante la formación.

Sobre cómo
podría financiarse, Gimeno destaca que solo con las prestaciones que serían
“absorbidas” por la nueva medida ya se podría garantizar una renta básica
mínima para el 50 % de la población, aunque fuera en una cifra no muy elevada.

Según
Gimeno, “podría financiarse a coste cero totalmente para el tercio más
necesitado de la población e ir descendiendo en la cuantía neta percibida para
el resto, hasta anularse en los niveles más altos de renta”, ya que se
devolvería de forma progresiva en el IRFP.

Por el
contrario, Argandoña considera que implantar una renta básica universal en
España “es posible aunque no fácil” porque, en su opinión, esta medida se
pondría en marcha “a costa de una subida de impuestos que sería muy difícil de
conseguir sin que tenga un resultado económico adverso en el país”, o mediante
la reducción de otros gastos.

En la misma
línea, el catedrático de Economía de la Universidad de Zaragoza e investigador
de Funcas Eduardo Bandrés señala que el principal problema de un programa de
estas características “es el coste y, por tanto, su viabilidad”.

Bandrés destaca que
estimaciones realizadas por algunos economistas calculan que el coste superaría
los 300.000 millones de euros, si bien al sustituir otras prestaciones
existentes, el coste neto estaría por encima de los 200.000 millones, cifra que
corresponde aproximadamente con el 20 % del PIB.

En su opinión, esto
“exigiría un aumento de la presión fiscal de tal calado, o un déficit de tales
dimensiones, que harían que la renta básica fuera políticamente inviable”.

Según
Argandoña, el reto a la hora de diseñar la renta básica es “que no sea una
motivación para dejar de trabajar”, algo que se produciría si la cuantía es
demasiado elevada, porque podría caerse en “pagarle a alguien la sopa boba”, lo
que “no es sostenible” y sí “una utopía”.

Por el contrario,
Raventós cree que este planteamiento “es pura ignorancia” y añade que la
implantación de la renta básica universal supondría “sin ninguna duda” un
cambio en el mercado laboral porque “los trabajadores ganarían en poder de
negociación”, además de que “habría muchos empleos en los que se ofrecerían
salarios más elevados”.

–
Finlandia, laboratorio mundial de la renta básica universal (El País – 29/12/16)

(Por
Belén Domínguez Cebrián)

La
automatización de la fuerza laboral crece a toda velocidad en el siglo XXI. Y
la primera consecuencia es dramática: pérdida de empleos tradicionales que
ahora, por un coste laboral cero, son desempeñados por máquinas, como por
ejemplo los lavacoches o los camareros que toman la orden en un restaurante. Finlandia ha decidido empezar a prepararse para el futuro,
experimentando con nuevas redes de seguridad. El país nórdico será en 2017 el
laboratorio mundial de lo que se ha bautizado como la renta básica universal.
Es decir, recibir una cantidad de dinero al mes porque sí. Se tenga empleo o
no. En un programa piloto que durará dos años, 2.000 ciudadanos recibirán a
partir de enero 560 euros al mes solo por existir.

 “Para
revolucionar algo tan grande, tan tradicional y tan fundamental como son las
retribuciones hay que experimentar primero”, señala Roope Mokka, cofundador de
Demos Helsinki, el primer think tank independiente de los países nórdicos. En
un país calvinista en el que la cultura de la responsabilidad se respira en
cada esquina, esta remuneración adicional es vista por expertos, políticos y
ciudadanos no como un regalo, sino como una oportunidad para engrasar la
economía y animar a la población a iniciar negocios, explica este joven
finlandés durante una mesa redonda en Slush, un evento que congrega cada año a
centenares de start-ups, compañías e inversores mundiales y que se ha
convertido en un acontecimiento clave para la economía finlandesa que hoy
por hoy continúa luchando por salir de una profunda recesión.

Pero
aún con un horizonte difícil -la Comisión Europea le augura un crecimiento del
0,9% del PIB para el año que viene-, el Gobierno conservador finlandés es
pionero mundial en implantar la renta básica. Una selección de 2.000 ciudadanos
recibirán a partir del próximo enero, y durante dos años, 560 euros al mes.
“Los análisis más fiables tardarán en llegar al menos seis años más”,
predice el experto. En Oakland (EEUU) serán mil familias las que
recibirán 500 euros mensuales y Utretcht, en Países Bajos, experimentará
también ésta fórmula en 2017. Eso sí, Finlandia es de los pocos países
en la Unión Europea (UE) que no goza de un salario mínimo interprofesional, al
igual que los países escandinavos. Su PIB per cápita, en cambio, es de los
más altos de la Unión incluso en tiempos convulsos: 38.200 euros en 2015 (año
en el que el déficit alcanzó el 2,8% del PIB) frente a los 23.200 de España,
según la página web datos macro.

Empleos
más caros

Para que la idea de renta básica que a muchos les puede parecer
utópica se convierta en realidad lo que se necesita es financiación. El experto
sostiene que lo primero que las empresas y los Gobiernos deberían hacer es
asegurar que “los trabajos se paguen caro”, además de llevar a cabo una reforma
en el sistema impositivo que grave aún más a las rentas altas. “La propiedad
inutilizada, bienes, deficiencia energética, edificios… hay muchas cosas a
las que se le pueden aplicar más impuestos”, enumera Mokka de forma improvisada
aunque con un gran conocimiento de lo que habla.

De
lo contrario, y como ocurre por ejemplo en España -donde el Gobierno de Mariano
Rajoy (PP) acaba de subir el salario mínimo a 707,6 euros, la mitad que en
Francia, según Eurostat-, seguir trabajando y recibir este complemento
salarial “no compensaría” y fomentaría la desocupación, un argumento que a
Mokka no le convence. Sí cree, sin embargo, que ahí se sitúa una de las claves
para el buen funcionamiento de la renta básica universal: “Hay que empezar a
asumir que no todo el mundo puede tener un trabajo porque estamos compitiendo
contra las máquinas, y ellas siempre ganarán”. El director de Tekes, la
agencia pública que invierte en innovación en este país de poco más de cinco
millones de personas, Jukka Häyrynen, sostiene que la seguridad en el trabajo
es algo que se está perdiendo a nivel global, lo que él ve con cierto
positivismo: “Esto es un ingrediente para emprender”, señala.

Un estudio que la Universidad de Oxford elaboró en enero de 2016, el
47% de la fuerza de trabajo humana en los países de la OCDE está en riesgo de
desaparecer por la automatización y los avances tecnológicos. “Tenemos la
necesidad de integrar a toda la gente desocupada en nuestra sociedad y en lugar
de subsidios por desempleo, la renta básica suena como una buena idea”,
defiende Juhana Aunesluoma, director de investigación de estudios europeos en
la Universidad de Helsinki desde una sala en el Ministerio de Exteriores. Algo
que no le pareció a Suiza el pasado junio cuando rechazó mediante referéndum
esta iniciativa.

Pero
los Gobiernos -especialmente los del sur de Europa– están hasta cierto punto
“obsesionados”, dice Mokka, con llegar al pleno empleo en detrimento de la
búsqueda de alternativas para que el dinero entre en los hogares (y en el
sistema) y para que los desempleados por la automatización del trabajo se
mantengan ocupados y reinviertan su tiempo.

–
560 euros al mes: Finlandia inicia su experimento con la renta básica
universal (El Confidencial – 3/1/17)

(Por
Antonio Martínez)

2.000
parados. 2 años. 560 euros al mes. Por cabeza. Libres de impuestos. Sin
condiciones. Finlandia se ha convertido este enero en el primer país del mundo
que experimenta, a pequeña escala, con la Renta Básica Universal (RBU). El
objetivo es ver si este concepto revolucionario podría llegar a ser viable en
un mundo en el que el trabajo -sobre todo el estable y a jornada completa- es
cada vez un bien más escaso debido a la mecanización y la digitalización. Muchos
ojos desde todo el mundo siguen con atención el proyecto piloto finlandés.
Porque la idea polariza. Hay una avanzadilla que lo aplaude por liberalizador.
Y un cerrado sector de opositores que lo tacha de socializante, inaplicable y
ruinoso.

Hace
apenas unos días 2.000 personas de toda Finlandia recibieron sendas cartas del
Kela, el Instituto de la Seguridad Social nacional. Ellos habían sido
seleccionados por sorteo para participar, de forma obligatoria, en una prueba
inédita, para la que sólo se tuvieron en cuenta dos criterios: encontrarse
desempleados en noviembre de 2016 y tener entre 25 y 58 años. Los elegidos van
a recibir entre enero de 2017 y diciembre de 2018 un ingreso básico de 560
euros no condicionado. A nada. Ni a su situación laboral o familiar ni a los
ingresos que pudiesen tener. Por elevados que sean. Y esa RBU está
absolutamente libre de impuestos.

Marjukka
Turunen, jefa del departamento Legal del Kela, explica en una entrevista en el
diario finés Uusi Suomi que el experimento, que cuenta con la bendición del
primer ministro, Juha Sipilä, persigue dos objetivos: dar la vuelta al sistema
de incentivos económicos para que los desempleados busquen trabajo y
simplificar la mastodóntica maquinaria burocrática que se ha ido creando para
gestionar la maraña de ayudas y subvenciones públicas de este Estado del
Bienestar nórdico.

El
sistema más habitual de prestaciones por desempleo es el que entrega al parado
una cantidad mensual ligada a lo que cotizó cuando trabajaba, durante un
período de tiempo determinado. Los gobiernos establecen además una serie
de requisitos previos para poder acceder a ese dinero y unas condiciones que se
han de cumplir para seguir percibiéndolo. La teoría señala que el incentivo que
lleva a volver al mercado laboral al trabajador es la certeza de que esa ayuda
es limitada.

Lo
que quiere estudiar el Kela ahora, explica Turunen, es si resultaría efectivo
invertir totalmente la estructura de incentivos. Entregar de forma
incondicional una cantidad de dinero a esos desempleados. Una cantidad mucho
menor que el suelo medio de Finlandia -donde el suelo anual neto ronda los
36.500 euros-, pero que al no tributar supondría una ayuda financiera
significativa. Y ver cómo reaccionan los seleccionados. El Kela quiere
acabar así con el círculo vicioso en el que caen muchos desempleados, que
rechazan los trabajos a los que pueden optar con mayor facilidad -en su
mayoría, con malas condiciones- porque tras los impuestos les queda menos que
la prestación por desempleo. Consideran desde la Seguridad Social
finlandesa que con la RBU va a ser mucho más fácil para los parados dar el
salto a un nuevo primer empleo, sea a tiempo parcial o de baja remuneración.

Menor
burocracia, menor gasto

Además,
la administración espera poderse ahorrar una cantidad significativa
simplificando la administración. Desde el Kela no aportan cifras concretas.
Los receptores de ayudas por desempleo deben rellenar constantemente
formularios y reunirse con funcionarios. Eso, un trabajo tedioso y rutinario,
requiere de gran cantidad de personal y tiempo. Con el ingreso básico, este
aparato burocrático sería cosa del pasado.

Un
tercer punto es de carácter psicológico. La RBU aporta una gran seguridad
financiera, explica Turunen en una entrevista publicada por el diario alemán
Frankfurter Allgemeine Zeitung. “Da a las personas seguridad financiera. Pueden
estar seguros de que el dinero llegará puntualmente. Lo que hagan con él es
asunto suyo”, asegura. Además, este ingreso elimina de los desempleados el
estigma de las visitas regulares a las oficinas de desempleo.

Finlandia
es el primer país que juguetea a esta escala con la RBU. Pero no es el único
con el debate abierto sobre su conveniencia. En el norte de Europa
principalmente hay colectivos que están poniendo esta opción sobre la mesa. El
eco que están teniendo sus propuestas llevó hace meses al filósofo alemán
Philip Kovce a decir que, salgan o no adelante estos primeros planes, la
relevancia que se está dando a la iniciativa ya es un éxito para ellos.

En
junio Suiza votó en referéndum la introducción de la RBU. Una contundente
mayoría, más de tres cuartas partes de los participantes, rechazaron la
propuesta -lanzada por una iniciativa popular-, que abogaba por que el estado
ingresase a todos los ciudadanos, de forma automática e incondicionada, 2.260
euros libres de impuestos al mes. Holanda ha puesto en marcha un proyecto
piloto en Utrecht y otros 19 municipios para estudiar la viabilidad del ingreso
básico. Y en Alemania un colectivo presentó a mediados de 2016 más de 90.000
firmas en el Bundestag para pedir un referendo al respecto.

Los académicos y analistas no han quedado fuera de este debate. El
ex ministro de Finanzas griego Yanis Varoufakis y el filósofo esloveno Slavoj
Zizek, desde la izquierda, defienden la implantación del ingreso ciudadano.
Pero también el presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial de Davos, Klaus
Schwab, lo percibe con buenos ojos. No obstante, la RBU está lejos de poder
amalgamar algún tipo de consenso. La idea, por su radicalidad, polariza. Genera
atracción y curiosidad. Pero también rechazo. Además, la idea teórica sigue
resultando ambigua en puntos clave, como la cuantía del ingreso, y se ha
consolidado en torno a distintas modalidades concretas que, en ocasiones, son
casi contrapuestas.

Cargados
de argumentos

El principal argumento a favor de la renta básica es que la
digitalización y la mecanización están acabando con cada vez más puestos de
trabajo. En unos años, argumentan los defensores de la RBU, no sólo será
difícil encontrar empleo para una nutrida mayoría, sino que además esos puestos
de trabajo no serán necesarios para satisfacer la demanda de bienes y
servicios. Según un estudio, el 47 por ciento de los trabajos en Estados Unidos
son altamente susceptibles de ser automatizados en las próximas dos décadas.

Además, con una sola medida, se acabaría con la pobreza. Un progreso
fenomenal, para los adalides de la RBU. La cuestión no es baladí en un momento
en el que, tras el colapso financiero de 2008 y la subsiguiente crisis del euro,
la clase media se encuentra amenazada por la precariedad y la desigualdad.
Según Eurostat, unos 120 millones de europeos, cerca del 25 por ciento, viven
en situación de riesgo de pobreza y exclusión social.

Renta
Básica Suiza, la organización que recogió las firmas para el referéndum suizo,
peleaba asimismo por “desacoplar los conceptos de trabajo y valor personal”.
Las personas, proseguía su argumento, podrían elegir con libertad a qué dedicar
su tiempo. Muchos seguirían trabajando. Otros alargarían la formación o se
tomarían mayores pausas para criar a sus hijos. Además, los riesgos derivados
de emprender e innovar se reducirían sensiblemente.

Los críticos y escépticos, por su parte, también vienen cargados de
argumentos. El primero y esencial es el coste. Pocos estados, más allá de los
nórdicos, podrían poner en marcha iniciativas de este tipo. Según la OCDE,
Luxemburgo y Dinamarca podrían en la actualidad pagar al año a cada uno de sus
ciudadanos 17.800 y 10.900 dólares, respectivamente, si se eliminasen todas las
ayudas no sanitarias y se repartiesen ese dinero de manera equitativa entre la
población. En ambos casos esas cantidades suponen en torno a una quinta parte
de la renta per cápita nacional. Los europeos del sur no podrían, como tampoco
las economías de corte liberal anglosajón como Estados Unidos y Reino Unido. Y
para la mayoría de países emergentes o pobres resultaría absolutamente
impensable.

Además, critican algunos, eliminar ayudas e introducir la RBU
supondría una redistribución de la riqueza hacia arriba. Al entregar un ingreso
a todos los ciudadanos, parte del dinero que antes se destinaba a personas de
clase baja o con dificultades iría a parar a manos de gente de clase alta.
Esto, si no se prevé, podría acabar generando más desigualdad. Asimismo,
algunos escépticos consideran que desincentivaría el empleo, sobre todo el de
baja remuneración, lo que erosionaría los ingresos fiscales. Y que podría
generar efectos llamada inasumibles en una era de migraciones masivas
transfronterizas por motivos económicos.

Por último, algunos críticos temen el daño psicológico. Argumentan que
desaparecería el pilar laboral como elemento estructurador de la personalidad.
Que se fomentaría el no trabajar, algo que perciben como “moral hazard”. Y que
la distribución incondicionada de dinero podría perjudicar además el tejido
social y acabar con la solidaridad.

–
La renta básica universal, cada vez menos una utopía, empieza a testarse en
Europa (El Economista – 7/1/17)

(Por
Jaime Llinares Taboada)

Una
renta básica que no desincentive la propensión a trabajar…

…
pero que sea suficientemente alta para asegurar un nivel de vida

Ya
no es un concepto desconocido. El debate sobre la renta básica universal
está ahora más vivo que nunca. Sus defensores la contemplan como un nuevo
derecho para todos los ciudadanos, independientemente de cuál sea su situación
o ingresos, una prestación pública incondicional y libre de impuestos. Cobrar
por existir ha dejado de ser una utopía.

La generalización de la idea de que la revolución digital hará
desaparecer una gran cantidad de puestos de trabajo, sustituyendo la mano de
obra humana por máquinas o robots, explica la propagación de los defensores del
ingreso básico. Hay una importante corriente de opinión que sostiene que los cambios
estructurales que la tecnología provocará en la economía dejarán sin
oportunidades laborales a una parte de la población. Esta nueva situación sólo
podría ser subsanada con un nuevo contrato social en el que, mediante nuevas
medidas de redistribución de la riqueza, se alcance una nueva cota de Estado de
Bienestar.

Manuel
Muñiz, director del Programa de Relaciones Transatlánticas de la Universidad de
Harvard, asegura que esa alteración estructural ya ha comenzado a generar una
“distribución desigual y una estancación de rentas en determinadas clases
sociales”. Este incremento en la desigualdad también explica el auge del
populismo y los movimientos antiglobalización.

¿Puede
pagarse?

Europa
es el continente en el que el ingreso mínimo universal está dando sus primeros
pasos. Finlandia y Holanda están empezando a experimentar con la medida,
mientras que Suiza sometió a referéndum su inclusión (el 77% votó en contra).
La primera pregunta es lógica: ¿Cuantos países tienen
la suficiente capacidad financiera como para ser capaces de costear un gasto
tan grande?

El coste para las arcas estatales derivado de la aplicación de esta
medida, con su consiguiente efecto en el déficit público y en las políticas
fiscales, es precisamente uno de los principales argumentos en los que se basan
los detractores de esta prestación “para todos”. Sin embargo, los defensores de
la renta básica señalan que ésta “absorbería” las ayudas ya vigentes, como las
de desempleo o jubilación. Es decir, los ciudadanos que ya reciben una prestación
superior a la renta básica no obtendrían ninguna bonificación, mientras que los
demás dejarían de cobrar sus actuales ayudas -si las tienen- y empezarían a
percibir la cuantía universal fijada.

Hacia
un nuevo modelo social

Más allá de la viabilidad financiera de la implantación, el
verdadero debate viene después. Proporcionar dinero a la gente de forma
incondicional, sin pedir nada a cambio, es algo que revoluciona el actual
modelo de sociedad. Uno de las aspectos más importantes (y, al mismo tiempo,
una de las dudas) es el de cómo afectaría la prestación a la actitud de los
ciudadanos hacia el mercado laboral. Los analistas más pesimistas auguran un
cambio de mentalidad que destruiría el mercado laboral.

Como explicaba a este periódico Jennifer Blanke, economista jefe del
World Economic Forum, la clave es “establecer un ingreso lo suficientemente
alto para llevar a todo el mundo hasta cierto nivel de renta, pero
suficientemente bajo para que no afecte a las decisiones sobre trabajar o
invertir. Y no está claro si es posible”.

Por
el contrario, los defensores de la renta básica universal reivindican la
seguridad financiera que aportaría, un factor que, además de ayudar a mantener
la paz social, favorecería el crecimiento económico al incentivar el emprendimiento
y la formación.

Otros
beneficios

Entre las ventajas de la prestación, hay quien señala que serviría
para romper el círculo vicioso de la pobreza en el que algunas familias están
instaladas. Al no requerirse ningún tipo de condición para su recepción,
aquellas personas que antes no intentaban mejorar su situación por miedo a
perder las ayudas que percibían dejarán de estar condicionadas. También se
evitaría el impacto psicológico que para algunas personas supone el solicitar
subsidios públicos.

Por último, aunque menos importante, hay que señalar el ahorro en
términos de burocracia que esta medida “unificadora” le supondría al Estado. En
países como Finlandia, la cantidad de distintas ayudas disponible es enorme,
por lo que la implantación de la renta básica universal facilitaría el proceso
administrativo.

El
caso de Finlandia

El
Gobierno de Finlandia ha aprobado que 2.000 de sus ciudadanos desempleados de
entre 25 y 58 años empiecen a percibir, de forma incondicional y obligatoria,
560 euros libres de impuestos durante los próximos dos años, independientemente
de si encuentren trabajo o no. En Finlandia, donde gobierna el Partido del
Centro (liberales), el paro afecta al 8,8% de los trabajadores y el sueldo
medio es de 3.628 euros al mes.

De
esta forma, el Kela (Instituto de la Seguridad Social del país escandinavo)
quiere hacer un experimento para comprobar cuáles son los efectos de la renta
básica universal en los ciudadanos, antes de tomar una decisión definitiva
sobre su aplicación a toda la población. La complejidad de su Seguridad Social
es una de las razones por las que Finlandia va a experimentar con una
prestación que ayudaría a simplificar el sistema de ayudas y subsidios.

No
serán pocos los ojos que estén pendientes de lo que suceda tanto en Finlandia
como en Holanda, dónde este año también se ha empezado a testar la medida. No
en vano, estos proyectos podrían ser la avanzadilla de una nueva versión del
Estado de Bienestar.

–
El experimento finlandés (ABC – 30/1/17)

(Por
Carmen Calvo)

Desde
enero de este año, dos mil finlandeses de entre 25 y 58 años reciben 560 euros
al mes como parte de un experimento social que trata de analizar si una renta
básica puede servir como incentivo para aumentar el empleo. Solo alcanza a una
pequeña parte de la población, seleccionada al azar entre los 207.000
desempleados del país, y tiene un límite de tiempo, hasta diciembre de 2019,
aunque, según los resultados obtenidos, se estudia ampliarla en el futuro a
otros colectivos como estudiantes o autónomos.

La
prueba piloto ha sido puesta en práctica por el Instituto de Seguridad Social
de Finlandia, Kela, a instancias del Gobierno de centro derecha de Juha Sipilä, decidido a reducir
la tasa de paro del país, cercana al 8%. La intención, a largo plazo, sería
una reforma profunda del sistema de seguridad social que los políticos empiezan
a considerar anticuado y poco eficaz para atajar los problemas reales que se
plantean hoy en el mundo laboral.

Para Marjukka Turunen, directora del departamento legal de Kela, la
renta básica podría convertirse en un estímulo para la búsqueda activa de
empleo. En la actualidad, algunas personas desempleadas deciden no incorporarse
al mercado laboral por miedo a perder algunos de los subsidios que reciben del
Estado. Sin embargo, con la renta básica, pueden trabajar a tiempo parcial,
montar su propio negocio, o aceptar un empleo a tiempo completo sin perder los
560 euros que, además, son libres de impuestos.

El
estado de bienestar

Este
es el caso de Juha Jarvinen que, con 38 años y seis hijos, ha sido uno de los
agraciados con esta especie de lotería del Gobierno finlandés. Desde que perdió
su negocio hace cinco años, la familia ha subsistido gracias al salario de su
mujer, enfermera, y las diferentes ayudas económicas que reciben del Estado.
Juha, que se describe como “creativo e idealista” y que ha trabajado en el
sector de la publicidad, cree que el dinero le ayudará a empezar de nuevo.
“Ahora tengo dos años para empezar y probar lo que funciona y lo que no
funciona. Incluso si monto un negocio y no va bien, tengo dinero para comida y
para pagar algunas facturas. No corro tantos riesgos”, explica a ABC.

Para
la izquierda, la renta básica resulta una propuesta atractiva como una forma de
combatir la exclusión social, mientras que, para los partidos de derecha, es un
método interesante para reducir la burocracia y simplificar los servicios y
ayudas proporcionados por el Estado. “Podemos asumir que tal vez todo el mundo
está a favor de la igualdad, pero las opiniones son diferentes cuando se trata
de buscar maneras prácticas de promoverla” explica Oli Kangas, director de
investigación de Kela. Aunque el 69% de los finlandeses está a favor de la
renta básica universal según una encuesta llevada a cabo por el Instituto de la
Seguridad Social, algunos temen que sea el principio del fin del estado del
bienestar y de los generosos subsidios con los que están protegidos. Temen que
la renta básica termine abriendo la puerta a la privatización de algunos
servicios proporcionados por el Estado de forma gratuita, como la sanidad o la
educación, o a una subida de impuestos.

El
estado del bienestar lleva décadas de funcionamiento, pero, para los dirigentes
finlandeses, el mundo laboral ha cambiado y es necesario encontrar un nuevo
modelo de seguridad social. Problemas como la burocracia, el sistema de subsidios
que perpetúa la exclusión social, los salarios a la baja, el “mileurismo”, la
automatización de los puestos de trabajo con la consiguiente pérdida de empleo
son algunos de los retos que necesitan soluciones innovadoras. Ideas que
nacieron en el siglo XVIII y que han encontrado grandes defensores en
sociólogos, filósofos o economistas como Milton Friedman que, en 1962, ya
proponía el Impuesto sobre la Renta Negativo, un subsidio garantizado para
todos los ciudadanos sin ingresos o por debajo de un nivel mínimo. La utopía
parece que empieza a hacerse realidad, al menos a pequeña escala, como lo
demuestran las experiencias de Finlandia y otras que se llevarán a cabo en
Ontario (Canadá) y Utrecht (Países Bajos).

– La viabilidad (o no) de una renta básica para todos
(ABC – 1/2/17)

(Por
Fernando Pérez / M. J. Pérez-Barco)

En
una nueva realidad digital que reúne tantas promesas como incertidumbres, el
impacto de la mecanización y la robotizacion sobre el empleo no es una
inquietud precisamente menor. La posibilidad de que millones de trabajadores
queden apartados del mercado laboral ha reabierto un viejo debate, el de la
renta básica universal, es decir, la concesión de una asignación económica a
cualquier persona por el simple hecho de existir. En España, el Congreso debatirá el jueves una iniciativa legislativa
popular (ILP) de prestación de ingresos mínimos de 426 euros sin tiempo límite
para las familias sin recursos, impulsada por los sindicatos.

La idea de la renta universal se vincula a posiciones políticas
“progresistas”, pero también ha sido una de las protagonistas del Foro de Davos, la cita anual de las élites empresariales. Y hace un par de
años, un millar de científicos y académicos entre los que se encontraban
personalidades como Elon Musk o Stephen Hawking, ya rubricaron una carta
advirtiendo de los efectos de la “revolución 4.0” sobre el empleo. Que las voces
de alarma lleguen desde Silicon Valley, la meca de la alta tecnología, da
especial verosimilitud a la amenaza. Pero otros expertos que huyen de visiones
apocalípticas y aseguran que la robotización, más que pulverizar el empleo,
generará nuevos y mejores trabajos. David Ruiz de
Olano, director
de Programa de Deusto Business School, considera que, a corto plazo “la digitalización creará nuevos puestos de trabajo, pero
no va a compensar los que destruya”. Sin embargo, Rafael Pampillón, economista de IE Business School,
asegura que “la historia demuestra que las revoluciones tecnológicas se saldan
siempre con mayor empleo y en sectores más punteros. No creo que la robótica
acabe desplazando a tanta gente. Algunos sectores sufrirán, pero habrá mayor
productividad y más crecimiento económico”.

Algunos estudios han tratado de poner cifras en el debate. La
Universidad de Oxford vaticina que el 47% de las
ocupaciones van a desaparecer por la digitalización, lo que se traduce en un impacto de
2.000 millones de desempleados en todo el mundo para 2030. Otro informe del
Banco de Inglaterra (de 2015) alerta de que la automatización de tareas
producirá 15 millones de parados en Inglaterra, 80 en EEUU y 9,8 en España. Sin
embargo, un estudio de Randstad (“La digitalización: ¿crea o destruye empleo”)
estima que la digitalización
generará 1.250.000 empleos en España en los próximos cinco años
si se adoptan medidas formativas.

Experiencias

Si
se acepta que la robotización supondrá un tsunami laboral, se abre el debate
sobre cómo amortiguar su impacto. Y ahí surge la renta básica universal. Un concepto que no es nuevo. Se empezó hablar de él ya en el siglo
XIX. Y existen varias experiencias por el mundo en Canadá, India, Kenia…
Finlandia ha sido pionera con la implantación de un programa piloto que durará
dos años, y en el que 2.000 ciudadanos recibirán desde este mes 560 euros al
mes solo por existir. “Se están llevando
a cabo experimentos en comunidades pequeñas para conocer los efectos que puede
tener. Se trata de recibir un dinero de forma individual, independientemente de
la situación en la que uno se encuentre y que no esté condicionado a ninguna
obligación”, explica Ruiz de Olano. Y los resultados, comenta este profesor,
“han sido positivos en algunos casos. En la India y Canadá ha conseguido
mejorar la calidad de vida. Con lo cual se reduce el impacto sobre el sistema
sanitario. La idea es que esta renta este ligada al empleo, que pueda ayudar a la persona a buscar un trabajo que le
llene, e incluso
animarla a emprender”, explica Ruiz de Olano. “El problema en países como los
mediterráneos, con una alta economía sumergida es que esta renta podría
convertirse en un desincentivo al trabajo, porque se podría cobrar la ayuda y
seguir dentro de esa economía sumergida”, defiende Pampillón.

En lo
que existe mayor consenso es en que la fisonomía del mercado laboral cambiará
radicalmente. Y la formación será el único asidero para sobrevivir en la marea
digital. El mencionado informe de Randstad revela que existe una gran
incertidumbre entre los trabajadores, ya que el 45% de los empleados españoles
afirma que realiza un trabajo repetitivo que podría ser automatizado en el
futuro. “Lo que se va a producir es una gran exigencia de cualificación, por
eso los trabajadores no
cualificados lo van a tener más complicado”, dice Valentín Bote, el director de Randstad Research. Otro informe de la Consultora Estratégica VKMC advierte de
“todo un contrasentido”: “Para 2030 tendremos los mayores niveles de
productividad y eficiencia de todos los tiempos, con precios bajos y productos
de calidad, pero la mitad de la población del mundo en edad de trabajar no
tendrá un sueldo para poder consumir”.

Solución
rápida

“Si
esto no se soluciona rápido y no somos capaces de formar en el nuevo paradigma,
se disparará el paro”, vaticina Alberto
García-Lluis Valencia, profesor
de Senior Management Program in Digital Talent de ICEMD (Instituto de la
Economía Digital de ESIC). “Muchas personas enfrentarán grandes dificultades
para reubicarse en el mercado de trabajo y ello exige que se planteen modelos
alternativos que puedan dar respuesta al incremento de las desigualdades y
mantener la paz social”, asegura el profesor Ignasi Carreras, director del Instituto de Innovación
Social de Esade.

Es
en ese momento cuando entra en juego propuestas como la renta básica universal. O soluciones próximas.
“No sé si será un sueldo o prestaciones, porque la renta básica universal no es una solución. Es tremendamente peligrosa. Mucha
gente se va a conformar con vivir de ese salario y creará una situación de
pasividad”, estima García-Lluis Valencia. El debate está lleno de matices.
Incluso el concepto aún parece por definir. Como comenta Ruiz de Olano: ¿Es
para el individuo o debe tener en cuenta la unidad familiar? ¿Debe ser temporal
o sin límite de tiempo? ¿Sustituirá a otros beneficios sociales (por ejemplo,
ayudas para el alquiler, subsidio por desempleo…)?

Y otro debate clave es cómo se financian estas ayudas. Algunos
sectores propugnan una especie de “impuesto al robot”, es decir, que los propietarios de los
robots que sustituyan a las personas sean responsables de pagar una seguridad
social por ellos, IRPF así como asumir una responsabilidad legal por sus
acciones.
“Poner un impuesto a la innovación lo que consigue es desincentivar al
emprendedor y al empresario para que no innoven”, dice el profesor David Ruiz
de Olan. El profesor Pampillón no ve asumible
plantear una renta universal en un país con un déficit por encima del 3% y en el que aún hay que apuntalar el
sistema de pensiones. “Una cosa es que un pequeño país como Finlandia haga
pruebas y otras es implantar ese modelo en España. Los experimentos, con
gaseosa”, concluye. Mientras la implacable marcha de los robots avanza
silenciosa, el debate sobre su efecto y sus soluciones se agiganta.

Anexo
I

La opinión de algunos grandes bonetes “nobelados”, ciertos
mediáticos “noveleros”, e influyentes illuminatis “comprometidos” (a favor o en
contra)

Del
Instituto Juan de Mariana

– Renta básica: infinanciable y egoísta
(Instituto Juan de Mariana – 29/5/14)

(Por Juan Ramón Rallo)

La renta básica universal (RBU) vuelve a
estar de moda
a partir de su inclusión en el programa electoral de Podemos. Y,
ciertamente, la devastada situación económica y social de un país como España
parece conducir a la inexorable necesidad de adoptar alguna medida de este
cariz. Por desgracia, y cómo voy a tratar de probar en los próximos
párrafos, la RBU dista de ser una solución satisfactoria, muy en especial tal
como la está impulsando Podemos: habrá que plantearse, pues, la conveniencia de
otras alternativas.

Qué es y qué no es la renta básica universal

Antes de comenzar, conviene definir
exactamente qué entendemos por renta básica universal: se trata de una renta
que perciben incondicionalmente todos los ciudadanos de un país por el mero
hecho de ser ciudadanos. La renta básica universal no distingue entre
ciudadanos ricos o ciudadanos pobres, ciudadanos con empleo o ciudadanos sin
empleo, ciudadanos socialmente comprometidos o ciudadanos huraños y aislados.
Todos reciben el mismo importe por la mera circunstancia de existir. Las
únicas limitaciones parciales que suelen plantearse afectan a los extranjeros,
a los menores de edad y a los criminales (si bien la limitación del importe de
la renta no tiene por qué ser total). La propuesta de Podemos es justamente ésa
(ver su propuesta 1.12).

¿Cuánto costaría?

A mediados de 2013, en España residían 41,7
millones de españoles, de los cuales 34,2 millones eran mayores de edad.
Asumiendo una remuneración igual al umbral de pobreza nacional (8.114 euros)
para los adultos y del 50% de ese umbral de pobreza para los menores de edad,
el coste de la aplicación de la renta básica universal sería de 308.000
millones de euros, alrededor del 30% del PIB. Si extendiéramos su aplicación a
todos los residentes legales, el coste se incrementaría hasta los 344.000
millones de euros.

Dado que a pensionistas y desempleados no se
les abonaría la RBU en adición de sus prestaciones actuales, habría que deducir
del coste bruto de la RBU las actuales prestaciones estatales de hasta 8.114
euros. Así, en 2013 había alrededor de nueve millones de pensiones con un
importe medio de 11.600 euros: asumiendo que esas pensiones se eliminaran en la
parte abonada por la RBU, el gasto en pensiones se reduciría en alrededor de
73.000 millones de euros. Asumiendo, además, una reducción de 27.000 millones
de euros adicionales en materia de desempleo y otras prestaciones sociales,
tendríamos que el coste neto de la renta básica universal oscilaría entre el
20% (si sólo se reconociera a nacionales) y el 25% (si se reconociera a todos
los residentes legales) del PIB.

Una suma absolutamente infinanciable en los términos en
que plantea Podemos: a saber, no como una alternativa al Estado de Bienestar
sino como un complemento. Si actualmente el gasto público asciende al 44% del
PIB, habría que elevarlo al 65%-70%, lo que equivaldría prácticamente a
duplicar la presión fiscal que ahora mismo padecemos. Distinto sería el caso de que, a cambio de recibir la RBU, se
privatizaran totalmente la sanidad y la educación públicas: en tal caso, el
tamaño del Estado sólo aumentaría hasta el 52-56% del PIB, un porcentaje muy
alto pero no imposible. Claro que no
parece que Podemos y muchos defensores de la RBU estén por la labor de
privatizar totalmente la sanidad, la educación y las pensiones a cambio de
proporcionar a cada persona una renta anual de 8.114 euros.

El profundo egoísmo de la RBU

Contra la RBU se han dirigido numerosas
críticas: que supone un ataque contra los derechos individuales, que es
infinanciable o que distorsiona gravemente el comportamiento de los individuos.
Lo que no se suele mencionar es que, asimismo, resulta profundamente
insolidaria. No en vano, la principal virtud que suele asignársele a la RBU es
que instituye una solidaridad estructural entre los ciudadanos de una comunidad
política. Sin embargo, la realidad es más bien la opuesta.

Toda sociedad se asienta sobre la cooperación
de sus miembros en muy distintos órdenes: defensivo, cultural, afectivo,
asistencial o productivo. Afortunadamente, los beneficios de vivir en sociedad
exceden con mucho los beneficios de aislarse de la sociedad cual ermitaño
huraño. No obstante, que vivir en sociedad sea más provechoso que vivir aislado
no significa que cada individuo no trate de aprovecharse del resto de la
sociedad: es decir, que intente extraer más de los demás de lo que él aporta a
los demás.

El libre mercado, empero, fuerza a los
individuos a establecer una cooperación estructural de carácter económico: si
una persona desea acceder a los bienes o servicios que han producido otras
personas deberá ofrecerles bienes o servicios que esas otras personas valoren.
A través de los intercambios voluntarios, nadie puede extraer más valor al
prójimo de aquel que el prójimo extrae de él y, gracias a ello, cada uno de
nosotros debemos dedicar parte de nuestro tiempo a satisfacer las necesidades
ajenas y no a satisfacer las necesidades propias.

Evidentemente, todos desearíamos que los
demás trabajaran para nosotros (que produjeran todos aquellos bienes y
servicios que necesitamos y que no fabricamos por nosotros mismos) y que, en
cambio, nosotros pudiéramos dedicarnos exclusivamente a aquellas actividades
que satisfacen nuestras necesidades aun cuando no satisfagan las necesidades
ajenas.
Sin embargo, es fácil comprender que si todos adoptáramos esa actitud
netamente egoísta, la cooperación económica se disolvería como un azucarillo:
todos nos dedicaríamos a fabricar lo que nosotros queremos y no lo que quieren
los demás (esto es, la división del trabajo desaparecería). Por ese motivo,
romper unilateralmente esta cooperación estructural resulta tan costoso dentro
de un mercado libre: si un individuo no genera (o no ha generado y ahorrado)
bienes y servicios valiosos para los demás, se hallará en una situación
económica muy precaria, esto es, no podrá acceder a los bienes y servicios
fabricados por los demás. De ahí que el mercado libre desincentive el
individualismo antisocial y promueva la socialización económica.

La renta básica universal es,
justamente, la herramienta que habilita a cada individuo dejar de cooperar con
el resto de la sociedad sin al mismo tiempo sufrir los costes de esa ruptura
unilateral de la cooperación social: cada individuo recibe una porción de la
producción de los demás sin aportarles a los demás producción propia que ellos
consideren suficientemente valiosa (si así se hiciera, no se necesitaría la
RBU, ya que bastaría con que unos y otros intercambiaran voluntariamente sus
respectivas producciones). En otras palabras, la RBU es una subvención al
individualismo antisocial (el tipo de individualismo que Hayek tildó de
antiliberal) que permite a las personas vivir a costa de los demás sin
preocuparse por los demás.

No por casualidad, los defensores
de la RBU suelen aducir que, por el mero hecho de percibirla, la inmensa
mayoría de la gente no dejaría de trabajar, sino que se dedicaría a desarrollar
aquellas tareas que la autorrealizaran. Pero con semejante aseveración sólo se
está reconociendo implícitamente que los receptores de la RBU podrían
desentenderse de las necesidades ajenas y concentrarse egoístamente en las
propias: a la postre, si las actividades específicas que autorrealizaran a un
cierto individuo fueran lo suficientemente valoradas por los restantes
individuos, bastaría que intercambiar sus servicios en un mercado libre. Que se
necesite de una RBU para puentear al mercado claramente demuestra que se quiere
vivir de los demás sin preocuparse por los demás.

La alternativa: renta de propietarios y renta
de subsistencia subsidiaria

En el fondo, si ese error intelectual llamado
RBU resulta tan atractivo para muchos individuos es porque aúna las
características de dos rentas que sí son socialmente deseables.

La primera es una renta que nos
permita vivir sin trabajar y que nos proporcione suficiente tiempo libre para
dedicarnos a aquellas actividades personales que nos autorrealicen. Nótese que
hablo de una renta que permita vivir sin trabajar, no sin generar valor para
los demás. Éste es el caso de las rentas del capital: una persona puede ahorrar
a lo largo de su vida, invertir juiciosamente ese ahorro y vivir de la renta
que se derive de esa inversión (renta que se materializa en forma de bienes y
servicios valiosos para los demás). Ciertamente, deberíamos avanzar hacia
una sociedad de propietarios que permitiera que todo trabajador ahorrador
percibiera, tan pronto como fuera posible, una renta de propietarios. Pero para
ello, claro, resulta imprescindible reducir drásticamente la salvaje fiscalidad
que padecen los españoles.

La segunda es una renta de subsistencia
de carácter subsidiario. En toda sociedad existen personas que, transitoria o
permanentemente, son incapaces de generar bienes y servicios valiosos para los
demás. Parece equitativo y razonable que esas personas que no pueden cooperar
con los demás por incapacidad -y no por capricho- reciban una ayuda del resto:
se trataría de una renta dirigida a garantizar su subsistencia y que tendría un
carácter subsidiario frente a todas las demás fuentes de renta. Muchas personas
confunden la RBU con esta renta de subsistencia subsidiaria, pero sus notas
características son muy distintas: ni es universal (sino específica para los
que la necesitan), ni es incondicional (sino sometida a la condición de que,
por ejemplo, la persona no pueda valerse por sí misma en un mercado libre). Aquellos
que puedan pero no quieran cooperar con los demás no la recibirían (a
diferencia de lo que sucede con la RBU).

Esta última renta ha sido, de hecho,
defendida por algunos pensadores liberales como Friedrich Hayek (suele afirmarse
que Hayek defendió la RBU, pero no: se limitó a defender unos ingresos mínimos
garantizados exclusivamente para aquellos que no pudiesen valerse por sí mismos
en un mercado libre).
Yo mismo en Una revolución liberal para España defiendo este tipo de esquemas,
tratando de exponer por qué la lógica y la evidencia histórica apuntan a que
emergerían en una sociedad libre sin necesidad de que el Estado los impusiera
(si bien, si fuera menester, un Estado mínimo podría imponerla para garantizar
que nadie se quedara descolgado) y que conllevarían un coste máximo del 4% del
PIB.

La renta de propietarios y la renta
de subsistencia subsidiaria son dos rentas compatibles con un orden social libre,
voluntario y cooperativo. Por el contrario, la RBU contribuye a socavar las
bases de ese orden social libre, voluntario y cooperativo: no es más que el
aguinaldo social a la asociabilidad.

–  O renta básica universal o
libertad migratoria (Instituto Juan de Mariana – 21/8/14)

(Por Juan Ramón Rallo)

Podemos defiende dos reformas políticas
difícilmente compatibles: la renta básica universal y la libertad migratoria.
Yo, como liberal, rechazo la primera y suscribo la segunda. Imagino que algún
conservador nacionalista podrá promover la primera y oponerse a la segunda.
Pero lo que se me antoja verdaderamente complicado es defender, a la vez, ambas
proposiciones. El gran teórico de la renta básica,
Philippe Van Parijs, ha reconocido con amargura que esta incompatibilidad entre
la libertad migratoria y la renta básica universal “expone en toda su crudeza
el cruel dilema entre la generosidad sostenible hacia nuestros conciudadanos
más pobres y la altruista solidaridad hacia cualquiera que desee entrar. Este
dilema es el más doloroso reto que afronta ahora mismo la izquierda en el mundo
desarrollado”.

No queda claro cómo Podemos, pretende
resolver este dilema. No en vano, hasta la fecha ni siquiera ha ofrecido un
memorándum sobre cómo financiar la renta básica universal para los actuales
residentes en España. ¡Cómo esperar que nos explique cómo extender ese derecho
a potencialmente todo el mundo! Mas, con Podemos o sin Podemos, la
generalización de la renta básica universal sí constituye, como decimos, un
conflicto interno de primer orden para la izquierda con vocación cosmopolita.

¿Existe alguna forma de compatibilizar la
libertad de movimientos de personas y la renta básica universal? A priori,
parece que existen dos posibilidades.

Renta básica para todos

La primera opción es tan simple
como inverosímil: implantar la libertad migratoria y reconocer a todo aquel que
se establezca en suelo español una renta de 6.000 euros por adulto o de 8.000
por jubilado. A estas cifras, habría que añadir la “gratuidad” de la educación
y de la sanidad, equivalentes actualmente a una renta en especie de unos 2.200
euros per cápita. Es decir, estamos hablando de reconocer a cada residente el
derecho a recibir directamente del Estado entre 8.200 y 10.200 euros anuales
(dejo fuera la estimación de otras prestaciones estatales “gratuitas” como las
infraestructuras, la seguridad o la justicia).

Atendiendo a la literalidad del programa de
Podemos, ésta parece ser su opción preferida (“Libre circulación y elección de
país residencia y regularización y garantía de plenos derechos para todas las
personas residentes en suelo europeo, sin distinción de nacionalidad, etnia o
religión, con o “sin papeles”), si bien tiene escasos visos de prosperar. Dado
que actualmente la renta per cápita mundial ronda los 7.800 euros, la magnitud
absolutamente desproporcionada del efecto llamada que supondría prometer una
renta entre 8.200 y 10.200 euros anuales debería resultar más que evidente. En
África, de hecho, la renta per cápita ni siquiera supera los 2.000 euros y el
36% de sus más de 1.100 millones de habitantes malviven con menos de un dólar
diario.

En este sentido, consideremos una hipótesis
extremadamente conservadora: España decreta la libertad migratoria y se
instalan 100 millones de personas provenientes del resto del mundo. A un coste
medio de 8.200 euros por persona (renta básica más la correspondiente
habilitación de colegios y hospitales) necesitaríamos una recaudación adicional
de 820.000 millones de euros: cerca del 80% del PIB español. Dado que ahora
mismo el Estado ya copa más del 40% del PIB (no digamos si, para más inri,
implantamos la renta básica universal para los españoles), el proyecto sería
absolutamente infinanciable incluso implantando la república soviética
española: desde Jesucristo, nadie ha conseguido multiplicar los panes y los
peces, esto es, recaudar en impuestos el 120% del PIB de un país.

No parece una opción demasiado realista y
Podemos se terminará viendo forzado a reconocerlo y a rectificar. La cuestión
es cómo rectificarán: si abandonando el proyecto de renta básica universal, si
abandonando el proyecto de libertad migratoria o tratando de combinarlos de
otro modo. Entramos así a analizar la segunda opción de convivencia entre renta
básica y libertad migratoria.

Renta básica sólo para los ciudadanos

La renta básica universal suele
caracterizarse como un derecho político: es un derecho derivado de ser sujeto
político de una comunidad. En este sentido, una comunidad podría distinguir
entre, por un lado, ciudadanos con plenos derechos políticos y, por otro,
residentes sin derechos políticos. Un caso similar lo encontramos con el
derecho de voto: la Constitución española ya restringe enormemente el derecho
de voto a los extranjeros (limitándolo a las elecciones municipales y siempre
que exista reciprocidad con su país de origen). ¿Por qué no hacer lo mismo con
la renta básica universal, esto es, que el derecho a percibirla se adquiera con
la ciudadanía?

Esta vía alternativa ciertamente
permitiría compatibilizar libertad migratoria con renta básica universal:
cualquiera es libre de residir en España pero sólo los ciudadanos españoles
perciben la renta básica. Ahora bien, para que esta combinación sea funcional
resulta obviamente necesario que los criterios de atribución de la ciudadanía
sea muy estrictos: en caso de que se adquiera la ciudadanía cumpliendo unas
condiciones muy laxas, el escenario será asimilable al de una renta básica para
cualquier residente.

Actualmente, en España se le reconoce la
ciudadanía a cualquier persona que encadene diez años de residencia legal: dado
que cualquier residencia sería legal en un contexto de libertad migratoria, las
condiciones de acceso a la ciudadanía no parecen demasiado estrictas. En apenas
una década nos toparíamos con problemas análogos a los arriba descritos: a la
postre, prometer renta básica a quien resida diez años en España equivale a
otorgarles el derecho a acceder dentro de 10 años a un activo financiero con un
valor presente de unos 60.000 euros. ¿Es un patrimonio de 60.000 euros lo
suficientemente atractivo como para actuar de reclamo? Diría que sí, sobre todo
combinado con el derecho irrestricto a la educación o a la sanidad pública,
reconocidas actualmente a los residentes legales (y no sólo a los ciudadanos).

Por consiguiente, para compatibilizar la
libertad migratoria con la renta básica universal sería necesario endurecer
mucho los criterios de acceso a la ciudadanía. Un modelo podría ser el de
Liechtenstein: 30 años de residencia legal a menos que antes lo aprueben por
votación el resto de ciudadanos. Las condiciones podrían incluso radicalizarse
más y limitar la ciudadanía española a los hijos de ciudadanos españoles salvo
naturalización por votación democrática.

En cualquiera de ambas opciones, con todo,
fijémonos al tipo de sociedad hacia la que nos conduciría la renta básica
universal: una parte de la población (los no ciudadanos) pagaría impuestos por
residir en el territorio sin recibir como contrapartida prestaciones estatales,
mientras que la otra parte (los ciudadanos) cobrarían una renta básica
universal del Estado aun cuando no trabajaran (y no pagaran impuestos). La
imparable tendencia a alcanzar un equilibrio comunitario de castas sociales es
más que patente: los ciudadanos de pata negra podrían vivir de extraerles las
rentas a los residentes no ciudadanos. Cuanto más se restringiera el acceso a la
ciudadanía, mayor sería la explotación de unos sobre otros y más se
consolidaría el sistema de castas. Tal como reconoce Van Parijs: “(Semejante
distinción entre ciudadanos y no ciudadanos) acarrearía una enorme distorsión
dentro del mercado laboral: algunas serían capaces de rechazar trabajos pésimos
gracias a su derecho incondicional a recibir la renta básica mientras que otros
ciudadanos se verían forzados a aceptarlos precisamente por carecer de un
derecho a este sustento”. ¿Tiene sentido que quienes promueven la renta básica
universal como vía para escapar de las penurias y la explotación laboral
impongan luego esas penurias y esa explotación a los extranjeros que acudan a
España? ¿En qué se diferenciaría esa situación de ese otro escenario tan
denunciado por la izquierda, a saber, que las pérfidas megacorporaciones
privadas pagan salarios de miseria en el Tercer Mundo y luego distribuyen
cuantiosos dividendos a sus accionistas del Primer Mundo?

La tensión, pues, es evidente: criterios de
adquisición de la ciudadanía muy laxos vuelven inviable la convivencia entre
renta básica y libertad migratoria; criterios muy estrictos generarían un
sistema de castas donde una parte de la población explotaría y rapiñaría a la
otra mediante la coacción estatal. El problema, pues, se antoja irresoluble
dentro del marco de los Estados-nación actuales (tampoco queda muy claro cómo
podría articularse una gigantesca redistribución de la renta global a través de
un Estado mundial: ¿aceptaríamos los españoles enormes recortes en sanidad y en
educación a cambio de mejorar marginalmente la educación y la sanidad de los
nigerianos?).

Conclusión

La renta básica universal es
incompatible con la libertad migratoria, salvo que uno esté dispuesto a
implantar coercitivamente un sistema de castas. Van Parijs lo tiene
claro: “El objetivo final es la justicia distributiva global. Pero la manera
más cierta de lograrla no es permitir que la libertad migratoria destruya los
actuales sistemas redistributivos. Los sistemas de solidaridad
comparativamente generosos necesitan protegerse del insostenible efecto llamada
de potenciales beneficiarios. El objetivo ha de ser que esos sistemas
redistributivos se extiendan junto con la globalización. Así, para garantizar
una generosa redistribución, no sólo debemos protegernos de las entradas no
deseadas (la inmigración de los potenciales beneficiarios) sino también contra
las salidas indeseadas (la emigración de los contribuyentes actuales)”.

Entre la redistribución coactiva de
la renta y la libertad, Van Parijs opta por restringir la libertad en aras de
mantener la redistribución coactiva de la renta. Podemos tendrá
eventualmente que decidir entre ambas y todo hace prever que antepondrá la
redistribución coactiva de la renta a la libertad de movimientos de personas y
capitales (la duda es si limitará no ya la libertad de inmigrar sino también la
de emigrar). Es la perversa lógica del Estado:
primero el gasto público, luego -si acaso- la libertad.

Sólo el pensamiento liberal ofrece una
respuesta plenamente coherente a esta problemática: combinar la sociedad de
bienestar -basada en la propiedad privada y en la cooperación pacífica de las
personas- con la libertad de movimientos de personas y capitales. Cooperación
global basada en la voluntariedad, no en la coacción estatal. Una sociedad liberal
no necesita prohibir la entrada o la salida de nadie: su objetivo no es
repartir ningún botín y, por tanto, no hay que limitar ni la huida de
contribuyentes (menos recaudación) ni la entrada de beneficiarios (menos gasto
per cápita). La pelota, pues, está en el tejado de quienes defienden objetivos
irreconciliables y enfrentados: o renta básica universal o libertad migratoria.

La
opinión de algunas “vacas sagradas” (nobeles o… ¿noveleros?)

Paul
Krugman es defensor de la Renta Básica Universal. Ve claramente cómo nos
volvemos a enfrentar al progreso de las máquinas y cómo tener altos
conocimientos sobre la materia ya no implica que sean necesarios. Las máquinas
nos superan en número, eficiencia y eficacia. Si quien se beneficia de estos
avances es una minoría poseedora de la inteligencia…

¿Cómo aseguramos la supervivencia de las familias? Es inevitable una
redistribución de la renta.

“I can already hear conservatives shouting
about evils of ¡redistribution”. But what, exactly, would they propose
instead?”

(Paul Krugman – Facebook – 15/1/15)

-¿Es
sostenible una renta básica universal como propone Podemos?

-Es un paso para luchar contra la desigualdad, aunque no la
soluciona. Creo que debería haber otras medidas antes, como mejorar los
salarios mínimos, más medidas de protección social o asegurar la calidad de la
sanidad y educación libre y gratuita.

(Joseph
E. Stiglitz – ABC – 6/10/15)

Respecto de la renta básica, Deaton dijo que ha visto un gran
interés por el tema en España. “Si el referéndum de Suiza hubiese sido aquí, el
resultado habría sido muy distinto”. Sin embargo, dijo que hay que preguntarse
cómo se va a pagar eso, porque quizás para crear una renta básica haya que
eliminar todo el resto del gasto público. “Algunos dijeron que me parecía una
buena idea y no es así”.

(Angus
Deaton – El Español – 9/6/16)

Hoy
los economistas siguen divididos al respecto: no hay acuerdo sobre si es posible
y deseable que cada ciudadano perciba un ingreso mensual por el mero hecho de
serlo, y si bien es cierto que la mayor parte de ellos rechazan la idea,
también hay en el gremio voces autorizadas que, desde la izquierda pero también
desde la derecha, se muestran partidarias de ella, como las del belga Philippe van Parijs, la escocesa Alisa
McKay, el griego Yanis Varoufakis o los premios Nobel de economía Christopher
Pissarides y Angus Deaton. Otros no son favorables a la renta básica pero sí a
la garantizada, esto es, un ingreso generoso para todas las personas en
situación de necesidad. Y otros no ven la básica factible a corto plazo, pero
sí al largo, atravesando primero una fase de implementación de la garantizada.

(Christopher
Pissarides y Angus Deaton – La Voz de Asturias – 17/10/16)

De
la Hemeroteca de Project Syndicate

–
¿Puede un ingreso básico universal ayudar a los países pobres? (Project
Syndicate – 22/6/16)

Berkeley.-
La vieja idea de reestructurar el estado del bienestar con un ingreso básico
universal incondicional últimamente ha despertado interés en todo el espectro
político. Desde la izquierda se la considera como un antídoto simple y
potencialmente integral para la pobreza. Desde la derecha se la percibe como
una forma de demoler complejas burocracias de asistencia social y reconocer
simultáneamente la necesidad de ciertas transferencias sociales de una manera
que no debilite significativamente los incentivos. También brinda cierta
garantía ante el temido futuro en que los robots puedan reemplazar a los
trabajadores en muchos sectores. Pero, ¿puede realmente llegar a funcionar?

Hasta el momento, la pregunta ha sido considerada principalmente en
países avanzados y los números no parecen prometedores. Aunque -según se
informa- Canadá, Finlandia y los Países Bajos están considerando actualmente la
idea del ingreso básico, algunos economistas prominentes de países avanzados
advierten que es algo ostensiblemente prohibitivo. En Estados Unidos, por
ejemplo, entregar 10.000 USD por año a cada adulto -una cifra inferior al
umbral oficial de la pobreza para un hogar unipersonal- agotaría casi todos los
ingresos fiscales federales del sistema actual. Tal vez haya sido ese tipo de
aritmética el que llevó a los votantes suizos a rechazar abrumadoramente la
idea en un referendo a principios de este mes.

¿Pero
qué hay de los países con ingresos bajos o medios? De hecho, un ingreso básico
bien puede ser fiscalmente posible -por no hablar de socialmente deseable- en
lugares donde el umbral de la pobreza es bajo y las redes de seguridad social
existentes son débiles y cuya administración representa una carga considerable.

Consideremos
a la India, donde aproximadamente un quinto de la población vive por debajo de
la línea oficial de la pobreza, que en sí es muy baja. Aunque los ciudadanos
con tarjetas llamadas “bajo la línea de pobreza” son elegibles para recibir
asistencia gubernamental, los estudios muestran que aproximadamente la mitad de
los pobres no cuentan con ellas y que cerca de un tercio de quienes no son
pobres sí las tienen.

Muchos
otros países en desarrollo enfrentan problemas similares, donde los beneficios
destinados a los pobres son asignados a personas en mejor situación y muchos de
los destinatarios no los reciben debido a una combinación de connivencia
política y administrativa y verdaderos desafíos estructurales. Evaluar los
recursos económicos de la gente para saber si tienen derecho a las prestaciones
puede ser muy difícil en un entorno donde el trabajo se concentra en el sector
informal, principalmente en el autoempleo, sin contabilidad formal ni datos
sobre los ingresos. En estas circunstancias, identificar a los pobres puede
resultar costoso, corrupto, complicado y controvertido.

Un
ingreso básico incondicional podría eliminar gran parte de este problema. La
pregunta es si los gobiernos pueden afrontarlo sin aumentar la carga sobre los
contribuyentes ni socavar los incentivos económicos.

En
la India, la respuesta puede ser afirmativa. Si cada uno de sus 1.250 millones
de ciudadanos recibiera un ingreso básico anual de 10.000 rupias (149 USD) –
aproximadamente tres cuartos de la línea de pobreza oficial- el pago total
representaría aproximadamente el 10 % del PIB. El Instituto Nacional de
Finanzas y Políticas Públicas de Delhi estima que todos los años el gobierno
indio reparte mucho más que eso en subsidios implícitos o explícitos para
mejorar a sectores de la población, sin mencionar las exenciones impositivas al
sector corporativo. Si se descontinúan algunos o todos estos subsidios -que,
por supuesto, no incluyen gastos en áreas como salud, educación, nutrición,
programas de desarrollo rural y urbano, y protección ambiental- el gobierno
podría obtener los fondos para ofrecer a todos, ricos y pobres, un ingreso
básico razonable.

Si
el gobierno carece del coraje político para eliminar suficientes subsidios,
quedan dos opciones. Podría tomar medidas para aumentar los ingresos fiscales,
como mejorar la recaudación del impuesto inmobiliario (que actualmente es
extremadamente baja), o reducir el nivel del ingreso básico que introduzca.

Lo
que los gobiernos no deben hacer es financiar un esquema de ingresos básicos
con el dinero de otros programas clave de asistencia social. Aunque el
ingreso básico pueda reemplazar algún gasto atrozmente disfuncional de la
seguridad social, no puede sustituir, digamos, a los programas de educación
pública, cuidado de la salud, nutrición preescolar o garantía de empleo en la
obra pública. Después de todo, el ingreso básico aún estaría gravemente
limitado y no hay forma de garantizar que las personas asignen una parte
suficiente de él para lograr niveles socialmente deseables de educación, salud
o nutrición.

Si
se tienen en cuenta estas limitaciones, hay pocos motivos para creer que un
programa de ingresos básicos no funcionaría en los países en desarrollo. De
hecho, los argumentos más frecuentes que se escuchan contra este tipo de
esquemas distan de ser convincentes.

El principal inconveniente, según los críticos, es que el ingreso
básico debilitaría la motivación para trabajar, especialmente entre los pobres.
Dado que el valor del trabajo va más allá del ingreso, plantea esa lógica, esto
podría presentar un problema grave. Los socialdemócratas europeos, por ejemplo,
se preocupan porque un ingreso básico podría socavar la solidaridad entre los
trabajadores que apuntala los actuales programas de seguro social.

Pero en los países desarrollados, los trabajadores del sector
informal dominante ya están excluidos de los programas de seguro social y
ningún ingreso básico factible sería lo suficientemente significativo, al menos
de momento, como para permitir que la gente simplemente dejara de trabajar.

De hecho, entre los grupos más pobres, los ingresos básicos
mejorarían la dignidad y los efectos del trabajo que fomentan la solidaridad al
quitar cierta presión a quienes actualmente trabajan demasiado (especialmente a
las mujeres). En vez de temer continuamente por su sustento, las personas
autoempleadas, como los productores y vendedores de pequeña escala, podrían
tomar decisiones más estratégicas y aprovechar su mayor poder de negociación
frente a los comerciantes, intermediarios, acreedores y arrendatarios.

El
argumento final contra el ingreso básico es que los pobres usarán el dinero
para financiar actividades perjudiciales para ellos mismos o la sociedad, como
el juego y el consumo de alcohol. Las experiencias con las transferencias
directas de efectivo en diversos países, entre los que se cuentan Ecuador,
India, México y Uganda, no ofrecen mucha evidencia de mal uso; por lo general,
el efectivo se gasta en bienes y servicios que valen la pena.

Las
propuestas de un ingreso básico universal imaginadas por los socialistas
utópicos y libertarios pueden ser prematuras en los países avanzados, pero no
se debe dejar de lado a esos esquemas en el mundo en desarrollo, donde las
condiciones son tales que podrían ofrecer una alternativa asequible a los
programas de asistencia social ineficaces y administrativamente difíciles de
manejar. Los ingresos básicos no son una panacea, pero para los ciudadanos que
trabajan en exceso y viven en la pobreza extrema en los países en desarrollo,
ciertamente constituirían un alivio.

(Pranab Bardhan is a professor at the
University of California, Berkeley. His most recent books are Globalization,
Democracy and Corruption: An Indian Perspective and Awakening Giants, Feet of
Clay: Assessing the Economic Rise of China and India)

–
El derecho universal al ingreso de capital (Project Syndicate – 31/10/16)

Atenas.-
El derecho a la holgazanería tradicionalmente ha sido sólo para los ricos
hacendados, mientras que los pobres han tenido que luchar por salarios y
condiciones laborales decentes, un seguro de desempleo y discapacidad, una
atención médica universal y otros elementos de una vida decorosa. La idea de
que los pobres deberían recibir un ingreso incondicional suficiente para vivir
ha sido un anatema no sólo para los ricos y poderosos, sino también para el
movimiento laboral, que abrazó una ética que gira en torno de la reciprocidad,
la solidaridad y el aporte a la sociedad.

Sin embargo, cuando hace décadas se propusieron los esquemas de
ingresos básicos incondicionales, inevitablemente se toparon con reacciones
indignadas de parte de asociaciones de empleadores, sindicatos, economistas y
políticos. De todas maneras, la idea ha vuelto a resurgir recientemente y
reunió un respaldo sorprendente de la izquierda radical, del gobierno verde y
hasta de la derecha libertaria. La razón es el ascenso de las máquinas que, por
primera vez desde el inicio de la industrialización, amenazan con destruir más
empleos de los que crea la innovación tecnológica -y con asestarles un duro
golpe a los profesionales administrativos.

Pero al igual que ha regresado la idea de un ingreso básico
universal, también lo hizo la resistencia tanto de la derecha como de la
izquierda. En la derecha apuntan a la imposibilidad de recaudar el ingreso
suficiente como para financiar este tipo de esquemas sin sofocar al sector
privado, y a una caída de la fuerza laboral y de la productividad, debido a la pérdida
de incentivos de trabajo. A la izquierda le preocupa que un ingreso universal
debilite la lucha para mejorar las vidas laborales de la gente, legitime a los
ricos ociosos, erosione los derechos ganados de negociación colectiva
(favoreciendo a empresas como Uber y Deliveroo), mine los cimientos del estado
benefactor, aliente a una ciudadanía pasiva y promueva el consumismo.

Los defensores de estos esquemas -en la izquierda y en la derecha-
coinciden en que un ingreso básico universal favorecería a quienes ya aportan
un valor incalculable a la sociedad, principalmente las mujeres en el sector
asistencial -o, por cierto, los artistas que producen grandes obras públicas
casi sin recibir dinero a cambio-. Los pobres serían liberados de las viciosas
pruebas de haberes del estado benefactor y una red de seguridad que puede
enredar a la población en una pobreza permanente sería reemplazada por una
plataforma en la cual podría permanecer hasta conseguir algo mejor. Los jóvenes
ganarían la libertad de experimentar con diferentes carreras y estudiar temas
que no se consideran lucrativos. Es más, en la economía de los trabajos
temporales de hoy, cada vez más generalizada, en la que los sindicatos se
achican junto con su capacidad para proteger a los trabajadores, se recuperaría
la estabilidad económica que la mayoría de la gente está perdiendo.

La
clave para avanzar es una perspectiva fresca sobre la conexión entre la fuente
de financiamiento de un ingreso básico universal, el impacto de los robots y
nuestra capacidad de entender qué significa ser libre. Eso implica combinar
tres propuestas: los impuestos no pueden ser una fuente legítima de
financiamiento para estos planes; se debe aceptar el ascenso de las máquinas y
un ingreso básico universal es el principal requisito para la libertad.

La idea de que usted trabaja mucho y paga sus impuestos a las
ganancias, mientras que yo vivo de su amabilidad forzada, sin hacer nada por
elección, es insostenible. Si un ingreso universal básico ha de ser legítimo,
no puede estar financiado por el impuesto que le cobro a Jill para pagarle a
Jack. Es por eso que no debería financiarse con impuestos, sino con retornos
sobre el capital.

Un
mito habitual, promovido por los ricos, es que la riqueza se produce
individualmente antes de que sea colectivizada por el estado, a través de los
impuestos. En verdad, la riqueza siempre se produjo colectivamente y fue
privatizada por quienes tienen el poder de hacerlo: la clase hacendada. La tierra de
cultivo y las semillas, formas pre-modernas del capital, se desarrollaron
colectivamente a través de generaciones de esfuerzo campesino del que los
terratenientes se apropiaron en secreto. Hoy, cada teléfono inteligente
contiene componentes desarrollados por algún préstamo gubernamental, o a través
de programas de ideas mancomunadas, por los cuales nunca se ha pagado ningún
dividendo a la sociedad.

¿Cómo se podría compensar a la sociedad entonces? Con impuestos es
la respuesta equivocada. Las corporaciones pagan impuestos a cambio de
servicios que les ofrece el estado, no por inyecciones de capital que deben
arrojar dividendos. En consecuencia, existe un argumento sólido de que las
masas tienen derecho a una porción del capital accionario, y dividendos
asociados, que refleje la inversión de la sociedad en el capital de las
corporaciones. Y, como es imposible calcular el tamaño del capital estatal y
social cristalizado en cualquier empresa, sólo se puede determinar qué
porcentaje de su capital accionario debería estar en manos de la población por
medio de un mecanismo político.

Una política simple consistiría en implementar una legislación que
requiera que un porcentaje del capital accionario (acciones) de cada oferta
pública inicial (OPI) sea remitido a un Depositario de Capital de los Comunes,
y que los dividendos asociados financien un dividendo básico universal (DBU).
Este DBU debe y puede ser completamente independiente de los pagos de
prestaciones sociales, seguro de desempleo y demás. Esto aliviaría la
preocupación de que estaría reemplazando al estado benefactor, que encarna el
concepto de reciprocidad entre los trabajadores asalariados y los desempleados.

El
miedo a las máquinas que pueden liberarnos del trabajo pesado es un síntoma de
una sociedad tímida y dividida. Los varoufakis están entre los actores
históricos más incomprendidos. Su vandalismo de la maquinaria fue una protesta
no contra la automatización, sino contra acuerdos sociales que los privaban de
perspectivas de vida frente a la innovación tecnológica. Nuestras sociedades
deben aceptar el ascenso de las máquinas, pero asegurar de que contribuyan a la
prosperidad compartida brindándole a cada ciudadano los derechos de propiedad
sobre ellas, mediante un DBU.

Un ingreso básico universal permite nuevas concepciones de libertad
e igualdad que zanjen bloques políticos hasta hoy irreconciliables,
estabilizando al mismo tiempo a la sociedad y revitalizando la noción de
prosperidad compartida frente a una innovación tecnológica de otra manera
desestabilizadora. Los desacuerdos, por supuesto, continuarán; pero tendrán que
ver con cuestiones como la proporción de acciones de las empresas que deberían
ir al Depositario, cuánto respaldo de prestaciones sociales y seguro de
desempleo debería adicionarse al DBU y el contenido de los contratos laborales.

Todo
aquel que todavía no esté reconciliado con la idea de “algo a cambio de nada”
debería hacerse algunas preguntas sencillas: ¿Acaso yo no querría que mis hijos
tengan un pequeño fondo fiduciario que los proteja del miedo a la destitución y
les permita invertir sin miedo en sus talentos reales? ¿Acaso su tranquilidad
los convertiría en holgazanes perezosos? Si no, ¿cuál es la base moral para
negarles a todos los niños la misma ventaja?

(Yanis Varoufakis, a former finance minister
of Greece, is Professor of Economics at the University of Athens)

Del Mises Institute

–
The Dangers of a “Universal Basic Income” (Mises Daily Articles – 16/1/17)

(By
Nathan Keeble)

Finland
has announced that it is conducting a social policy “experiment” which
deserves closer examination. Through 2017 and 2018, Finland will provide a guaranteed basic income
of 560 euros to 2,000 randomly selected welfare recipients. This benefit will
be subtracted from other, currently existing welfare benefits that participants
may be receiving, and, crucially, the payments will continue regardless of any other income that is earned. If
a participant of this program finds a job, the government will continue to pay
them the 560 euros in addition to any other income.

The
Finnish government hopes -and many believe- that this program will help to
alleviate poverty as well as make inroads in reducing the country’s current 8.1
percent unemployment rate. This test trial is supposed to prove it, potentially
opening the door for a full implementation of a universal basic income (UBI).

Why People Support a
Universal Basic Income

The
universal basic income is being considered as a partial or complete replacement
to the current means-tested system of welfare. Under the current system,
welfare recipients’ benefits taper off and eventually stop, completely, based
upon how much income individuals independently earn. Naturally, this creates a
disincentive to rejoin the labor force, because people fear a reduction in
total income as welfare benefits are removed or if they believe the added
income from a job isn’t worth the labor. Demonstrated very simply, if someone
is currently receiving a total income of $ 1.100 through a means-tested welfare
program, many will be less likely to seek a job which will result in
similar income levels, as most prefer leisure to labor.

Supposedly,
the UBI’s main innovation is that it manages to largely avoid this long
standing failure. Since everyone would receive the established basic income
regardless of other income earned, proponents believe that people would still
have strong income based incentives to work. Some have gone even further,
suggesting that the program will be a positive for employment because the
financial cushion provided by a UBI will help people in the transition from
unemployment to employment. For instance, a struggling entrepreneur or artist
could, in part, rely on it while building support.

For
these reasons, the UBI has gained support from the entire political spectrum,
including libertarian-leaning think tanks like
the Niskanen Center.

Where UBI Proponents Go
Wrong

A
universal basic income is not the god-sent welfare policy that it initially
seems to be. It does not create incentive to work. It won’t help solve
unemployment, and it will not alleviate poverty. The truth is that a UBI
will exaggerate all of these factors in comparison to what would exist in a
more unhampered market. There is even reason to think that it would be
worse in the long run than traditional, means-tested welfare systems.

First,
UBI does not eliminate the disincentives to work that are inherent in welfare
programs; it simply moves them around. This program must be financed after all,
and any welfare system, including the UBI, is necessarily a wealth
redistribution scheme. Wealth must be forced from those who have it to those
who do not. This means that at some point on the income ladder, people must go
from being net receivers of benefits to being net payers of benefits.

The
progressive taxation that is necessary to finance a UBI means that the more a
person earns, the higher percentage of their wealth will be taken from them.
The work disincentives are therefore still very much present in the tax system.
They’ve simply been transferred onto different, higher income groups of people.

UBI Diminishes the Power of Consumers in
Directing the Marketplace

The
universal basic income shares another problem with traditional welfare systems.
Far from promoting the unemployed from searching for work the market rewards,
it actually subsidizes non-productive activities. The struggling entrepreneurs
and artists mentioned earlier are struggling for a reason. For whatever reason,
the market has deemed the goods they are providing to be insufficiently
valuable. Their work simply isn’t productive according to those who would
potentially consume the goods or services in question. In a functioning marketplace,
producers of goods the consumers don't want would quickly have to abandon
such endeavors and focus their efforts into productive areas of the economy.
The universal basic income, however, allows them to continue their less-valued endeavors with
the money of those who have actually produced value, which gets to the ultimate
problem of all government welfare programs.

In
the marketplace, wealth is earned by generating value. When someone buys a
good, they’ve earned the money they are spending by having produced something
else. This is not so with welfare programs like a universal basic income. Money
is forcibly taken from those who have produced enough to earn it, and given to
those who haven’t. This allows for people who aren’t producing wealth to
continue to consume scarce goods. Eventually, all government welfare leads to
the consumption of wealth, or, at the very least, a reduction in the amount of
wealth that would have been accumulated otherwise. When entrepreneurs have less
need to respond to the needs and desires of their customers, consumers will
find themselves with fewer choices and with lower-quality choices. This means
that overall welfare makes everyone poorer than they would have been in a free
market.

How Finland Really Can Reduce
Poverty

If
Finland (or anywhere else) wishes to help alleviate poverty and unemployment,
the best steps to take are in the directions of reducing the cost of living and
creating conditions favorable to plentiful employment.

Charles
Hugh Smith recently outlined the
basics:

This
may seem obvious, but the conditions required for work to be abundant and the
cost of living to be low are not so obvious. For work to be abundant:

• It must be easy
  to start a business.
• It must be easy
  to operate the new business.
• It must be easy
  to make a profit so the business can survive the first few years and,
• It must be easy
  to hire employees.

All
these factors require an environment of low-cost compliance with regulations,
low tax rates, low costs of transactions, reasonable transport costs,
reasonable cost of money (but not near-zero), reasonable availability of
capital for small enterprises, local and national governments that actively
seek to smooth the path of new enterprises and existing enterprises seeking to
expand, and a transparent marketplace that isn't dominated by politically
dominant cartels and subservient-to-cartels government agencies.

This
matters because the number one cause of the high cost of living is artificial scarcity created
and maintained by monopolies, cartels, and the government that serves their
interests. Artificial scarcity imposed by cartels and a servile
state is the primary cause of soaring costs in a variety of sectors.

In
Scandinavia, as in most countries, it is becoming increasingly difficult to
open and sustain businesses. In Scandinavia especially, labor unions exercise immense power over private business, pushing up
costs and raising barriers to entrepreneurship and creating new businesses.

As
has always been the case, it is necessary to create
wealth before it is possible to redistribute it, and policies that encourage
movement toward less productive types of work will fail to produce the wealth
that government planners would like to spread around.

Del Basic
Income Earth Network (BIEN)

–
Work, meaning, and the basic income (BIEN – 1/2/17)

(By Michael Lewis – Silberman School of Social Work at Hunter College)

Back in the 1990s, I co-founded a
group of academics and activists (some were both) called United States Basic
Income Guarantee Network (USBIG). Since then, I’ve written a number of papers,
book chapters, and other things in which I’ve argued for a basic income. I’ve
also taught public policy courses where we’ve discussed this idea. Having been
at this now for about twenty years, I’ve found that those skeptical about a
basic income typically raise at least one of four objections: a basic income is
unaffordable, it would be hyperinflationary, “able-bodied” people shouldn’t be
given something for nothing (which is what a basic income would do), or it
would lead to a decline in work. This last objection typically has two
dimensions.

One is that we need people to work
because we need them producing the goods and services which sustain us all. The
other is that people need to work for themselves because it provides social
connections and a sense of purpose and meaning in their lives. Although the
first three objections, as well as the first dimension of the fourth, are
important, I’ll focus here only on the second dimension of this fourth objection.
It typically goes like this.

Work, by which these folks really mean
the sale of labor in return for a wage, is good for people. One reason it’s
good for them is because it provides a source of income. But it’s also good for
them because, as stated earlier, it provides social connections, as well as a
sense of purpose and meaning in their lives. Implementing a basic income would
allow people to obtain income without their having to work for it, and this
would likely result in their working less than they would in a world without
such a policy. Less work would result in more social isolation, as well as less
purpose and meaning in people’s lives.

There’s an obvious response to this
objection articulated by David
Mosciotra. Many, perhaps most, people don’t work for social connections,
meaning, and purpose – they work for money. And they may be able to find more
connections, meaning, and purpose spending less time at work and more pursuing
hobbies, socializing with friends and family, pursuing more education, etc.

I wholeheartedly agree with Mosciotra
on this point and have said similar things many times during discussions I’ve
had with people about basic income. But, as I listened to people state this
objection, another thought has often occurred to me. Let’s assume for the
moment that people do work for social connections, purpose, and meaning in
their lives, in addition to income. If this is so, why worry much about a basic
income leading to a significant decline in work?